Un estudio de la organización Union of Concerned Scientists precisa que más la mitad de los mil 600 expertos consultados de la EPA denunciaron las acciones de sus superiores.

Desde su llegada a la Casa Blanca, en 2001, el presidente George W. Bush ha sido blanco de numerosas críticas por su política contra la naturaleza.

Este mes grupos ambientalistas presentaron una demanda para obligar al Ejecutivo a determinar si las emisiones de gases de efecto invernadero ponen en riesgo la salud pública.

La querella es interpuesta un año después de que al Corte Suprema de Justicia estimó que la EPA tiene, en virtud de la Ley de Aire Limpio, la autoridad de regular las emisiones.

Ese órgano de justicia afirmó que la agencia violó la legislación al negarse en forma indebida a regular las normas de emisiones de nuevos vehículos.

Sin embargo, aún el gobierno no ha aplicado medidas con respecto al fallo, a pesar de un reciente informe de una fuerza de trabajo de la EPA sobre el riesgo para las personas de las emisiones de esos gases.

El pasado mes, una corte impugnó una norma impuesta por la Casa Blanca que permitía a las empresas eléctricas superar los límites de emisiones de mercurio.

El Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia explicó en su sentencia que la práctica permitida por Bush es nociva para la salud pública y el medio ambiente.