Una mayor profundidad y amplitud en el reconocimiento de los derechos lingüísticos de la comunidad sorda está entre los beneficios inmediatos constatados tras la reciente aprobación del Decreto-Ley de la Lengua de Señas Cubana, lo que constituyó también una oportunidad en la edificación de una sociedad más inclusiva.
Alrededor de 70 países han adoptado la lengua de señas como lengua primaria para sus comunidades sordas, sin embargo, en Cuba no existía un instrumento legal que validara la nuestra como forma principal de comunicación para las personas con esta condición, explicó a Granma, Rita Machín Reyes, subdirectora de Prevención Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Esta legitimación era un antiguo pedido de la comunidad sorda, que ahora se podrá beneficiar con servicios de interpretación en diferentes contextos, como hospitales, tribunales o espacios culturales. «La idea es que, si una persona sorda llega a cualquier institución, pueda contar con un intérprete que le explique sus derechos y opciones», afirmó.
El Decreto-Ley igualmente promueve la difusión y enseñanza de la Lengua de Señas Cubana en el sistema educativo nacional. «Estableceremos un modelo de educación bilingüe que garantice los recursos humanos y metodológicos necesarios para su implementación efectiva», aseguró Machín Reyes.
Cuando se habla de educación bilingüe, en este contexto, se integra en el proceso educativo tanto la lengua de señas como el idioma oral, lo que tendrá una repercusión positiva en la diversificación de la formación de intérpretes, que abarcará desde niveles técnicos hasta universitarios.
Rita Machín añadió que «es crucial que tengamos intérpretes capacitados en todas las modalidades de estudio, para cubrir las necesidades educativas de los estudiantes sordos».
También destacó la importancia de contar con profesores que puedan enseñar lengua de señas. «No solo se trata de formar intérpretes, sino de asegurar que haya docentes capacitados para impartir esta enseñanza en todos los niveles educativos», indicó.
Puntualizó que «es fundamental que todos los organismos, una vez aprobado el Decreto-Ley, busquen mecanismos adecuados para ofrecer servicios de interpretación»; esto puede incluir la colaboración con la Asociación Cubana de Sordos, que ya cuenta con profesionales capacitados para facilitar la comunicación.
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