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Ex presidente peruano admite protección a paramilitares

LIMA, 19 de diciembre (PL).— El ex presidente de Perú Alberto Fujimori admitió hoy haber protegido a miembros de un grupo paramilitar con una ley de amnistía y defendió la medida como parte de una supuesta política pacificadora.

En una nueva jornada del juicio en su contra por homicidio, secuestro y torturas, delitos de lesa humanidad, el ex gobernante defendió la amnistía que dictó en 1995 a favor del Grupo Colina, ejecutor de al menos dos matanzas, en 1991 y 1992, imputadas al reo.

El pasado lunes, el acusado reconoció haberse enterado en 1993 de la existencia del comando clandestino del ejército, y de sus actividades.

Sostuvo que la amnistía, que benefició al jefe del grupo, Santiago Martin Rivas, y a otros integrantes, era parte de una estrategia de pacificación.

Los amnistiados habían sido condenados a leves penas por la matanza de La Cantuta, como se conoce a la universidad en la que tropas encapuchadas secuestraron nueve alumnos y un profesor a quienes dieron muerte y enterraron clandestinamente.

Los paramilitares fueron liberados de inmediato, al igual que todos los demás uniformados investigados o procesados por violaciones de derechos humanos en la represión de los grupos armados, desde 1980.

Fujimori es juzgado por la matanza de La Cantuta y la de Barrios Altos, esta última perpetrada por el Grupo Colina al atacar a tiros, a mansalva, a los participantes en una fiesta vecinal, y dar muerte a 15, incluido un niño.

También por los secuestros de civiles y militares, encerrados en los sótanos del servicio de inteligencia del ejército y acusados de participar el 15 de abril de 1992 en un intento de derrocar al entonces presidente.

El reo negó veracidad al testimonio de Susana Higuchi, entonces su esposa y quien da fe de que Fujimori ordenó capturar "vivos o muertos" a los conjurados.

Fujimori volvió a apelar reiteradamente a las evasivas, alegando que no sabía nada de los temas que le preguntaba el fiscal, José Peláez.

Durante la audiencia, por otra parte, el tribunal rechazó un pedido del reo para poder contar con una computadora portátil durante los interrogatorios, lo que no es permitido por las normas de su detención y las procesales.

 

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