Según explicó a Prensa Latina el presidente de la Asociación de Juristas de Bolivia, Mauricio Ochoa, esos procesos de consultas son de interés de todo el país y no un solo departamento, de ahí la decisión de la Corte Nacional Electoral (CNE) de anularlos.

El pasado 1 de febrero, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, convocó para el próximo 4 de mayo al referendo sobre autonomías en esa región, decisión valorada por el ejecutivo como ilegal.

La norma, apunta el gobierno, establece que sólo el Congreso puede autorizar consultas nacionales, departamentales y municipales.

Ochoa estimó además que la iniciativa de las autoridades cruceñas sólo pretende dividir a la nación, aunque cada vez es mayor el repudio de los movimientos sociales de ese territorio, pese a ser bastión de la oposición a la administración de Evo Morales.

Por su parte, Carlos Romero, delegado por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) en la Asamblea Constituyente, afirmó que esos referendos autonómicos tiene en el fondo la estrategia de desintegrar a la nación boliviana.

Esos planes, dijo, desnaturalizan la concepción de autonomías que, de aplicarse, pondrán en serio riesgo el actual sistema democrático.

Interrogado sobre el tema, Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), señaló que es preocupante que quieran fraccionar al país y anunció que próximamente presentarán las propuestas para las autonomías de los originarios.

También el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, dijo que el ejecutivo respalda las más diversas transformaciones, incluidas las autonomías, siempre que estas no atenten contra la unidad nacional.