La Nación, en su versión digital del lunes, divulgó que algunas de estas iniciativas fueron solicitadas al presidente Oscar Arias en las reuniones sostenidas con las fracciones que respaldan la concreción de ese acuerdo, rechazado por más del 60 por ciento de la población.

Tales propuestas, poco polémicas y casi todas aprobadas por unanimidad en el plenario del Parlamento, autorizaban a las alcaldías a ceder terrenos de su propiedad a organizaciones territoriales.

Ante temas tan controvertidos como el tratado es preciso "darle un desahogo" a los legisladores: hemos querido mandar proyectos que traigan mucha paz, alegó el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias.

Para Arias y los diputados del gobernante Partido de Liberación Nacional, el tema de las autorizaciones siempre es bien visto y logra un fácil acuerdo porque se queda bien con las comunidades, sugiere el reporte.

Estudiantes, académicos, sindicalistas, legisladores, indígenas y otros sectores contrarios a lo negociado con Washington, denunciaron en varias ocasiones que el hermano del mandatario es otro de los principales causantes de la conflictividad social reinante.

Este también alienta la venta del país a las transnacionales en virtud del contrato, que provocó numerosas acciones de protesta social en el último año y ante el cual se prevé una gran marcha el 26 de febrero.

Mientras el presidente de Costa Rica procura captar mayores aliados en su lucha por avanzar en la aplicación del tratado con estas y otras iniciativas, el opositor Partido Acción Ciudadana aclaró que en ningún momento solicitó proyectos de esa índole.

Esta situación se inscribe en un contexto marcado por la polémica reforzada al interior de la Asamblea Legislativa tica desde el reinicio de sus sesiones en 2007.

Las tensiones entre los legisladores continúan creciendo con la aplicación de normas reglamentarias tendentes a agilizar el tratado y las leyes paralelas al mismo, aseguran fuentes locales.

Miembros de ese órgano de poder coincidieron en que 38 parlamentarios apoyan una reforma al Reglamento, que fijaría un plazo de 22 sesiones para votarlo.

Hasta al momento fueron creadas comisiones especiales con plazo definido para evaluar los proyectos tendientes a la privatización de las telecomunicaciones y del Instituto Costarricense de Electricidad, lo cual puede generar nuevas confrontaciones.