El Tribunal Federal del Distrito de Columbia respaldó de esa forma una decisión presidencial de finales del 2005, y dejó sin voz a cientos de detenidos que ni tan siquiera conocen los cargos en su contra.

Por dos votos a favor y uno en contra, la instancia judicial determinó que el Congreso operó dentro de sus atribuciones cuando validó el encarcelamiento de ciudadanos extranjeros como medida preventiva.

De esa forma, las instituciones civiles quedan maniatadas para operar en el terreno de la justicia militar y, en consecuencia, la corte desestimó todas las solicitudes de revisión presentadas por presos en Guantánamo.

La magistrado Judith Rogers rechazó que los congresistas puedan suspender el derecho a levantar recursos contra procedimientos arbitrarios sin ofrecer alternativas para el desenvolvimiento de la defensa.

El presidente George W. Bush legalizó en octubre de 2006 el limbo jurídico en que viven los presos en la base norteamericana, ubicada en el oriente de Cuba en contra de la voluntad del pueblo y el gobierno de la isla.

Bush ordenó entonces que sólo los tribunales del aparato militar podían atender los casos de los reclusos, algunos de los cuales se ven sometidos a torturas físicas y psicológicas.

Ciudadanos alemanes y británicos que lograron salir del centro penitenciario manifestaron luego su indignación por el maltrato a que fueron sometidos.

En algunos casos, esas personas llegan a los interrogatorios sin tener la más mínima idea de lo que les preguntan, y deben defenderse de falsas acusaciones, explican mientras recorren el mundo para denunciar la situación de sus compañeros de prisión.

La semana pasada, el senador demócrata Christopher Dodd, aspirante a la presidencia, propuso un proyecto de ley para modificar varias cláusulas a la iniciativa de Bush.