Del control de la legalidad en entidades económicas y de servicios

La actuación con apego a la ley es un deber cívico y constitucional de todos los ciudadanos, y obligación en la conducta de los que ocupan responsabilidades administrativas en los distintos niveles.

La Fiscalía, conforme su misión constitucional, ejecutó en 2023 más de 400 acciones de control en el país, dirigidas a comprobar el cumplimiento de normas y disposiciones jurídicas en órganos, organismos y entidades que realizan actividades y prestan servicios públicos de impacto para la economía y la población.

Como resultado, los fiscales exigieron responsabilidad disciplinaria a más de 2 000 responsables, el 55 % de los cuales ocupaba plazas de directivos y funcionarios.

SE INICIARON PROCESOS PENALES CONTRA LOS PRESUNTOS IMPLICADOS, ENTRE OTROS, POR LOS SIGUIENTES DELITOS:

• malversación
• falsificación de documentos
• uso indebido de recursos financieros y materiales
• cohecho
• infracción de las normas de protección de los consumidores
• incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas

SE INVESTIGARON: + de 600 denuncias de la población

Mediante acciones de control propias o investigadas por los organismos correspondientes, por requerimientos del fiscal, se determinó que en el 58,8 % asistió razón al denunciante, en todo o en parte, de lo cual derivó la exigencia del restablecimiento de la ley.

Las acciones de control se realizaron, fundamentalmente, en sectores implicados en temas estratégicos para el desarrollo de la economía del país, o vinculados a políticas sociales que favorecen a las personas en situación de vulnerabilidad.

PRINCIPALES VIOLACIONES DETECTADAS:

En el otorgamiento de subsidios a las personas naturales en situación de vulnerabilidad, para la construcción y reparación de viviendas:

• Directivos y funcionarios de direcciones municipales de la Vivienda informaron inmuebles terminados sin estarlo.
• Demoras injustificadas en la elaboración de la documentación técnica e irregularidades en la entrega de materiales a las personas beneficiadas.
• Personas subsidiadas compraron materiales de la construcción con cargo al financiamiento aprobado, que posteriormente vendieron.

 En la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo:

• Personas responsabilizadas en los trámites de otorgamiento de tierras estatales en usufructo se implicaron en conductas delictivas en beneficio propio y/o de terceros.
• En el tratamiento a los faltantes de vacunos, personas con responsabilidades en la tramitación se pusieron de acuerdo con los propietarios y les dieron baja por muerte, mediante certificaciones falsas.
• Apropiación de dinero proveniente del pago de bienhechurías.
• Personas naturales que ocupan tierras de forma ilegal, sin actuación por las entidades estatales que las administran.
• Pérdidas de ganado que no se investigan.
• Insuficiente control y fiscalización a la ejecución de los contratos para la entrega de tierras ociosas en usufructo.

De las normas y procedimientos que regulan la distribución, control y uso del combustible en entidades de Servicios Comunales:

• Niveles de consumo de combustible que carecen de documentación y respaldo en actividades que los justifiquen.
• Comprobantes con irregularidades.
• Empleo del combustible asignado a la prestación de servicios sensibles –como los necrológicos– en actividades administrativas y otras no autorizadas en el sistema de Comunales.
• Extracción en tarjetas asignadas a medios que se encontraban paralizados.

De las direcciones de inspección de las administraciones locales y de inspección estatal de los órganos de la Administración del Estado:

• Inspectores que elaboran comprobantes de multa falsos.
• Anulación de multas para favorecer a infractores, falsificando la documentación primaria, con participación de directivos y funcionarios.
• Multas que no fueron presentadas a las oficinas correspondientes para su registro y gestión de cobros.
• No se analizan los factores que favorecen las altas cifras de multas pendientes de cobro.
• No se implementan mecanismos durante la vía de apremio, como el embargo salarial y de bienes muebles.
• A las acciones anteriores se unen otras realizadas en entidades encargadas de almacenamiento y transporte de alimentos en Santiago de Cuba y Guantánamo, en las que se comprobó la apropiación de recursos mediante la falsificación de los controles y documentación primaria; cuyos responsables se encuentran sujetos a proceso penal.

¿QUÉ PREVÉ LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN 2024?

Continuar la realización de acciones de control de la legalidad en:

• la asignación por el Estado de recursos materiales para atender a personas en situación de vulnerabilidad, y el otorgamiento de subsidios a estas.
• la distribución, control y uso del combustible en actividades productivas y de prestación de servicios.

Verificar:

• el funcionamiento de las oficinas del Registro de Consumidores.
• el uso y destino de materias primas y productos terminados en entidades pertenecientes a la Industria Alimentaria.
• la contratación de las producciones, entrega y destino final de leche fresca, de los productores a las empresas estatales.
• la elaboración de la ficha de costos y gastos de productos y servicios para la evaluación de precios y tarifas.

En las entidades económicas en que se lleven a cabo las acciones de control, se revisarán, de manera complementaria, entre otros temas:

• el uso racional y ahorro del agua.
• el cumplimiento de las normas jurídicas de la contratación económica.
• el cumplimiento de las normas jurídicas para los pagos en las relaciones con los trabajadores por cuenta propia, mipymes y las cooperativas no agropecuarias.
• la protección al medioambiente y los recursos naturales.
• el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
• la recuperación de materias primas.

La dirección del Estado y del Gobierno convocan al combate contra las ilegalidades, las indisciplinas, la corrupción y el delito, a partir del cumplimiento efectivo de la ley por los responsables administrativos, y la sistematicidad del control interno, con la participación activa de los colectivos laborales.

La Fiscalía General de la República mantendrá la exigencia en el cumplimiento de la ley y el rigor en el tratamiento jurídico penal y penitenciario.