LA PAZ, 23 de julio (PL).— Los muertos en violentos incidentes en Bolivia, en menos de un año de la administración del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, suman ya 68, según recuentos no oficiales divulgados hoy, tras nuevos disturbios en el oriente del país.

Las trágicas cuentas fueron hechas tras la muerte ayer de Pablo Zelaya cuando más de 500 soldados reprimieron una protesta de los pobladores de Santa Rosa de Sara, en la oriental región de Santa Cruz.

Si bien esa localidad amaneció tranquila y representantes del Gobierno y los pobladores pactaron un acuerdo de distensión, las críticas de dirigentes opositores, populares y humanitarios, caen con fuerza sobre el Gobierno.

El entendimiento posibilitó el retiro de las tropas del pueblo y el compromiso de los civiles de no volver a cortar el flujo de un gasoducto que pasa por el lugar y cuyo cierre motivó el envío de los militares a reprimir la protesta, en demanda de una pequeña carretera, títulos de tierras y otros reclamos.

El presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, Waldo Albarracín, dijo que el Gobierno muestra mano dura para la represión, pero no tiene la misma decisión para atender las demandas populares y combatir la corrupción.

Calificó de desproporcionada la decisión gubernamental de movilizar tropas, en defensa de la transnacional norteamericana Transredes, dueña del gasoducto. contra una pequeña población movida por motivos no delincuenciables.

La defensora interina del Pueblo, Carmen Beatriz Ruiz, acusó a las fuerzas militares de haber disparado a "mansalva" contra civiles inermes, lo que excede las obligaciones castrenses.

El principal líder opositor, Evo Morales, jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), condenó la prepotencia represiva del Gobierno y su política permanente de usar a las Fuerzas Armadas contra el pueblo.

Según el líder izquierdista, el Gobierno ha decidido meter bala al pueblo en lugar de resolver sus demandas y desconoce el derecho ciudadano de protestar y hacer conocer sus reivindicaciones.

El vocero presidencial, Mauricio Antezana, dijo que el Gobierno lamenta la muerte y acusó a los pobladores de Santa Rosa de Sara de haber asumido actitudes extremadamente radicales pese a que estaba abierto un diálogo con las autoridades sobre sus demandas.

Morales anunció que, como diputado, pedirá la comparecencia en el Parlamento de los principales responsables de los incidentes, los ministros del Interior, Yerko Kukoch, y Defensa, Freddy Teodovich, este último recién librado de una censura parlamentaria por haber autorizado el uso de soldados como peones en una finca privada.

La jefa de la bancada parlamentaria del socialdemócrata y cogobernante Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), Elsa Guevara, exhortó al Presidente Sánchez de Lozada a deshacerse de los dos ministros, en particular de Teodovich.

Comentó que es intolerable que el Ministro de Defensa sea interpelado por tercera vez, en alusión a que Teodovich pasó por una situación similar en febrero pasado, por la represión de un estallido social, con saldo de 32 muertos, y este mes por el escándalo de los reclutas peones.

En ambos casos, el polémico ministro fue respaldado por el Jefe de Estado y por la mayoría oficialista parlamentaria, en medio de denuncias del MAS de que tiene el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, que suele intervenir en asuntos internos bolivianos.