MÉXICO, 19 de agosto (PL). — En México cada día mueren cuatro mujeres de manera violenta, y más de seis mil niñas y jóvenes fueron asesinadas entre 1999 y 2005, asegura un informe de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados.

Al presentar el documento, basado en datos recogidos durante tres años, Marcela Lagarde, presidenta de la entidad, afirmó que en todos los casos se corroboró que el feminicidio es la culminación de múltiples formas de violencia de género vividas por las víctimas.

La mayoría de las niñas y muchachas victimadas previamente sufrieron atentados contra sus derechos humanos, destacó.

Indicó que todos los procesos ligados a la búsqueda de justicia fueron vistos con impotencia por la ciudadanía que no encuentra causa para exigir sus derechos.

En México, las mujeres carecen de derechos humanos, reafirmó, al tiempo que solicitó al presidente, Vicente Fox, una nueva audiencia para la Comisión Especial y a la procuraduría de justicia vinculada, con el objetivo de que conozcan el informe de viva voz.

La organización genérica, jerárquica y de supremacía e inferioridad que genera la desigualdad entre ambos sexos es un factor fundamental que favorece la agresión femenina.

Asimismo influye el incremento de la exclusión de las mujeres mientras aumenta la tolerancia y aceptación de hombres machistas, incluso quiénes delinquen y no son sancionados, considera el documento.

La impunidad es producto de la inacción del estado, de la omisión y negligencia de las autoridades con los agresores, lo que perpetúa la desigualdad de géneros sin garantizar los derechos de las féminas, agrega.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), sólo en 2004 hubo mil 205 asesinatos, muchos de estos relacionados con el crimen organizado: narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y redes de pornografía.

La tasa más elevada de violencia de género se registra en el estado de México, mientras Oaxaca es la demarcación con más cantidad de homicidios.

El informe concluye que la omisión del gobierno en la preservación, garantía e impulso de los derechos humanos de las mujeres, así como la inexistencia de políticas públicas para impulsar su desarrollo, favorece una cultura discriminatoria y vejatoria hacia las féminas.