Una denuncia efectiva y rápida aumenta el éxito del enfrentamiento

El compromiso de las principales fuerzas del orden en el país quedó evidenciado, esta semana, en la última transmisión del programa televisivo Hacemos Cuba, al que asistieron Alina Montesino Li, vicefiscal general de la República; el coronel Hugo Morales Karell, segundo jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR); y Reynol Pérez Fonticoba, vicecontralor general de la República.

Durante la emisión, los representantes de cada organismo explicaron las acciones que centran hoy el enfrentamiento a la corrupción, el delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales de su competencia, lo que cobra más importancia en el actual contexto cubano, fuertemente marcado por una crisis, elemento que en cualquier parte del mundo exacerba la ocurrencia de situaciones que vulneran lo legal.

Desde el Ministerio del Interior, con una incidencia poderosa en la PNR, el enfrentamiento continúa como una prioridad, como parte de la cual se han desarrollado un conjunto de acciones que permiten una mayor comprensión de un grupo de acciones delictivas.

La Fiscalía, por otra parte, ha reforzado la exigencia en los procesos de recepción y tramitación de las denuncias, especialmente en las relacionadas con infracciones de la ley en entidades económicas. Además, incrementó el control de la investigación penal y aumentó la severidad en la solicitud de medidas cautelares, sobre todo en la solicitud provisional y en las penas de internamiento.

Por otro lado, la Contraloría General de la República ha mantenido en pleno ejercicio su propósito de ejercer el control superior sobre los fondos públicos y la gestión administrativa y, en razón de ello, lleva a cabo sus acciones de prevención y control.

Con el fin de aclarar las dudas de la ciudadanía, los invitados al programa respondieron algunas cuestiones relativas a sus procedimientos, y desmontaron algunos mitos sobre lo que está sucediendo, y la actividad de enfrentamiento.

 

ES ILEGAL PORTAR ARMAS BLANCAS

Ante la inquietud relacionada con si es legal o no portar armas blancas en Cuba, la respuesta de las autoridades fue que es ilegal.

Señalaron que en los últimos tiempos se ha incrementado el trabajo de detención de aquellas personas que portan armas blancas, sobre todo en espacios públicos y otros lugares determinados, en función de ir enfrentando de manera más efectiva aquellas conductas violentas que se generan con el empleo de estos instrumentos, como puede ser el robo con violencia.

También se explicó que las autoridades no realizan las detenciones de manera desmedida, sino sobre la base de indicios o características de individuos sospechosos, según los lugares por los que se desplazan.

De ahí que la Policía cubana está en total facultad de revisar aquellas personas deambulantes que, sobre todo en horario de la noche y la madrugada, sean sospechosas de portar este tipo de instrumentos, y pueden proceder a su detención, con el objetivo de neutralizar una posterior conducta delictiva.

Inmediatamente que se radica la denuncia, los fiscales controlan las mismas. En un contexto de incremento del delito, estos casos, como regla, son remitidos a los tribunales, aunque siempre hay excepciones, en dependencia de las personas o de las circunstancias en que el arma fue ocupada.

 

HAY UN CONTROL RIGUROSO DE LAS CONDUCTAS DELICTIVAS ANTERIORES

El Ministerio del Interior desarrolla un trabajo preventivo y profiláctico a nivel de la comunidad, que le permite mantener un control riguroso sobre aquellas personas que, por sus características personales, han tenido conductas delictivas anteriores, se comentó en el programa.

Por otro lado, contribuye en el seguimiento de estas personas el trabajo comunitario a nivel de base, que ejecuta el jefe de sector, de conjunto con los grupos de Prevención Social integrados por todas las organizaciones políticas, gubernamentales y de masas y sociales, así como con el pueblo en sentido general. 

Igualmente, se realiza el control de la delincuencia, tema en el que se insistió en la importancia de la colaboración de la ciudadanía, para que el enfrentamiento pueda realizarse con mayor eficiencia. 

   

ES CLAVE LA DENUNCIA TEMPRANA Y EFECTIVA

Del mismo modo que para la PNR son importantes las denuncias, la Contraloría y la Fiscalía también requieren de acusaciones oportunas, al realizar un ejercicio de control a una empresa o entidad determinada.

La denuncia efectiva y rápida de los delitos cometidos ofrece a las autoridades mayores posibilidades en la investigación; y en la medida en que el hecho se comete y la denuncia se puede radicar, las fuerzas del orden pueden obtener medios de pruebas de manera más rápida.

La atención de quejas y peticiones de la población es una función importante para la Contraloría, que recibe las inquietudes del pueblo de forma presencial en cada una de sus sedes provinciales y de las secciones de esta, radicadas en algunos territorios.

En la Contraloría General se reciben, además, las molestias vinculadas con el delito económico y presuntos hechos de corrupción administrativa; sin embargo, algunas se trasladan a los órganos competentes o a la propia administración.

Se aclaró, además, que, en el caso de presentarse una denuncia y no recibir un resultado satisfactorio, el proceso se realiza nuevamente, exigiendo al organismo que emitió la respuesta otra investigación.

 

EXISTEN MEDIDAS PARA FRENAR LA HUIDA DEL PAÍS

Ante la preocupación de que el autor de un delito pudiera huir del país, evadiendo así la justicia, las autoridades ratificaron que existen medidas desde el punto de vista legal para frenar esas intenciones.

Incluso, antes de radicarse la denuncia, se puede aplicar, administrativamente, la prohibición de salida del país; y con la nueva la Ley del Proceso Penal –una vez radicada la denuncia– se amplía la gama de medidas cautelares.

Entre esas acciones se encuentra la prohibición de la salida del país, la fianza, el embargo, el depósito preventivo de bienes y prohibiciones asociadas a los bienes que las personas hayan adquirido como consecuencia de este actuar ilícito, entre otras. 

 

ATENCIÓN PRIORIZADA A SITIOS DE ALTO INTERÉS ECONÓMICO

Durante el programa se analizaron conductas ilegales, como lo ocurrido recientemente en la Empresa Comercializadora de Alimentos (Copmar), del grupo empresarial pesquero perteneciente al Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal).

Ante este tipo de acontecimientos, que reflejan el incumplimiento de las medidas de control interno y la falta de exigencia administrativa, se aclaró que son la propia administración y los trabajadores de esa entidad los responsables de garantizar el cuidado de los recursos y destino de estos.

El Minint ha trabajado en la prevención de este tipo de conducta, adoptando un grupo de medidas vinculadas, sobre todo, a realizar seguimientos nocturnos, en conjunto con las administraciones, para determinar la capacidad y la calidad del servicio de custodia en aquellos lugares sensibles.

 

HAY MUCHAS NOTICIAS FALSAS PARA ALARMAR

Las autoridades también denunciaron la falsedad de la supuesta noticia que ha recorrido redes sociales en la que se asegura que una pandilla de muchachos agredió, con machetes y cuchillos, a varias personas en la calle Primelles, de La Habana.

Una vez más, se reiteró la importancia del combate virtual contra la difusión de información y noticias falsas, la mayoría motivadas desde el exterior, que buscan generar una percepción de inseguridad y alarma entre la población.

Los miembros del Ministerio del Interior (Minint) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), dirigidos por el Partido Comunista de Cuba (PCC), y en estrecha unión con el pueblo, seguirán en combate para mantener el orden y la tranquilidad ciudadana.

En 2023 se recibieron 627 denuncias:

• En el 58,8 % se determinó que, en todo o en parte, le asistió razón a los promoventes.
• Fiscalía aseguró con prisión provisional al 73 % de las personas presuntamente responsables de cometer delito:
• 91 % en delitos asociados a la violencia y las drogas.
• 90 % en hechos de corrupción.
• 87 % en hechos que afectan el sistema eléctrico.
• 84 % proxenetismo.
• 83 % combustible.
• 81 % medicamentos.
• 79 % en delitos contra el ganado.
• El 89,5 % de las sanciones interesadas por los fiscales implicaron el internamiento de los imputados.
• Superan este porciento las sanciones para los casos de violencia, drogas, corrupción, combustible, proxenetismo, contra el ganado mayor, entre otros.