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Organizaciones sociales y políticas ecuatorianas se preparan desde hoy
para la gran movilización de mañana a favor de la convocatoria
inmediata de una consulta popular para pedir una Asamblea
Constituyente.
Ciro Guzmán, del Movimiento Popular Democrático (MPD), hizo un
llamado a la ciudadanía a defender el referendo, secuestrado en el
Congreso, para impulsar la Constituyente.
Puntualizó que además del MPD participarán en la marcha que
avanzará hasta el Congreso agrupaciones civiles, estudiantes y grupos
sociales integrantes del Frente Popular.
Este es el momento para salir a las calles y defender la patria y
la Asamblea Constituyente que definirá el camino hacia un Ecuador
mejor, resaltó Guzmán según medios de prensa nacionales.
El movimiento Alianza PAIS, del presidente ecuatoriano Rafael
Correa y organizaciones populares participarán en esa gran marcha de
respaldo a la consulta que viabiliza la Constituyente.
La protesta persigue presionar al Congreso para que devuelva el
plebiscito al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y este organice así el
proceso.
Además de la capital, está previsto que se celebren también
movilizaciones de los movimientos sociales y políticos en otras
ciudades del país como en Guayaquil, donde realizará una marcha a las
16:00 hora local (21:00) de mañana.
Las manifestaciones se registrarán precisamente cuando la Comisión
de Asuntos Constitucionales tiene previsto presentar el informe al
pleno del Legislativo sobre el expediente de la consulta que le envío
el TSE.
El jefe de esa Comisión, Carlos Larreátegui, señaló que ese
organismo se limitará a informar jurídicamente al pleno respecto del
planteamiento del Tribunal y no recomendará o sugerirá si el Decreto
002 es constitucional o inconstitucional.
Correa reclamó al TSE la realización de la consulta basado en el
artículo 104, numeral dos, que le faculta como presidente de la
República convocar a un referendo, cuando a su juicio, se trate de
cuestiones de trascendental importancia para el país.
Ante un posible rechazo al plebiscito, los grupos sociales reclaman
realizar la consulta a través de un tribunal electoral especial (ad-hoc)
y el enjuiciamiento de los vocales del TSE que desobedecieron su
mandato.