Durante décadas los poderosos recursos publicitarios del imperio repitieron hasta dejarla establecida, como verdad inobjetable, la frase "American way of life", indicando con ella que habían alcanzado la sociedad ideal.

El modelo de vida ofrecido se convirtió, por obra y gracia del poder mediático, en punto de referencia para el resto del mundo, el cual debía plantearse como aspiración suprema el luchar por hacerlo todo de ese mismo modo, sin tener en cuenta diferencias culturales, tradiciones históricas, medio geográfico y, sobre todo, desarrollo económico.

Pero la realidad resulta más fuerte que los simples "slogans", perdurables más allá de la desaparición de las virtudes proclamadas. En los últimos años el modo de existir norteamericano dejó de ser ese paradigma de sociedad humana que pretendió, tras el derrumbe de muchos de sus supuestos valores.

Así ocurrió, entre otros, con la delincuencia juvenil y el enfrentamiento a ese virtual flagelo que compromete seriamente el futuro de la Nación.

Cada día es mayor la participación de adolescentes y jóvenes en el tráfico y consumo de drogas, el empleo de las armas de fuego, la organización de pandillas y en general en la práctica de la violencia, hasta un punto donde varios especialistas han advertido, alarmados: la situación llega a afectar la calidad de vida en muchas comunidades y no solo en las zonas urbanas.

Desde 1984 el número de casos en los tribunales de menores ha registrado un alza del 68 por ciento. A partir del 87 los menores de edad detenidos y confinados en instituciones estatales han aumentado de unos 90 000 a 400 000 en 2002. El sistema sufre por el exceso de expedientes y la escasez de personal en los órganos de justicia.

En la actualidad el Estado norteamericano invierte unos 6 000 dólares anuales para educar a un niño, sin embargo, desembolsa 30 000 para mantenerlo en instituciones penales. El mayor problema, no obstante, radica en que en Estados Unidos no existe un sistema judicial único y general para menores.

Increíble, pero cierto, en el territorio de la Unión hay 52 sistemas separados y en cada estado difiere la definición de qué es un menor de edad. En Massachussets, por ejemplo, un delincuente juvenil lo es a los 17 años, pero si resulta acusado de homicidio, entonces se le considera mayor de edad a los 14.

La incapacidad demostrada por la sociedad norteña en el enfrentamiento a la delincuencia juvenil preocupa cada día más a los especialistas.

El juez Luis G. Pérez, miembro del tribunal de menores en Worcester, se ha dirigido a las autoridades superiores del país en términos que no ofrecen dudas al respecto.

El prestigioso jurista ha dicho: "Es imposible solucionar los problemas sociales tan apremiantes como la delincuencia juvenil únicamente en los tribunales, como si los actos sucedieran en un vacío. Tiene que existir colaboración activa entre los diversos elementos de las comunidades y gobiernos; líderes políticos, educadores y religiosos, organizaciones civiles y otros."

Enfático, añade: "Ello requiere que dejen de echarse mutuamente las culpas y dejen de actuar mayormente en respuesta a informaciones sensacionalistas en los medios de comunicación sobre los crímenes y comiencen a trabajar juntos con el propósito de resolver una serie de cuestiones críticas y complejas que afectan a la juventud y a toda la sociedad."