WASHINGTON, 3 de junio (PL). — Ante
el creciente número de pleitos legales y demandas de indemnización
debido a negligencias y mal trabajo clínico, los hospitales y
compañías de seguro de Nueva York abogan por un cambio en las
leyes que rigen estos casos.
Como las casas aseguradoras se ven en
la obligación de compensar a una mayor cantidad de perjudicados,
incrementarán las primas de seguro que los centros hospitalarios
deben pagarles anualmente, y estos a su vez se quejan de tal
decisión.
De ahí, que hayan aunado sus voces
para exigir a la Asamblea Legislativa del estado que cambie las
reglas con el objetivo de que limiten las posibilidades de los
demandantes, que hicieron sentir con más fuerza sus reclamos luego
que una corte de Manhattan falló a favor de un niño quien sufrió
daños cerebrales permanentes luego de ser sometido a una operación
en el Hospital Presbiteriano de Nueva York.
Samuel Desiderio y su familia
deberán ser indemnizados en 40 000 000 de dólares
durante el lapso de vida que le quede al menor.
A la luz de ese veredicto, las
compañías de seguro advirtieron a hospitales, clínicas y doctores
que duplicarán el valor de las primas o lo elevarán aún más, o
simplemente no brindarán cobertura para ciertos casos de
negligencias.
De acuerdo con los cálculos, un
hospital grande en Nueva York tendría que pagar en primas unos
20 000 000 de dólares al año.
Frente a la disyuntiva de tener que
desembolsar más dinero para protegerse, algunas administraciones
hospitalarias —según el diario The New York Times— han
argumentado que se verán forzadas a clausurar servicios de alto
riesgo como los de obstetricia y de salas de emergencia.
Aseguradores y administradores
clínicos comenzaron a cabildear a fin de tratar de lograr que el
congreso estatal en Albany modifique la actual ley para estos casos
en los 16 días que le restan a la actual sesión legislativa este
año.
Pero es difícil que los legisladores
neoyorquinos le dediquen tiempo a ese reclamo cuando todavía les
queda por resolver algunos asuntos más candentes como la disputa
sobre los controles sobre la renta estatal y la ley de limpieza de
desperdicios tóxicos, advierte el Times.