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NACIONALES |
EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD EN LA LUCHA ANTIDROGAS
El tema del narcotráfico, en el cual lamentablemente los colombianos tenemos alguna experiencia dolorosa, ¿qué es lo que hay detrás del problema del narcotráfico? Lo que hay es una concepción perversa sobre la solución del problema del narcotráfico, que trató de victimizar a Colombia y de convertirla en una especie de Viet Nam en la lucha contra la droga, para trasladar a Colombia la lucha que estaban perdiendo los países consumidores dentro de sus propias fronteras contra la demanda.
Nosotros nos opusimos con valentía a ese intento de unilateralizar la lucha contra la droga. Nosotros dijimos: Detrás del problema de la droga lo que existe es un problema de mercado, porque si no existieran 210 millones de consumidores de drogas en el mundo, especialmente concentrados en los países industrializados, jamás Colombia habría sembrado una mata de coca, ni estaría en las circunstancias actuales confrontando una de sus más severas amenazas contra la estabilidad institucional.
Lo dijios y lo repetimos, hasta que finalmente la última Asamblea de las Naciones Unidas de lucha contra las drogas, convocada por solicitud de México y de Colombia, aceptó los dos principios colombianos, principios éticos y políticos que deben manejar el problema de la droga en los próximos años: el principio de la corresponsabilidad: Todos los países somos responsables en la lucha contra la droga, consumidores y productores, y el principio de la integralidad: Mientras no actuemos drástica y dinámicamente sobre todos y cada uno de los eslabones de la cadena diabólica de la droga, no seremos capaces de reducirla, ni mucho menos de eliminarla.
Actuar en la erradicación de los cultivos ilícitos, por supuesto, pero con sustitución social de cultivos, porque donde se siembra una mata de coca y se erradica sin darle condiciones al campesino para que siembre un producto alternativo, florecerá la coca nuevamente.
La posibilidad de, obviamente, combatir la producción industrial, destruir los laboratorios de producción de drogas, pero siempre y cuando los países industrializados no vendan los precursores químicos que se utilizan para transformar la pasta vegetal en la materia industrial que es la cocaína.
Por supuesto, actuar con energía en la persecución de los carteles del narcotráfico, pero no solamente persiguiendo a los mayoristas que vienen de los países productores, sino también a los minoristas que sospechosamente nunca son encarcelados en los centros de consumo de los países industrializados.
Actuar drásticamente sobre materias como el lavado de activos, porque el 80% de los 500 billones de dólares que produce el negocio de la droga, mucho más grande que el del petróleo, se recicla a través de los circuitos financieros internacionales sin que regresen jamás a los países productores de la droga.
En una palabra, actuar sobre la demanda como el punto final de llegada del problema de las drogas y el narcotráfico.
¿Cómo pedirle a un país, como Colombia, que ha pagado 5 000 vidas, que está lleno de huérfanos, que ha sido víctima del narcoterrorismo, de la narcocorrupción, que ha visto amenazada sus instituciones, que solucione el problema del mundo, si no existe una conciencia clara de que hay que actuar con la misma efectividad en el punto de llegada que en el punto de partida?
Y como estas cuestiones de la ética capitalista son tan extrañas, a nosotros, que nos critican por estar del lado de la demanda en materia de la droga, cuando hablamos del segundo problema, que es el problema de las armas, nos están criticando por comprarlas.
Pues bien, en este tema del armamentismo, el Movimiento señala un nuevo y peligroso resucitamiento de los apetitos armamentistas en el mundo. No de los conflictos nucleares, que esa es la violencia al por mayor, que le interesa a los países desarrollados; hablamos de la venta de las armas convencionales, que nos interesa a los países en desarrollo. Si nosotros aceptamos que se levanten los embargos que actualmente limitan la venta de armas en el hemisferio americano; si seguimos incentivando la posibilidad de que las armas que dejaron los países que hoy se están reintegrando a la economía capitalista sean vendidas en nuestros mercados, vamos a perder todo el margen de inversión social que conseguimos después de haber pasado la crucifixión de la deuda externa que vivimos en los últimos años.
Por eso hemos propuesto a nombre del Movimiento de Países No Alineados una moratoria de cinco años para que los países revisen sus inventarios de armas y que haya un compromiso por parte de los vendedores de armas de un embargo durante este mismo término, mientras nosotros sabemos razonablemente en qué podemos o debemos armarnos. Pero detrás de los vendedores de armas están los senadores partidarios del armamentismo; detrás de ellos están los vendedores de municiones para utilizar esas armas, y todos financian los vendedores de conflictos, que son necesarios para que el conflicto surja y se puedan utilizar en nuestros países y en nuestras fronteras.
Tenemos claro temas como el del terrorismo, que me lleva a una observación simplemente marginal sobre el tema que actualmente se discute en Roma respecto a la posibilidad de configurar un tribunal internacional para sancionar y para castigar la comisión de delitos, especialmente los relacionados con los llamados delitos de lesa humanidad.
El Movimiento de Países No Alineados no se opone a que exista este tribunal internacional, no se opone a que se juzgue a los terroristas; pero nosotros queremos dejar muy claro, por lo menos, dos observaciones: la primera es que el momento en el cual pierde la competencia un país para que sus nacionales sean juzgados por el tribunal internacional debe ser absolutamente reglamentado, para que no terminemos justificando secuestros políticos de nacionales acusados injustamente de haber cometido delitos internacionales.
En segundo lugar, rechazamos cualquier injerencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en este tribunal (Aplausos), que lo convertiría -todos, por supuesto, apoyamos juicios de carácter de sancionamiento de violadores del derecho internacional humanitario-, simple y sencillamente, en tribunal para efectuar juicios políticos.
