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El ex presidente de Perú Alberto Fujimori admitió hoy haber protegido
a miembros de un grupo paramilitar con una ley de amnistía y defendió
la medida como parte de una supuesta política pacificadora.
En una nueva jornada del juicio en su contra por homicidio,
secuestro y torturas, delitos de lesa humanidad, el ex gobernante
defendió la amnistía que dictó en 1995 a favor del Grupo Colina,
ejecutor de al menos dos matanzas, en 1991 y 1992, imputadas al reo.
El pasado lunes, el acusado reconoció haberse enterado en 1993 de
la existencia del comando clandestino del ejército, y de sus
actividades.
Sostuvo que la amnistía, que benefició al jefe del grupo, Santiago
Martin Rivas, y a otros integrantes, era parte de una estrategia de
pacificación.
Los amnistiados habían sido condenados a leves penas por la matanza
de La Cantuta, como se conoce a la universidad en la que tropas
encapuchadas secuestraron nueve alumnos y un profesor a quienes dieron
muerte y enterraron clandestinamente.
Los paramilitares fueron liberados de inmediato, al igual que todos
los demás uniformados investigados o procesados por violaciones de
derechos humanos en la represión de los grupos armados, desde 1980.
Fujimori es juzgado por la matanza de La Cantuta y la de Barrios
Altos, esta última perpetrada por el Grupo Colina al atacar a tiros, a
mansalva, a los participantes en una fiesta vecinal, y dar muerte a
15, incluido un niño.
También por los secuestros de civiles y militares, encerrados en
los sótanos del servicio de inteligencia del ejército y acusados de
participar el 15 de abril de 1992 en un intento de derrocar al
entonces presidente.
El reo negó veracidad al testimonio de Susana Higuchi, entonces su
esposa y quien da fe de que Fujimori ordenó capturar "vivos o muertos"
a los conjurados.
Fujimori volvió a apelar reiteradamente a las evasivas, alegando
que no sabía nada de los temas que le preguntaba el fiscal, José
Peláez.
Durante la audiencia, por otra parte, el tribunal rechazó un pedido
del reo para poder contar con una computadora portátil durante los
interrogatorios, lo que no es permitido por las normas de su detención
y las procesales.