El gobierno boliviano cuestionó
hoy la impunidad que gozan en Estados Unidos el ex mandatario
Gonzalo Sánchez de Lozada y quien fuera su ministro de defensa,
Carlos Sánchez Berzaín, acusados aquí de genocidio.
De acuerdo con el jefe de la cartera del Interior, Alfredo Rada,
ambos deben ser sometidos a un juicio de responsabilidades por
ordenar una represión policial en octubre de 2003, con saldo de 68
muertos y más de 400 heridos.
Rada confirmó que el otorgamiento por Washington de asilo
político a Sánchez Berzaín en marzo de 2007 motivó la ira de los
vecinos de la ciudad de El Alto que el pasado 9 de junio marcharon
frente a la embajada estadounidense, al tiempo que dio garantías de
la seguridad de esa sede diplomática.
La protesta, dijo, fue calificada de"un ataque" por algunos
medios de prensa y llevó a las autoridades estadounidenses a llamar
a consultas a su embajador Philip Goldberg. "No hubo ningún ataque,
hubo una manifestación frente a la cual se dio seguridad", remarcó
el ministro.
En ese sentido, Rada emplazó al Departamento de Estado de Estados
Unidos a aprovechar la presencia de su embajador para preguntarle
sobre la injerencia de Goldberg en asuntos internos de Bolivia.
No obstante, dijo que las relaciones con el norteño país son
normales, más allá de las dificultades con su representante en La
Paz.
También el presidente Evo Morales solicitó a su homólogo
norteamericano, George W. Bush, que exija explicaciones a la Agencia
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por sus
acciones subversivas en esta nación.
El mandatario de origen aimara enfatizó que si Washington convocó
a Goldberg por la marcha iniciada en la vecina ciudad de El Alto,
también debería citar a la USAID, que se dedica a "conspirar contra
el gobierno y la democracia".
En reiteradas ocasiones, el ejecutivo ha denunciado las
constantes actividades en su perjuicio que promueven esa entidad y
Goldberg para fomentar la inestabilidad interna, entre ellas el
financiamiento a grupos opositores.
Ante esa situación, Palacio Quemado anunció en marzo pasado su
decisión de supervisar las finanzas de varias Organizaciones No
Gubernamentales que reciben dinero de USAID para desplegar campañas
en su contra.