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— La Comisión de Legislación y Fiscalización ecuatoriana realiza hoy
una sesión plenaria pública para analizar todo lo ocurrido con los
recursos contratados por el país entre 1976 y el 2006.
Tal decisión fue adoptada por el presidente de esta institución,
Fernando Cordero, tras la presentación la víspera del informe de la
Comisión auditora de la deuda externa, el cual denuncia ilegalidades
e irregularidades en las renegociaciones de tramos del débito.
Se prevé la asistencia de los miembros de dicha comisión, los
cuales explicarán a los asambleístas su trabajo de un año y cuatro
meses de recopilación de documentos relacionados con las finanzas y
el endeudamiento del país.
No se descarta asimismo que algún legislador o bloque político
proponga la aprobación de un acuerdo que pida una investigación y
responsabilidades políticas y penales en contra de los ex
funcionarios involucrados en malos manejos de las obligaciones
económicas de los últimos 30 años.
Con anterioridad, el jefe de bloque del Movimiento Popular
Democrático, Jorge Escala, envió en una carta al presidente de la
nación, Rafael Correa, en la cual solicita el enjuiciamiento del ex
mandatario Gustavo Noboa y a su ex ministro de Finanzas Jorge
Gallardo, según medios de prensa nacionales.
Su colega Diego Borja, del movimiento Poder Ciudadano, destacó
por su parte la necesidad de integrar un grupo de trabajo que haga
un seguimiento a las denuncias en contra de los ex empleados
gubernamentales.
Con esto se busca que todo lo denunciado y expuesto a la opinión
pública por la Comisión auditora no se quede como un escándalo más,
señaló.
A diferencia de otras sesiones, a esta se permitirá el acceso a
todas las personas interesadas en escuchar a los miembros de la
Comisión auditora de la deuda y las intervenciones y propuestas de
los asambleístas.
Además de este órgano legislativo, la Fiscalía General de la
Nación anunció que creará en los próximos días un grupo
multidisciplinario para investigar a los ex funcionarios
involucrados en amañadas negociaciones del débito externo.
Washington Pesántez, fiscal general, confirmó que se iniciarán
pesquisas sobre el caso, pero alertó sobre la necesidad de contar
con una Corte Nacional de Justicia para poder resolver el juicio.
La negativa de los ex magistrados de la desaparecida Corte
Suprema de Justicia a asumir sus funciones de manera temporal en la
nueva instancia judicial mantiene al país desde hace más de dos
semanas sin la máxima entidad administradora de la justicia.