Esa decisión adoptada por el Parlamento Europeo, rechazada de inmediato en países en desarrollo, permitirá detener a los inmigrantes ilegales hasta un año y medio antes de deportarlos.

También autorizará la expulsión de quienes sobrepasen los permisos de estadía.

En un comunicado oficial divulgado en la sede central de la ONU en Nueva York, Arbour urgió a los parlamentarios y a la opinión pública europeos a comprender la necesidad de protección de las garantías fundamentales de esas personas.

Añadió que resulta muy necesario considerar el contexto económico en el que se insertan.

Las personas cuyas vidas se ven amenazadas por la extrema pobreza, el hambre, la enfermedad y las epidemias, tienen derecho a tratar de escapar de esa situación y se les debe dar una protección, dijo la jurista canadiense.

En ese sentido, censuró que las potencias europeas, que suelen entender mejor las violaciones de derechos civiles y políticos, no actúan de igual manera cuando se tratan de derechos económicos y sociales.

A juicio de la titular de Derechos Humanos de la ONU, el mundo occidental ha fraccionado la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en dos grupos: los civiles y políticos, y los económicos y sociales.