Cumplido el plazo, la Fiscalía Especial del Ministerio Público para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentó la acusación formal.

Entre las pruebas contra Portillo figuran relatos de testigos, peritajes en las transferencias autorizadas por él e información de cuentas, y solo falta la decisión de un juez para llevarlo a juicio.

El ex presidente (2000-2004) se presentó hace seis meses ante las autoridades de México, tras un refugio de más de cuatro años en esa nación, con el argumento de hacerlo de manera voluntaria para rebatir la imputación de enriquecimiento ilícito y peculado.

Sin embargo, la instancia judicial guatemalteca lo negó y afirmó que en realidad se trataba de una extradición, pues la Procuraduría General de la República mexicana lo condujo hasta esta capital donde lo entregó el 7 de octubre de 2008.

En aquella ocasión el ex mandatario insistió en que fue víctima de persecución política, al calificar de falsedad la acusación y achacarla a un montaje de sus enemigos.

De acuerdo con informaciones divulgadas, el 28 de febrero de 2001 Portillo autorizó una transferencia por 120 millones de quetzales (15 millones de dólares al cambio actual) al Ministerio de la Defensa Nacional.

De esa cifra, desvió 34 millones de quetzales (4,25 millones de dólares hoy) hacia amigos, según lo revelado.

La Fiscalía labora aún en otro proceso sobre la responsabilidad del ex gobernante en el desvío durante su administración de 906 millones de quetzales (unos 113 millones de dólares actuales).