.— La secretaria
ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL),
Alicia Bárcena, reconoció hoy aquí que el bloqueo económico,
comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba ha tenido un impacto
muy serio en la isla.
En respuesta a una pregunta de Prensa Latina en conferencia de
prensa, Bárcena afirmó que el tema del bloqueo está desde hace
tiempo en la agenda de las Naciones Unidas, incluso de la CEPAL, que
ha analizado sus efectos en la economía del país caribeño.
La funcionaria declinó responder si en su opinión el gobierno
estadounidense comprendió los mensajes enviados por la comunidad
internacional a Washington en los últimos 17 años en la ONU. En 2008
185 naciones rechazaron esa política hostil hacia la isla.
"La verdad es que si ha llegado el mensaje o no, habría que
preguntárselo al gobierno de Estados Unidos, creo que hay una señal,
importante, positiva, pero es una primera señal, sólo una primera
señal", indicó Bárcena, en referencia a las recientes medidas
anunciadas por el presidente Barack Obama para flexibilizar los
viajes de los cubanos residentes en territorio norteamericano.
La comparecencia de la funcionaria ocurrió durante las
actividades previas a la V Cumbre de las Américas, foro que será
inaugurado esta tarde, y se extenderá hasta el próximo domingo.
Cálculos conservadores revelan que el daño directo acumulado que
ha provocado el cerco económico a Cuba supera los 93 mil millones de
dólares, casi dos veces el Producto Interno Bruto del país caribeño.
Al valor actual del dólar, ese monto equivaldría a no menos de
224 mil 600 millones de dólares.
El bloqueo contra Cuba fue impuesto por el gobierno
estadounidense el 3 de febrero de 1962 a través de la Proclama 3447.
Mediante una decisión presidencial, amparada en las facultades
que la Ley de Asistencia Exterior de 1961 concedía a la Casa Blanca,
se estableció el embargo total a todo comercio entre los Estados
Unidos y Cuba, si bien ya desde 1959 ese país venía aplicando
medidas económicas contra la joven Revolución cubana.
Luego de otra gama de regulaciones, en 1992 fue aprobado por el
Congreso un nuevo y sustancial incremento a la compleja madeja de
sanciones que comprende el bloqueo: la Ley para la Democracia Cubana
o Ley Torricelli.
Ese extenso documento resalta por su carácter eminentemente
extraterritorial, al establecer sanciones a las compañías
subsidiarias extranjeras o afiliadas a empresas estadounidenses que
comercien con Cuba, aún cuando radiquen en terceros Estados y operen
bajo el ordenamiento jurídico de dichos Estados.
En 1996 quedó promulgada la Ley para la Libertad y la Solidaridad
Democrática Cubana, conocida como Ley Helms-Burton.
Esa legislación codificó todas las normas, regulaciones, leyes y
órdenes presidenciales adoptadas desde 1962 con relación al bloqueo
económico financiero y comercial impuesto a Cuba, sin importar su
jerarquía normativa.
De esta forma todo texto en materia de bloqueo fue elevado a
rango de ley y las facultades que le habían sido encomendadas al
Presidente en el Acta de Ayuda Exterior para enmendar o dejar sin
efecto todas las disposiciones legislativas referidas al bloqueo,
pasaban ahora al Congreso.