WASHINGTON, 15
de agosto (PL).— Seis naciones de Norte y
Centroamérica se niegan a aceptar al terrorista internacional Luis
Posada Carriles, detenido en Estados Unidos por entrada ilegal al
país, pero no por su extenso expediente criminal.
Canadá, México, Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador
rehúsan a recibir a Posada Carriles, quien solicitó a la justicia
norteamericana ser puesto en libertad, al carecer de un país que le de
la bienvenida, pese a los pedidos de Washington.
Según el diario The Miami Herald, en una audiencia celebrada este
lunes, el gobierno estadounidense mencionó, por primera vez, los
nombres de las naciones a las que había solicitado acoger al
terrorista, quien es reclamado por la justicia en Venezuela.
El pasado año, un juez de inmigración negó la solicitud de
deportación de Caracas, pero ordenó su expulsión a cualquier otro país
que estuviera dispuesto a recibirlo, excepto Cuba.
Ethan Kanter, abogado del Departamento de Justicia, que representó
al gobierno estadounidense en la audiencia, le pidió al juez Norbert
Garney que rechazara la petición de libertad de Posada Carriles, ya
que las gestiones de Washington para su extradición continúan.
Garney escuchó este lunes durante dos horas el caso, resolvió no
decidir aún, y anunció que mandará su dictamen por correo.
De acuerdo con el abogado gubernamental Kanter, el terrorista puede
continuar detenido indefinidamente, ya que la ley permite mantener en
esa condición a individuos que "representan un peligro para la
comunidad".
En marzo último, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas
(ICE) envió una carta al criminal en la que le recordaba que el
constituía un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Posada Carriles se encuentra en un centro de detención en Texas,
donde fue recluido en mayo de 2005 tras aparecer en público en Miami y
quedar en evidencia su entrada ilegal a Estados Unidos, procedente de
México.
Hasta ahora sólo ha sido encausado por ese delito migratorio, pese
a la solicitud de extradición presentada por Venezuela, cuya justicia
lo demanda por su responsabilidad en el atentado contra una aeronave
cubana en 1976, acción en la que perecieron 73 personas.
Sus antecedentes criminales también incluyen la planificación de
una serie de atentados con bombas en 1997 contra instalaciones
turísticas de La Habana, en una de las cuales murió el joven italiano
Fabio di Celmo.
El delincuente entró ilegalmente en Estados Unidos luego de ser
indultado en 2004 por la entonces presidenta panameña Mireya Moscoso,
antes de dejar el cargo.
Junto a otros tres terroristas, cumplía una sentencia en una cárcel
de Panamá tras organizar un atentado contra el presidente cubano,
Fidel Castro, en el contexto de la Cumbre Iberoamericana de 2000,
celebrada en ese país.