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La investigación del asesinato de un estudiante venezolano avanza
hoy con sospechas de muerte por encargo y ramificaciones en la
comunidad universitaria, paralelamente al intento de sectores
opositores de utilizar políticamente el caso.
La Asamblea Nacional acordó ayer establecer una comisión especial
para investigar el asesinato el pasado miércoles del presidente de
la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Zulia,
Julio Soto.
El joven fue muerto a tiros cuando viajaba en su vehículo en
Maracaibo, con un modus operandi que para los investigadores
coincide con el de los sicarios, aunque los móviles del crimen no se
han determinado.
La vinculación de Soto con el partido opositor COPEI (Comité de
Organización Política Electoral Independiente), movilizó a algunos
sectores que se oponen al presidente del país, Hugo Chávez, pese a
la rápida actuación de los organismos competentes que prometieron
una exhaustiva investigación.
Incluso representantes del sector estudiantil partidario del
presidente Chávez, alertaron sobre la preparación de actos violentos
con el pretexto de la muerte del estudiante.
Representantes de la Universidad Central de Venezuela en Caracas
denunciaron la entrada a ese recinto de un camión cargado de
neumáticos, utilizados para incendiar las calles durante los
disturbios.
En la Universidad Bolivariana de Venezuela, la estudiante
Mayerlin Arias pidió a los estudiantes de oposición a no tomar el
caso como bandera política y esperar por las conclusiones.
Un elemento que llevó a la Asamblea Nacional a crear la comisión
especial es la posible ramificación del hecho, si se tiene en cuenta
que es el segundo asesinato de un estudiante en Zulia en
circunstancias similares.
En el análisis del tema, el diputado Calixto Ortega reveló tener
información sobre amenazas de muerte contra otros estudiantes del
mismo centro universitario.
Edgar Lucena, diputado del Partido Comunista de Venezuela estimó
que el caso no puede desvincularse de la situación de inseguridad en
Zulia, donde actúan paramilitares procedentes de Colombia al amparo
del gobernador del estado, Manuel Rosales.
Tanto el Ministerio del Interior como la Fiscalía anunciaron que
participan en la investigación con las autoridades policiales
regionales para identificar a los culpables y ponerlos a disposición
de la justicia caiga quien caiga.