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Un ambicioso programa de lucha contra la pobreza y la ratificación
del apego a principios como el del respeto a la soberanía de las
naciones, destacan en un proyecto de declaración final de la V
Cumbre Euro-latinoamericana.
Así lo informaron fuentes de la cancillería local, sobre el
documento, aprobado ayer por los vicecancilleres de casi 60 países
participantes en la V Cumbre de América Latina y El Caribe Unión
Europea (ALC-UE) y que analizan hoy los ministros de Relaciones
Exteriores.
Indicaron que la declaración incluye una agenda de cooperación en
materia de desarrollo sostenible, medio ambiente, cambio climático y
energía, propuesta por la UE, pero afinada por los viceministros por
sugerencia de los latinoamericanos.
En materia de política internacional, el documento reafirma la
adhesión de los firmantes a los principios de la Carta de las
Naciones Unidas y alude al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, al
rechazar todas las medidas coercitivas unilaterales contrarias al
derecho internacional y reiterar su rechazo a la extraterritorial
ley Helms-Burton del país del norte.
Manifiesta por otra parte preocupación por el impacto del aumento
de los precios de los alimentos y propugna medidas inmediatas para
asistir a los países más vulnerables y las poblaciones afectadas por
las alzas.
Agrega que, en el mediano a largo plazo, una respuesta duradera a
la crisis actual requiere acciones coordinadas de la comunidad
internacional, con miras a fortalecer las capacidades agrícolas y el
desarrollo rural, a fin de satisfacer la creciente demanda de
alimentos.
La declaración plantea un programa para la erradicación de la
pobreza, la desigualdad y la exclusión, para promover la cohesión
social como una necesidad moral, política y económica.
Reconoce la integridad de los derechos humanos, que incluyen los
derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales y
consigna el compromiso de promover la equidad y la inclusión
mediante eficaces políticas sociales.
También plantea que el crecimiento económico se traduzca en la
creación de trabajo decente, digno y productivo y la participación
popular en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la
exclusión.
Propugna igualmente la promoción el uso coherente de recursos
para el logro de los Objetivos del Milenio de reducción de la
pobreza para 2015 y de las metas adicionales latinoamericanas
fijadas para 2020.
En la perspectiva de eliminar el hambre, plantea el derecho a la
alimentación y a la seguridad alimentaria de las poblaciones y se
fija el objetivo de erradicar la desnutrición y prevenir la
malnutrición infantil.
La erradicación del analfabetismo, el acceso general progresivo a
los servicios de salud y la atención universal a las mujeres
embarazadas y los recién nacidos, son otras metas concertadas.
En el plano educativo, plantea universalizar la educación
preescolar, mejorar la calidad de la educación básica y ampliar la
cobertura y calidad de enseñanza secundaria y superior.
Otras metas están referidas al acceso de toda la población a los
servicios de agua potable y saneamiento, el aumento de las tasas de
empleo y el mejoramiento de las condiciones de vivienda para los
sectores más vulnerables de la población.