La disposición establece la necesidad de determinar la existencia de monopolios u oligopolios directos o indirectos en el uso de las frecuencias y las entidades o grupos financieros que mantienen participación en el control del capital de los medios de comunicación, revela una nota de la página Web de la Presidencia de la República.

Se trata de una normativa, respaldada por la Carta Magna, la cual considera al espectro radioeléctrico como uno de los sectores estratégicos, que por trascendencia y magnitud influye en los aspectos económico, social, político y ambiental.