Luego de escrutar su menguada billetera y la cartera de su esposa, el profesor Joaquín Martínez, de la Escuela Vocacional Comandante Ernesto Che Guevara, de Santa Clara, se dispuso a comprar unas libras de malanga para su suegra, una ancianita con serios problemas gástricos, que solo tolera alimentos de ese tipo.
Al llegar a la tarima del carretillero y leer los precios fijados en la pizarra, sacó rápidas cuentas y se dijo: «Bueno, si está a 30 pesos, puedo comprar diez libras, eso no está mal».
Estiró su mano con los 300 pesos para pagar lo que supuestamente costaba la mercancía y recibió tremenda sorpresa: «Oiga, “puro”, la pizarra es solo para los inspectores, eso cuesta 900, es a 90 la libra».
Tristemente, el de Joaquín no es un caso aislado. Al día de hoy, si se le pregunta a cualquier cubano cuáles son las principales problemáticas que lo afectan, no pocos responderían sin muchos miramientos diciendo: los precios.
Así, genérico, los precios, porque no se trata de un producto determinado, ni es privativo del sector no estatal aunque sea el más visible. Así lo comprobó Granma tras indagaciones al respecto en las provincias de Villa Clara y Las Tunas.
MUCHO POR HACER, PERO SIN BRAZOS CRUZADOS
El ejemplo que abrió este reportaje representa una clara violación de la medida adoptada hace unos meses por el Consejo de Gobierno de Villa Clara, que aprobó precios máximos a 20 productos agrícolas de alta demanda.
Claro que en materia de precios no bastan las medidas, si luego no se establecen los necesarios mecanismos de control que pongan orden a un asunto como este, vital para la población.
Ese también es el criterio de Maricela Alonso Ojeda, intendente del municipio de Puerto Padre, al norte del balcón del Oriente.
«En materia de precios y para el caso de los productos listos para la venta, el municipio tiene regulado el cálculo del precio aumentando hasta un 30 % el costo; aunque no estamos conformes y seguimos incidiendo para que sea menor, y para hacer frente a las violaciones, que no son pocas, un asunto que necesita del concurso de todos. Apelamos a márgenes de utilidad razonables.
«En el caso de las mipymes se nos ha hecho más complejo. Creemos que resulta necesario, como mínimo, que se permita revisar los métodos que utilizan para formar sus precios, con el objetivo de que, aunque lo hagan por correlación con el mercado, se cuente con la forma de cálculo por el método de gasto».
Alain Rodríguez Hernández, director de Finanzas y Precios en el municipio tunero de Colombia, tiene sus propios criterios en relación con los precios.
«Aunque existen diversos factores que influyen, sin duda alguna la producción tiene un lugar indispensable. Necesitamos que exista competencia de ofertas, de lo contrario, cuando se quiere concertar un precio justo, pero la oferta es limitada, quienes lo tienen lo desaparecen de las tarimas, y eso es peor para el pueblo. También es vital la captación de los que comercializan de forma ilegal, que están en nuestros barrios, que inciden en la oferta y que como nadie los controla, venden a precios exagerados».
UNA HERRAMIENTA BIENVENIDA Y MUY NECESARIA
Demostrar las bases que sustentan los precios y las tarifas, actualizar e implementar la ficha de costos y gastos de los productos y los servicios, y disponer de un modelo para su elaboración que no estaba generalizado en todas las entidades, son algunos de los objetivos esenciales de la Resolución 148 de 2023 del Ministerio de Finanzas y Precios.
La misma resulta una muestra del interés de la dirección del país en poner orden en este asunto y constituye «una fortaleza, tanto para las entidades, como para nosotros como dirección de Finanzas», asevera Isabel Cristina Mercantete González, especialista de Precios en la dirección provincial de Finanzas y Precios de Las Tunas.
La resolución no solo establece la obligatoriedad para confeccionar la ficha de costos y gastos, también lo hace para la desagregación de los insumos, la de los salarios, y exige, por ende, la carta tecnológica y la normación del trabajo.
«La adulteración de cualquiera de estos aspectos implica que se eleven los costos y gastos, abre espacio a las ilegalidades, genera descontrol y todo eso se refleja luego en la formación de un precio», asegura Mercantete González.
La 148 también define ciertas regulaciones imprescindibles para que exista justeza en este proceso, como explica la especialista: «Primero, los coeficientes máximos de gastos indirectos. Si usted no los controla correctamente, va a incurrir en pérdidas, porque el precio solo va a cubrir hasta ese coeficiente señalado en la resolución; segundo: regula la normativa de utilidad, y tercero, regula también los gastos de financiamiento a las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial».
Sin embargo, cualquiera podría preguntarse, ¿pero todo eso es para el sector estatal? ¿Y el privado? Al respecto, señaló la entrevistada:
«Aunque los actores económicos no estatales tienen regulaciones diferentes al sector estatal, y sus precios los van a formar casi todos por el método de correlación, sí entran dentro de la obligatoriedad de confeccionar sus fichas, con toda la documentación que les permita demostrar sus verdaderos costos y gastos y la licitud de eso que presentan. Ello permitirá determinar si el precio que aplican es abusivo o especulativo».
Sobre la validez de la resolución también emitió su criterio el director de Finanzas y Precios del municipio de Colombia, Alain Rodríguez Hernández:
«La Resolución nos pone ante la necesidad urgente de que todos los actores comprendan que cada operación económica que realicen tiene que tener trazabilidad, es decir, licitud demostrable.
«También necesitamos que se involucre la población en la denuncia, pero solo lo hará si observa un accionar consciente de nuestras estructuras de control».
DE LO REAL DEPENDE LO JUSTO
Implementar adecuadamente esta resolución, para que cumpla sus objetivos, ha supuesto amplios procesos de capacitación en todos los territorios, y Las Tunas y Villa Clara no son la excepción. Requiere, además, de la total conciencia que tengan de su importancia los encargados de aplicarla.
Granma consultó a especialistas de varias empresas villaclareñas, quienes emitieron su criterio sobre los retos y beneficios de su aplicación.
Erli García Chirino, al frente del Departamento de Precios en la Empresa Productora de Alimentos de Villa Clara (EPPA), reconoció que con el ordenamiento monetario hubo quien determinó precios con diferentes criterios de utilidad, lo que desvirtuó, en alguna medida, el establecimiento de precios justos.
Reconoce, también, que este nuevo modelo da la posibilidad de ajustarse a las características de cada actividad y actor económico, tiene en cuenta criterios de eficiencia, como la racionalidad de las normas de consumo y tecnológicas, la disminución de los gastos indirectos y la introducción de innovaciones de la ciencia y la técnica que contribuyan al incremento de los niveles productivos y los rendimientos.
La EPPA ha adecuado su esquema productivo y la fijación de precios a los nuevos tiempos, a partir de la compra de harina a los nuevos actores económicos (mipymes). Cuando adquirían el kilogramo a 300 pesos, establecieron un margen de ganancia de un 10 %; sin embargo, cuando subió el precio de la materia prima a 330, la entidad fijó la ganancia solo en un 5 %, tratando de no perjudicar a la población.
Sobre el tema, Mireisy Rivero Hernández, directora económica del Grupo Empresarial de Industrias y Artesanía de Villa Clara , reconoce la validez de la nueva resolución.
En la entidad que dirige se han establecido regulaciones necesarias cuando se forman los precios a partir de costos y gastos; explica, además, que en caso de formarlos por correlación, o sea, comparando los precios con otros similares del mercado interno o externo, exigen las evidencias referenciales de estos, con el objetivo de establecer precios razonables a sus productos.
Para Mariela Téllez Batista, directora de la unidad empresarial de base restaurante de lujo 2007, en la ciudad de Las Tunas, la resolución viene a consolidar lo que para su colectivo ha sido desde el comienzo una prioridad de trabajo.
«Lógicamente, cuando usted compra un producto, ese precio de compra tiene luego un peso en el precio de venta a la población. Tratamos entonces de comprarlo lo más barato que se pueda, de evitar intermediarios e ir directamente a la forma productiva, incluso al productor. No podemos decirte que tenemos ganancias millonarias, pero nunca, desde que fuimos creados como unidad, hemos caído en pérdidas, sin necesidad de aumentar exageradamente los precios».
ASUNTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE
Más allá de la validez de la resolución y todo el andamiaje vinculado a su implementación, no todas las entidades cuentan con especialistas de precios, o tras la unificación de plazas han asumido otras tareas que les limitan dedicarse por entero a ese particular con el rigor que implica. También existen debilidades en los departamentos económicos y contables.
Con la autoridad que le dan sus años de experiencia, la especialista de la dirección provincial de Finanzas y Precios de Las Tunas asevera preocupada:
«Lo que vemos como una de las cosas más graves es la poca importancia que le prestan a este tema muchos de los cuadros que hoy tenemos, el poco seguimiento que les dan a la contabilidad de sus entidades, al control interno, y a la formación de precios».
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