La extrema medida fue aplicada, según el gobierno, para conjurar un paro del sector judicial, que hoy cumple 37 días y que ha puesto en serias dificultades el funcionamiento de la justicia en el país.

Fabio Hernández, presidente de la Asociación de Empleados de la Rama Judicial (ASONAL) que encabeza la prolongada huelga, consideró que decretar la conmoción interior no tiene soporte jurídico y constitucional.

Dijo que la carta magna establece claramente las condiciones sobre las cuales puede decretarse la conmoción interior y que el paro judicial no tiene esas implicaciones para el país.

Asimismo anunció que este viernes la directiva nacional del sindicato se pronunciará sobre la postura a seguir ante el decreto.

En tanto, el vicepresidente del Consejo de Estado, Rafael Lafont, consideró prematura la medida y dijo que hubiera sido mejor esperar un poco más, antes de tomar una determinación tan trascendental.

Opinó que lo aconsejable hubiera sido un acuerdo entre las partes para solucionar el conflicto laboral.

Las principales centrales sindicales del país rechazaron la decisión del gobierno, por considerar que es un problema laboral al que se le debe dar otra salida.

Julio Gómez Ezquerra, secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT), aseguró que esta situación sólo polarizará más los conflictos laborales en el país.

Reveló que antes de ser aplicado el decreto, la dirigencia sindical le envió una comunicación al presidente Uribe, para solicitar una reunión extraordinaria de la Comisión de Políticas Salariales y Laborales, convocada para el 15 de octubre y resolver los conflictos laborales.

Por su parte, el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, calificó de equivocada la decisión, porque radicalizará a los trabajadores de la justicia.