BOGOTÁ, 23 de junio (PL).— La aprobación del polémico proyecto para legalizar la desmovilización de los paramilitares deja hoy un muy mal sabor en Colombia por la intolerancia y los fuertes roces entre el Gobierno y los opositores a esa iniciativa.

Después de poco más de dos años de debates en el Congreso, los legisladores terminaron sancionando una iniciativa gubernamental que para muchos analistas y observadores locales no conducirá a la paz ni al desmonte del paramilitarismo en esta nación andina.

Destinado a crear el exigido marco jurídico para la desmovilización e incorporación a la vida civil de los integrantes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el proyecto tuvo varios nombres en estos dos años y sufrió numerosas modificaciones.

Las dos primeras propuestas fueron rechazadas por los congresistas y hasta por los propios cabecillas de las AUC, quienes desde un inicio afirmaron que sólo entregarían las armas si la legislación les concedía beneficios como poco o nada de tiempo en la cárcel y la no extradición por sus delitos de narcotráfico.

La última iniciativa, elaborada por el Gobierno y los aliados del Ejecutivo en el Legislativo, bajo la dirección del presidente Álvaro Uribe, fue bien acogida por los jefes paramilitares, ya que le consideraba su accionar armado como sedición.

Lo anterior, equipara a las AUC con las fuerzas guerrilleras, e impide la extradición, debido a que la sedición constituye un delito político no extraditable.

Pero lo peor de esa decisión radica en que los paramilitares nacieron bajo el amparo de las autoridades oficiales y por ende nunca se opusieron al Estado, por lo cual no se justifica el calificativo de sediciosos que les confiere la nueva ley.

Lo más llamativo y a la vez preocupante, ya que puede concluir en que la Corte Constitucional declare fuera de lugar el proyecto, radica en que para muchos legisladores no se podía discutir en sesiones extra del Congreso por constituir una ley estatutaria, pues cambia la Constitución.

Por ello, el senador Darío Martínez indicó que lo más conveniente es que a partir del próximo 20 de julio se presente una nueva propuesta estatutaria, para buscar el marco jurídico que se aplique en las estrategias de paz.

Asimismo, representantes colombianos coinciden con Martínez y agregaron que las impugnaciones contra la propuesta serán tan numerosas que su existencia será efímera y solo servirá para corregir los grandes errores que están incluidos en su texto definitivo.

Las críticas internacionales también han acompañado a la legislación, como el caso de los organismos de Naciones Unidas acreditados en Colombia.