La noticia fue un susurro en medio del bullicio de los grandes medios del orbe sobre las elecciones norteamericanas del 4 de noviembre. Mientras la llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos colmaba las primeras planas, en otros espacios la firma por la reina Isabel II de una nueva Constitución para las Islas Malvinas, que empezará a regir el primero de enero del 2009, se deslizaba como una sombra colonial en tiempos modernos.

El texto, que ofrece mayor potestad al gobernador del territorio, refuerza, según el secretario de Estado británico de Exteriores, Gillian Merron, "la democracia local, al tiempo que conserva poderes suficientes para que el Gobierno de Londres proteja los intereses del Reino Unido y garantice la buena gobernanza".

Otra vez, Londres convierte acuerdos internaciones en "papel mojado" y camina de espaldas al derecho de soberanía de Argentina. Las islas, que durante tres centurias, desde el siglo XVI, estuvieron en manos españolas, pasaron al país sudamericano tras su independencia. Sin embargo, los ingleses las ocuparon militarmente en 1833.

Este conflicto histórico ha tomado tintes más fuertes en los últimos años. Por un lado, el Gobierno de Buenos Aires ha fortalecido la defensa de un territorio que le pertenece. Por otro, Reino Unido ha intentado arreciar su poder en momentos en que no se dispone a entregar, principalmente, los valiosos recursos naturales de la zona.

De ahí que la decisión del Palacio de Buckingham tampoco esté distante de los objetivos visibles en las recientes declaraciones del Gobierno británico en torno al archipiélago, ubicado en el Atlántico Sur, a unos 500 kilómetros de la Patagonia argentina.

En el 2007, Londres anunció un nuevo plan: ampliar la plataforma marítima alrededor de The Falklands ––como denominan a las islas–– a 350 millas, casi el doble de la extensión que la Convención del Derecho del Mar de Naciones Unidas ofrece a los países costeros.

La posibilidad de que en la zona se hallen importantes reservas de petróleo, no solo agilizó la jugada política del Reino Unido en tiempos de crisis internacionales, sino la preparación del informe que deberá presentar antes de mayo del 2009 en la Comisión de Límites de Plataforma Continental de la ONU.

Además de ese hecho, una de las acciones más evidentes de que ante este litigio el Viejo continente no pretende descruzar los brazos es el reconocimiento de Las Malvinas como territorio británico en el Tratado de Lisboa para la Unión Europea.

Desde 1965 Argentina ha reclamado la soberanía sobre la región en Naciones Unidas. En reiteradas ocasiones el Comité Especial de Descolonización ha servido de escenario a los pronunciamientos.

Sin embargo, después de la guerra de 1982 en las frías trincheras de Monte Longdon, hasta donde el general Leopoldo Galtieri envió a los argentinos para desviar la atención en torno a la represiva dictadura, los gobiernos de las llamadas "democracias de transición" hicieron pocos esfuerzos para recuperar Las Malvinas.

En el 2006, durante el aniversario 24 de esa confrontación bélica, el entonces presidente Néstor Kirchner volvió a hacer un llamado a la comunidad internacional.

Con el actual Gabinete de Cristina Fernández, cada paso del Reino Unido ha recibido la respuesta de Argentina en el terreno multilateral. También la última disposición de la Corona inglesa tropezó con la réplica de la Cancillería de Buenos Aires que la consideró una "violación flagrante".

De hecho, la aprobación del documento constitucional no tiene en cuenta la Resolución 31/49, adoptada en 1976 por la Asamblea General de la ONU, que prohíbe a ambas partes implementar medidas unilaterales mientras exista un proceso de negociación.