Gobierno británico intenta evitar renuncia masiva 
de magistrados

LONDRES, 17 de enero.— El Gobierno británico introducirá enmiendas a la nueva propuesta de ley antiterrorista para evitar una renuncia masiva de magistrados especiales, a cargo de detenidos extranjeros sin derecho a juicio, revela hoy The Guardian, reportó PL.

Rick Scannell, uno de los 19 jueces especiales —los únicos autorizados para acceder a los informes secretos que contienen las causas por las cuales son acusados los arrestados—, presentó su dimisión ante el fiscal general, Lord Goldsmith.

De acuerdo con el Acta de Terrorismo, Crimen y Seguridad del 2001, los residentes foráneos en este país pueden ser detenidos por tiempo indefinido y sin oportunidad de juicio, si se sospecha que participaron en acciones violentas.

La Cámara de los Lores, máxima instancia judicial, aprobó una resolución en diciembre que considera contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos la referida legislación, después de analizar una demanda de 12 extranjeros retenidos.

Scannell afirma en su misiva que es imposible actuar conscientemente en el marco de un sistema que continúa con la práctica de violar los derechos de los detenidos, sobre todo, cuando los lores se pronunciaron en contra.

Medios de prensa locales compararon la cárcel de Belmarsh con la prisión improvisada que instaló Estados Unidos en su ilegal base naval en la Bahía de Guantánamo, situada en el Oriente de Cuba.

En esa instalación Washington mantiene a cerca de 600 personas de unos 40 países hace más de dos años, sin presentarle cargos específicos y en medio de humillaciones denunciadas por los detenidos, como ocurrió con seis británicos ya liberados.

 

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