Reporteros sin Fronteras (RSF) sigue obsesionada con Cuba. Mientras que, según sus propios datos, 86 periodistas y 20 colaboradores de los medios de comunicación fueron asesinados en el mundo en 2007, 67 profesionales de la prensa fueron secuestrados, y ningún cubano se encuentra en estas listas, la organización parisina se centra en la mayor isla del Caribe (1). El secretario general de la entidad que pretende defender «la libertad de prensa», Robert Menard, aprovechó las elecciones legislativas cubanas para recordar «la dramática suerte de los periodistas encarcelados» (2). 

Durante una conferencia de prensa en Madrid el 16 de enero de 2008, RSF reiteró «su petición de que [pusieran] en libertad a los veinticuatro periodistas cubanos encarcelados [...] con el absurdo pretexto de que [eran] ‘mercenarios a sueldo de Estados Unidos’». La organización se refiere a las personas condenadas por la justicia cubana a penas que van de seis a veintiocho años de cárcel por asociación con una potencia extranjera y por mercenarios (3). 

RSF califica las acusaciones de las autoridades de «absurdas» y pretende hacer creer a la opinión pública que los «veinticuatro periodistas cubanos encarcelados» sólo deben su situación al carácter heterodoxo de su pensamiento y en ningún caso al hecho de que violaron la ley al aceptar la financiación de Estados Unidos. Es lo que afirma la justicia cubana. Los escépticos podrían poner en tela de juicio la imparcialidad del sistema judicial cubano. Sea. Sin embargo existe una fuente que corrobora esta realidad y que se encuentra fuera de toda sospecha. En efecto, los documentos oficiales del gobierno de Washington confirman que Estados Unidos recluta, entrena y financia a individuos en Cuba para promover su política exterior contra el régimen revolucionario.

Primero, desde el triunfo de la Revolución en 1959, Estados Unidos ha elaborado una política destinada a la fabricación de una oposición en Cuba. Por ejemplo, durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional celebrada el 14 de enero de 1960, el subsecretario Livingston Merchant declaró: «Nuestro objetivo es ajustar todas nuestras acciones con vistas a acelerar el desarrollo de una oposición en Cuba [...]». Por su parte el secretario adjunto para los Asuntos Interamericanos, Roy Rubottom, afirmó que «el programa aprobado [destinado a derrocar al gobierno cubano] nos ha autorizado a brindar nuestra ayuda a elementos que se oponen al gobierno de Castro en Cuba para que parezca que su caída sea el resultado de sus propios errores» (4). 

De la misma manera, el 19 de junio de 1963, Kennedy aprobó el «plan integral de acción encubierta» que pretendía «mantener todas las presiones posibles sobre Cuba y crear y explotar en Cuba situaciones calculadas para estimular a elementos disidentes del régimen [...] con el fin de perpetrar un golpe de Estado» (5). 

Esta política sigue vigente en la actualidad con una diferencia: lo que constituía una política clandestina y secreta en los años sesenta se ha transformado en una política pública a partir de 1992. 

Votada en 1992 por el Congreso estadounidense, la ley Torricelli dispone también de una parte intervencionista y subversiva. Por ejemplo, la sección 1705 estipula que «Estados Unidos proporcionará asistencia a las organizaciones no gubernamentales adecuadas para apoyar a individuos y organizaciones que promueven un cambio democrático no violento en Cuba» (6). 

Adoptada por la administración Clinton en 1996, la ley Helms-Burton también prevé agrupar, reforzar y financiar a una oposición interna en Cuba. La sección 109 es muy clara: «El Presidente [de Estados Unidos] está autorizado para proporcionar asistencia y ofrecer todo tipo de apoyo a individuos y organizaciones no gubernamentales independientes para agrupar los esfuerzos con vistas a construir una democracia en Cuba» (7). 

El 6 de mayo de 2004 el presidente Bush publicó un impresionante informe de 454 páginas titulado Commission for Assistance to a Free Cuba (Comisión de Asistencia a una Cuba Libre). Este informe prevé la elaboración de un «sólido programa de apoyo que favorezca a la sociedad civil cubana». Entre las medidas preconizadas, una financiación por importe de 36 millones de dólares se destina al «apoyo de la oposición democrática y al fortalecimiento de la sociedad civil emergente» (8). 

El 3 de marzo de 2005 Roger Noriega, entonces secretario asistente para los Asuntos del Hemisferio Occidental de la administración Bush, señaló que se habían añadido 14,4 millones de dólares al presupuesto de 36 millones de dólares previsto en el informe de 2004. Noriega, incluso, fue tan sincero que llegó revelar la identidad de algunas de las personas que se encargan de la elaboración de la política exterior estadounidense contra Cuba. Citó los nombres de Martha Beatriz Roque, las Damas en Blanco y Oswaldo Payá (9). 

El 10 de julio de 2006 el presidente Bush aprobó el nuevo informe de 93 páginas. El objetivo proclamado está claro: romper el orden constitucional vigente en Cuba. La primera medida adoptada prevé una mayor financiación a los grupos de «disidentes». Washington estudia acelerar el reclutamiento de individuos cuyo papel será participar en el derrocamiento del gobierno actual. A los 36 millones de dólares previstos en el primer informe de 2004 y a los 14,4 millones de dólares adicionales de marzo de 2005, se añade una nueva suma de 31 millones. El plan de Bush incluso cita a las personas encargadas de liderar las fuerzas subversivas: Martha Beatriz Roque, Oswaldo Payá, Guillermo Fariñas y las Damas de Blanco, entre otras (10). 

La administración Bush también dedica 24 millones de dólares adicionales a Radio y TV Martí, dos medios propagandísticos estadounidenses destinados a promover un «cambio de régimen», para que amplíen las transmisiones de programas subversivos hacia Cuba, infringiendo la legislación internacional que prohíbe la violación del espacio hertziano nacional. Los miembros de la «disidencia» cubana recibirán una parte de esta suma para adquirir y distribuir equipos de radio y televisión que permitan captar los programas que se emiten desde Estados Unidos. Otros países están invitados a transmitir programas subversivos hacia Cuba. El plan prevé también «entrenar y equipar a periodistas independientes de la prensa escrita, radiofónica y televisiva en Cuba» (11). 

Así, los propios documentos oficiales estadounidenses confirman la existencia de una política de subversión y contradicen de manera indiscutible las afirmaciones de RSF. Por otra parte, la organización parisina no vacila en convertir a delincuentes en periodistas con tal que éstos –que jamás habían desempeñado una actividad periodística antes de integrar el jugoso comercio de la disidencia, con dos excepciones– escriban algunas líneas hirientes contra el gobierno de La Habana.

Pero RSF, cuya agenda es claramente política, multiplica las mentiras. En su comunicado declara que «la población se dispone a designar, a falta de poder elegir, a sus representantes en la Asamblea Nacional y en las asambleas provinciales» y añade que «no cabe hacerse ilusiones con relación a las elecciones [...]. El pluralismo político no figura en el orden del día y los cubanos solo pueden ‘elegir’ a los 614 representantes, ya designados, del Partido Comunista Cubano, el único autorizado» (12). 

El problema es que la legislación cubana prohíbe categóricamente al Partido Comunista designar candidatos. «Ningún partido tiene derecho a postular candidatos. La postulación de los candidatos se efectúa directamente por los propios electores en asambleas públicas. El Partido Comunista no es una organización electoral y, por lo tanto, ni se presenta a las elecciones ni puede postular candidatos» (13). Además, más de la mitad de los parlamentarios que fueron elegidos no son miembros del Partido Comunista (14). ¿Con qué objetivo oculta RSF esta realidad si no es para engañar a la opinión pública y proseguir su campaña de satanización de Cuba? 

La organización de Robert Ménard evoca también «El estado de salud de [...] los representantes de la prensa disidente encarcelados en Cuba», entre los cuales algunos estarían «gravemente enfermos». RSF afirma que «en la celda no les facilitan ni comida ni cuidados adecuados» (15). La entidad de «defensa de la libertad de prensa» no teme parecer ridícula. En efecto, ¿cómo puede sobrevivir en prisión un detenido privado de alimentación adecuada y atención médica? ¿Acaso puede RSF citar el nombre de un solo individuo que falleció en prisión en Cuba por falta de atención médica o alimentación? 

¿Por qué razones sufre RSF esta singular obsesión por Cuba? ¿Realmente es a causa de la situación de la prensa? Por lo que se ve no, pues llegado el caso sus prioridades serían Iraq donde 47 periodistas fueron asesinados en 2007, Somalia donde 8 periodistas perdieron la vida, Pakistán donde 6 periodistas perecieron, Sri Lanka donde 3 periodistas fueron ejecutados, Afganistán, Eritrea, Filipinas, Nepal o México donde también varios periodistas fueron asesinados, pero de ningún modo Cuba (16). 

La respuesta es la financiación de RSF. En efecto, la organización está subvencionada por la organización de extrema derecha Center for a Free Cuba (17), cuyo director Frank Calzón es el antiguo dirigente de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), una organización terrorista responsable de numerosos atentados contra Cuba (18). RSF también está financiada por la oficina pantalla de la CIA que es la National Endowment for Democracy, cuyo objetivo es promover la agenda política de la Casa Blanca (19). 

El escritor y periodista francés Maxime Vivas acaba de publicar un libro revelador sobre «La cara oscura de Reporteros sin Fronteras» en el que denuncia «los tratos dudosos, los financiamientos vergonzosos, las hosquedades selectivas [...], las mentiras reiteradas de Reporteros sin Fronteras, todo al servicio de una causa sin vínculo alguno con los objetivos que proclama». Este libro, especialmente riguroso, saca a la luz del día el doble juego de Robert Menard y revela el auténtico rostro de la organización parisina al servicio de los poderosos del mundo (20). 

Notas

(3) Ibid. 

(4) Marion W. Boggs, «Memorandum of Discussion at 432d meeting of the National Security Council, Washington», 14 de enero de 1960, Eisenhower Library, Whitman File, NSC Records, Top Secret, in Foreign Relations of the United States 1958-1960 (Washington: United States Government Printing Office, 1991), pp. 742-743. 

(5) Piero Gleijeses, Misiones en Conflicto. La Habana, Washington y África 1959-1976 (La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 2004), p. 37. 

(6) Cuban Democracy Act, Capítulo XVII, Sección 1705, 1992. Véase también Salim Lamrani, Double Morale. Cuba l’Union européenne et les droits de l’homme (París: Editions Estrella, 2008), pp. 45-55.

(7) Helms-Burton Act, Capítulo I, Sección 109, 1996. 

(11) Ibid., p. 22. 

(12) Reporteros sin Fronteras, «En vísperas de las legislativas, Reporteros sin Fronteras recuerda la dramática suerte de los periodistas encarcelados», op. cit. 

(14) Pascual Serrano, «El periodismo papagayo», Rebelión, 21 de enero de 2008. 

(15) Reporteros sin Fronteras, «En vísperas de las legislativas, Reporteros sin Fronteras recuerda la dramática suerte de los periodistas encarcelados», op. cit. 

(18) Salim Lamrani, «La Fondation nationale cubano-américaine est une organisation terroriste», Mondialisation, 27 de julio de 2006. 

(20) Maxime Vivas, La face cachée de Reporters sans frontières. De la CIA aux faucons du Pentagone (Bruxelles: Aden, 2007). 

Revisado por Caty R, de los colectivos de Rebelión, Tlaxcala y Cubadebate. Este artículo se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la revisora y la fuente.