El presidente
de Bolivia, Evo Morales, anunció este lunes la nacionalización de
los hidrocarburos en una ceremonia realizada en el rico yacimiento
de San Alberto, en Caraparí, sur del país.
La
empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
se hará cargo de los campos, mientras las compañías extranjeras
que los operaban deberán regularizar su situación con nuevos
contratos en un plazo de 180 días, de acuerdo al anuncio, según
dieron a conocer varios despachos de prensa.
"En ejercicio de la soberanía nacional,
obedeciendo el mandato del pueblo expresado en el referéndum
vinculante del 18 de julio de 2004 y en aplicación estricta de los
preceptos constitucionales, se nacionalizan los recursos naturales
hidrocarburíferos del país", señala el decreto leído por el
Presidente Morales.
"El estado recupera la propiedad, la posesión
y el control total y absoluto de estos recursos", expresó.
Según datos oficiales, Bolivia —segunda reserva
de gas natural de la región— produce 150 millones de pies
cúbicos de gas anuales y extrae 3.7 millones de barriles de
petróleo al día.
Morales argumentó que con esta medida se
solucionarán los problemas económicos del país, porque se
generarán más fuentes de trabajo y porque la medida significa el
inicio de una "verdadera nacionalización del Estado".
El decreto establece que las firmas petroleras que
"realizan actividades de producción de gas y petróleo en
Bolivia, están obligadas a entregar la propiedad a YPFB y toda la
producción de hidrocarburos" a partir de este primero de mayo.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia
asumirá desde ahora "la propiedad de todos los hidrocarburos
producidos en el país, asume su comercialización, definiendo las
condiciones, volúmenes y precios, tanto para el mercado interno
como para la exportación y la industrialización", agregó.
Afirmó que "sólo podrán seguir operando en
el país las compañías que acaten inmediatamente las disposiciones
de esta norma legal, hasta que en un plazo no mayor de 180 días se
regularice su actividad mediante contratos que cumplan las
condiciones y requisitos legales y constitucionales".
"Al término de este plazo las compañías que
no firmaron sus nuevos contratos no podrán seguir operando en el
país", sentenció.
"El Ministerio de Hidrocarburos determinará
caso por caso, mediante auditorias las inversiones realizadas por
las compañías así como sus amortizaciones, costo de operaciones y
rentabilidad obtenida en cada campo petrolífero", dice el
decreto.