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Acusan a Menem de conocer sobre contrabando de armas

BUENOS AIRES, 28 de noviembre (PL).— El ex presidente argentino Carlos Menem debió conocer sobre el tráfico de armas durante su primer mandato, determinó hoy la fiscalía al pedir elevar a juicio oral la causa por venta ilegal de armamento.

"Sin la actividad de Menem no se podían haber realizado las exportaciones", afirmó la fiscal, quien agregó que una sola orden del ex mandatario hubiera sido suficiente para impedirlas.

Tal conclusión fue leída este viernes por el sistema de videoconferencia a Menem, quien permanece en la provincia La Rioja como parte del proceso que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Penal Económico número tres.

Esa misma corte calificó al ex jefe de Estado de "coautor de contrabando agravado" de material bélico a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995.

Tras argumentar problemas de salud, el senador, de 78 años, fue autorizado por los jueces a no presentarse ante el tribunal que instaló la videoconferencia en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Menem siguió la audiencia desde La Rioja, a mil 200 kilómetros de esta ciudad, al sentarse en una oficina del Consejo Federal de Inversiones.

El juicio por el delito de armas comenzó el 16 de octubre pasado y hasta el momento se leyeron las acusaciones fiscales contra algunos de los 18 imputados (ex funcionarios y ex militares). Fuentes judiciales vaticinan que el proceso se extenderá por unos siete meses y contará con más de 400 testigos, entre ellos los ex presidentes Raúl Alfonsín (1983-1989) y Fernando De la Rúa (1999-2001).

En abril pasado la justicia ratificó el juicio contra Menem por firmar tres decretos presidenciales secretos, los cuales permitieron el fraude (contrabando de seis mil 500 toneladas de material bélico) en momentos en que sobre Croacia y Ecuador pesaban restricciones internacionales para la comercialización de armamento.

Por esta misma causa, el ex presidente estuvo detenido unos seis meses en 2001 y ahora se espera que será acusado por una falta que prevé pena de hasta 12 años de prisión.

 

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