El gobierno del presidente George W. 
			Bush continúa hoy bajo fuego del Congreso por autorizar las torturas 
			contra prisioneros, que le ha válido también numerosas críticas de 
			la comunidad internacional.
			¿Cómo fue posible que miembros del ejército norteamericano 
			desnudaran a detenidos, los encapucharan y humillaran, usaran perros 
			para asustarlos, y hasta les privaran del sueño?, preguntó el 
			senador demócrata Carl Levin.
			Durante una audiencia para analizar el tema en el Comité de 
			Servicios Armados de la cámara alta, Levin denunció que el Pentágono 
			torció la ley para crear apariencias de legalidad y autorizar los 
			maltratos contra los reclusos.
			El legislador cuestionó con dureza al ex secretario de Defensa 
			Donald Rumsfeld.
			Levin acusó al general William Haynes de recomendar el empleo de 
			esas técnicas, condenadas por las leyes norteamericanas y normativas 
			internacionales.
			Por su parte, el senador republicano por Carolina del Norte 
			Lindsey Graham estimó que un razonamiento legal raro fue empleado 
			para justificar el uso de las torturas.
			En 2002 Rumsfeld firmó un memorando mediante el cual autorizó 
			esas prácticas, entre ellas el uso de perros en los interrogatorios.
			En las últimas semanas la prensa nacional reveló nuevos aspectos 
			de este escándalo.
			Al respecto, el diario The New York Times afirmó que el Buró 
			Federal de Investigaciones ordenó a sus agentes desplegados en la 
			cárcel de Guantánamo, sudeste de Cuba, ignorar los maltratos allí 
			cometidos.
			Según la fuente, esos funcionarios comenzaron a documentar las 
			torturas infligidas por militares estadounidenses a detenidos, sin 
			embargo, sus superiores les indicaron abandonar el proyecto llamado 
			Archivo de Crímenes de Guerra.
			Recientemente, el abogado Clive Stafford aseguró que el Pentágono 
			mantiene en prisiones secretas en diversos lugares del planeta a 
			unas 27 mil personas para evitar supervisión legal y a los medios de 
			prensa.