Unos 200 indocumentados centroamericanos mueren cada año en territorio mexicano, en su intento de pasar a Estados Unidos, y más de cien quedan inválidos al caer de trenes o en persecuciones policiales, reportaron diputados mexicanos. De acuerdo con un estudio divulgado por los legisladores, la ley General de Población "trata a esas personas como criminales o peor de lo que tratan a los emigrantes mexicanos en Estados Unidos". La información es de la agencia Ansa.

Según el documento, la ley también autoriza una "total discrecionalidad a los funcionarios del Instituto Nacional de Migración para perseguir y encarcelar a los centroamericanos que ingresan ilegalmente a territorio mexicano", precisa. La investigación, realizada por el Grupo de Trabajo de Migración de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señala que unos 25 000 centroamericanos ingresan ilegalmente cada mes por la frontera sur de México.

El documento indica también que, según datos de organismos no gubernamentales de América Central, la cifra de esas muertes anuales podría ser mayor de 450, ya que "hay cientos de desaparecidos de quienes se desconoce su paradero final".

Un informe gubernamental de El Salvador, por ejemplo, revela que entre 1997 y 2005 unos 50 000 centroamericanos salieron de ese país hacia Estados Unidos y "nunca llegaron a su destino", dijo en entrevista Edmundo Ramírez, diputado del PRI.

"De esa cifra negra de indocumentados que se perdieron en el camino, algunos de ellos se han quedado a vivir en México y otros murieron y fueron enterrados en calidad de desconocidos", expresó Ramírez.

El estudio fue elaborado por la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados (cámara baja) de México.

Grupos criminales, vinculados con policías y autoridades, secuestran periódicamente en un sitio del meridional estado mexicano de Oaxaca a inmigrantes de América Central y piden rescates de entre 2 000 y 10 000 dólares por cada uno, denunció un sacerdote católico que afirma ser testigo de tales delitos.

"Las mafias tienen la complicidad de la policía y del municipio para secuestrar a los inmigrantes, que llegan hasta este punto exhaustos, hambrientos, pero con la mira clara de seguir hasta Estados Unidos", aseguró desde ciudad Ixtepec el sacerdote Alejandro Solalinde.

El gobierno de Felipe Calderón, que asumió en diciembre, prometió que hará su máximo esfuerzo por garantizar los derechos de los viajeros centroamericanos, pero las denuncias sobre abusos no se han detenido.

Activistas y políticos opositores acusan a las autoridades de aplicar el doble rasero, pues cuando se trata de los derechos de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos reclaman con vehemencia, pero hay poca acción cuando se trata de los centroamericanos en México.

Para llegar a Estados Unidos, los indocumentados de América Central pagan más de 3 000 dólares a traficantes de personas, según diversos informes. Pero esa cantidad no es suficiente, pues en su paso por México son obligados a desembolsar mucho más y sufren asaltos o son secuestrados como en Ixtepec.

Además, muchos resultan lisiados o mueren cuando intentan subir a los trenes de carga, otros son atacados por pandillas juveniles o resultan víctimas de violaciones sexuales.