El gobierno del presidente George W.
Bush continúa hoy bajo fuego del Congreso por autorizar las torturas
contra prisioneros, que le ha válido también numerosas críticas de
la comunidad internacional.
¿Cómo fue posible que miembros del ejército norteamericano
desnudaran a detenidos, los encapucharan y humillaran, usaran perros
para asustarlos, y hasta les privaran del sueño?, preguntó el
senador demócrata Carl Levin.
Durante una audiencia para analizar el tema en el Comité de
Servicios Armados de la cámara alta, Levin denunció que el Pentágono
torció la ley para crear apariencias de legalidad y autorizar los
maltratos contra los reclusos.
El legislador cuestionó con dureza al ex secretario de Defensa
Donald Rumsfeld.
Levin acusó al general William Haynes de recomendar el empleo de
esas técnicas, condenadas por las leyes norteamericanas y normativas
internacionales.
Por su parte, el senador republicano por Carolina del Norte
Lindsey Graham estimó que un razonamiento legal raro fue empleado
para justificar el uso de las torturas.
En 2002 Rumsfeld firmó un memorando mediante el cual autorizó
esas prácticas, entre ellas el uso de perros en los interrogatorios.
En las últimas semanas la prensa nacional reveló nuevos aspectos
de este escándalo.
Al respecto, el diario The New York Times afirmó que el Buró
Federal de Investigaciones ordenó a sus agentes desplegados en la
cárcel de Guantánamo, sudeste de Cuba, ignorar los maltratos allí
cometidos.
Según la fuente, esos funcionarios comenzaron a documentar las
torturas infligidas por militares estadounidenses a detenidos, sin
embargo, sus superiores les indicaron abandonar el proyecto llamado
Archivo de Crímenes de Guerra.
Recientemente, el abogado Clive Stafford aseguró que el Pentágono
mantiene en prisiones secretas en diversos lugares del planeta a
unas 27 mil personas para evitar supervisión legal y a los medios de
prensa.