Gobierno británico intenta evitar renuncia masiva
de magistrados
LONDRES, 17 de enero.—
El Gobierno británico introducirá enmiendas a la nueva propuesta
de ley antiterrorista para evitar una renuncia masiva de magistrados
especiales, a cargo de detenidos extranjeros sin derecho a juicio,
revela hoy The Guardian, reportó PL.
Rick Scannell, uno de
los 19 jueces especiales —los únicos autorizados para acceder a
los informes secretos que contienen las causas por las cuales son
acusados los arrestados—, presentó su dimisión ante el fiscal
general, Lord Goldsmith.
De acuerdo con el Acta
de Terrorismo, Crimen y Seguridad del 2001, los residentes foráneos
en este país pueden ser detenidos por tiempo indefinido y sin
oportunidad de juicio, si se sospecha que participaron en acciones
violentas.
La Cámara de los Lores,
máxima instancia judicial, aprobó una resolución en diciembre que
considera contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos la
referida legislación, después de analizar una demanda de 12
extranjeros retenidos.
Scannell afirma en su
misiva que es imposible actuar conscientemente en el marco de un
sistema que continúa con la práctica de violar los derechos de los
detenidos, sobre todo, cuando los lores se pronunciaron en contra.
Medios de prensa locales
compararon la cárcel de Belmarsh con la prisión improvisada que
instaló Estados Unidos en su ilegal base naval en la Bahía de
Guantánamo, situada en el Oriente de Cuba.
En esa instalación
Washington mantiene a cerca de 600 personas de unos 40 países hace
más de dos años, sin presentarle cargos específicos y en medio de
humillaciones denunciadas por los detenidos, como ocurrió con seis
británicos ya liberados.
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