LA PAZ, 13 de mayo (PL).— Un informe de la OEA sobre un luctuoso estallido social en Bolivia continúa hoy sometido a duros cuestionamientos de quienes lo consideran parcial y complaciente con el Gobierno.

El documento fue entregado ayer por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y parece destinado a engrosar el largo historial de actuaciones discutibles de la entidad afincada en Washington.

El informe focaliza la responsabilidad de los disturbios ocurridos el 12 y 13 de febrero, con un saldo de 29 muertos, en la huelga policial por mejores sueldos y contra un impuesto al salario, que detonó la violencia.

El líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, criticó a la OEA por no señalar las responsabilidades del Gobierno y del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas presiones dieron lugar al tributo al salario y que el reporte menciona solo como exigencias excesivas.

Consideró previsible un informe como el emitido por Cesar Gaviria, secretario general de la OEA, porque este y el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada "son compadres del modelo neoliberal y reciben órdenes directas de Estados Unidos".

Agregó que tanto la OEA como el Gobierno boliviano pretenden ocultar que las protestas de febrero fueron parte del "rechazo popular al sistema neoliberal que genera más hambre, miseria y desocupación en todo el continente".

Morales señaló la acelerada pérdida de credibilidad de la organización y dijo que el desgaste es mayor con la dirección de Gaviria, cuyo informe pretende que las muertes queden impunes y que las autoridades sigan en funciones sin responder por lo ocurrido.

El pronunciamiento de la OEA, añadió, constituye "un esfuerzo para apoyar a un gobierno que ha perdido toda legitimidad y credibilidad popular".

El diputado y dirigente de Nueva Fuerza Republicana (NFR), Erick Reyes, fustigó el informe por no identificar a los responsables de las muertes y lo consideró "clon" del que la OEA hizo en 1996 sobre una matanza minera, que terminó impune.

El polémico documento, de 30 páginas, justifica también el uso de la fuerza por los militares que sofocaron las protestas y causaron el mayor número de muertes, al señalar que "actuaron en defensa de la democracia y del estado de derecho" y lo hicieron en forma "contenida y proporcional".

Propugna, además, un acuerdo nacional o pacto social que no toque aspectos clave para la oposición, como el modelo económico neoliberal y la política antidrogas concertada con Estados Unidos, términos rechazados por Morales y Reyes.

Los dos dirigentes coincidieron en que la recomendación confirma la parcialidad de la OEA con la administración boliviana y propugna un entendimiento solo para salvar a esta y no a la democracia.

El jefe del Movimiento Indígena Pachacuti (MIP), Felipe Quispe, señaló que el informe pretende garantizar la impunidad al Gobierno y advirtió que si la Fiscalía —que según la OEA debe hacerse cargo— no esclarece la matanza, los campesinos reclamarán justicia en las calles.

Por su parte, el mayor David Vargas, líder de la huelga policial de febrero y actualmente sometido a juicio por indisciplina, rechazó el pronunciamiento de Gaviria porque —precisó— condena a los huelguistas y prácticamente felicita a los militares represores.

Agregó que la OEA no investigó los luctuosos sucesos y solo se basó en la información suministrada por el Gobierno.

El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Waldo Albarracín, señaló que el informe incurre en superficialidad al justificar la represión militar "en defensa de la democracia", sin considerar que lo que estaba realmente en peligro eran los derechos humanos.

Sobre la recomendación de que la Fiscalía esclarezca lo ocurrido, lamentó que la OEA omita analizar los mecanismos de la impunidad institucionalizada y la vulnerabilidad de esa instancia judicial, limitada de medios y sometida a presiones oficiales.

El gobierno, por su parte, respaldó plenamente el informe, y el vocero presidencial, Mauricio Antezana, prometió pleno apoyo legal y económico a la Fiscalía para que investigue los sucesos de febrero como recomienda la OEA.