Emil Ramón Guevara, coordinador nacional del grupo no gubernamental, calificó como una aberración jurídica el perdón otorgado por la ex presidenta panameña Mireya Moscoso a los criminales Posada, Gaspar Jiménez, Guillermo Novo y Pedro Remón.

Ahora la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá reestableció la legalidad, declarando ilícitos los polémicos indultos, con lo que se pone a prueba nuevamente a la justicia de Estados Unidos, remarcó Guevara en declaraciones a Prensa Latina.

Posada es muy conocido por sus acciones terroristas y fugas de cárceles. Es responsable de la voladura de un avión cubano en pleno vuelo, que cayó al mar frente a las costas de Barbados en 1976, así como el asesinato, tortura y desaparición forzada de cientos de venezolanos, recordó el diputado.

A casi cuatro años agregó- de la inusitada libertad otorgada a estos terroristas, la CSJ del istmo decide que la situación de los procesos debe regresar al estado original en que se encontraban antes del indulto, acotó Guevara.

Esto significa que tanto Posada, Jiménez, Novo y Remón, quienes viven libremente en Estados Unidos, deberían regresar de inmediato a prisión en Panamá para cumplir condenas impuestas en abril de 2004, enfatiza el coordinador.

Este fallo permite, además, reabrir la solicitud de extradición de Posada Carriles por parte de Venezuela, para enjuiciarlo por los crímenes documentados en nuestros tribunales, apuntó.

Para el MASVC y los familiares de las víctimas del terrorismo de Posada esta resolución representa un nuevo aliciente en la lucha por hacer justicia frente a tantos delitos, aseveró Guevara.

Nos unimos a los familiares de los Mártires de Barbados para acelerar las acciones en pos de sensibilizar a la opinión pública de Estados Unidos para que finalmente estos terroristas puedan ser juzgados y sancionados, concluyó.

También el abogado José Pertierra, que representa jurídicamente a Venezuela, subrayó que el terrorista internacional debe regresar a Panamá a cumplir su condena.

El jurista recordó que el indulto otorgado por la presidenta de Panamá en aquel momento, ahora es inconstitucional y por lo tanto la condena sigue siendo válida, enfatizó.