Con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana y del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inició, este jueves, el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
Para esta jornada, la agenda parlamentaria contempla el análisis y debate del proyecto de ley del Código Penal Militar, los resultados del cumplimiento de las directivas generales para enfrentar el delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, y el Proyecto de Acuerdo que regula el vínculo de los diputados con los electores del territorio donde resultaron elegidos.
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URGE MAYOR CONTROL EN EL ENFRENTAMIENTO AL DELITO, LAS ILEGALIDADES Y LAS INDISCIPLINAS SOCIALES
Al presentar los resultados del cumplimiento de las directivas generales para enfrentar el delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, destacó que no se alcanza el impacto necesario en la transformación de los problemas existentes.
En el enfrentamiento a las violaciones de precios, puntualizó, se reflejan deficiencias que van desde su concertación, con muestras poco representativas de productores y prestadores de servicios.
Existen, además, debilidades en la efectividad de los mecanismos de atención y control sobre los actores económicos no estatales, los que comercializan productos de alto impacto para la población; así como falta de gestión de las empresas de Comercio y Gastronomía, las que de manera general están comprando productos de forma mayorista a las Mipymes y las comercializan a elevados precios buscando les garanticen rentabilidad.
Asimismo, en la elaboración de las fichas de costos se constata falta de gestión, ausencia de análisis integrales y oportunos, además de fallas en la preparación de sus especialistas.
Valdés Mesa destacó que constituye una limitante para prevenir, enfrentar y transformar la situación antes descrita, el bajo nivel de completamiento y fluctuación de agentes de orden público, jefes de sectores de la Policía Nacional Revolucionaria, inspectores integrales y de otros organismos, gestores de cobros, auditores, fiscales, jueces, trabajadores sociales, entre otros.
Estas consideraciones, resaltó, vienen de un proceso de seguimiento y control, con análisis en reuniones con gobernadores en visitas gubernamentales, y los resultados de las visitas de las comisiones conformadas por el Secretariado y la estructura auxiliar del Comité Central del Partido. Esto devino en más de 100 acciones de comprobación, 1 275 reuniones de intercambio en organizaciones y se contactó con alrededor de 40 000 personas.
SITUACIÓN ACTUAL
Transcurrido ocho meses, la implementación de las Directivas se realiza en medio de una compleja situación agudizada por el bloqueo, los impactos de la crisis internacional y la guerra mediática dirigida por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba.
A lo anterior, dijo, se unen problemas internos –muchos objetivos, pero también algunos subjetivos– entre los se encuentran el mal uso de la tierra que ha provocado escasez de productos agropecuarios e industriales, limitados servicio a la población, problemas organizativos y de dirección, falta de accionar de algunos directivos y funcionarios para escuchar, atender, informar y accionar en la búsqueda de soluciones.
Valdés Mesa señaló que dentro de las principales distorsiones se destacan las que afectan la política de precio con referencia al tipo de cambio informal de la divisa, la especulación financiera en el mercado informal, la retención de fondos financieros por remesadores ilegales en el exterior y su desvío para pagos y a favor de actores económicos no estatales fuera del control del Estado, pagos indebidos, baja productividad del trabajo y pocas ofertas con el incumplimiento de producciones físicas y el empleo de recursos locales.
A pesar de lo anterior, expresó que no han sido las políticas de choque las soluciones a nuestro problema; se han aprobado y aplicado diversas medidas que deben contribuir a la producción de más alimentos, mejora de los servicios y resultados superiores de con impacto en las políticas sociales.
«Aun existiendo esto, se garantizan los servicios básicos de salud a la población, el funcionamiento del sistema de educación y se aseguran oportunidades de estudio, se ejecutan acciones en comunidades identificadas para su transformación social», destacó.
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
El Gobierno dispone de un Sistema de Evaluación y Control de este proceso, que atañe a todas las actividades, estructuras y niveles, precisó el vicepresidente.
En este sentido, explicó, los Grupos de Prevención y Atención Social en los consejos populares, deben fortalecer su papel en el seguimiento intencionado a personas que requieren tratamiento para su reinserción social.
Además, se requiere incrementar y sistematizar la información de contenidos dirigidos a fomentar la cultura de respeto a la convivencia social, acatamiento a la legalidad y rechazo a las conductas negativas.
Valdés Mesa precisó que se potencia la identificación y el control sobre categorías de personas dentro de la delincuencia, en especial asociadas a delitos y conductas antisociales reincidentes o agravadas.
«El registro delictivo, en general, aumentó comparado con igual periodo de años anteriores. En su comportamiento, influyen la tolerancia por parte de la población de no siempre la repudia ni informe a las autoridades responsables de enfrentar estos hechos», manifestó.
Por otra parte, señaló que la no erradicación y continuo surgimiento de las indisciplinas y violaciones urbanísticas en todo el territorio nacional y el incumplimiento de los planes de ordenamiento territorial, atentan contra la calidad y sostenibilidad de servicios básicos como el abasto de agua, electricidad y el saneamiento.
En la compleja situación descrita, corresponde a cada órgano, organismo y entidad un papel más dinámico y efectivo en la prevención y enfrentamiento a partir del encargo estatal.
Comentó que se debe incrementar el accionar e influencia de las organizaciones políticas, sociales y de masas en la comunidad, contribuyendo en la formación de las nuevas generaciones, y en ejercer presión o control social en contra de las acciones delictivas, las ilegalidades e indisciplinas sociales.
PRINCIPAES PROBLEMAS EN LA IMPLEMENTACCIÓN DE LAS DIRECTIVAS
- Se aprecian debilidades en el control interno y la protección de los recursos de todo tipo.
- Están identificados por los trabajadores 313 739 personas en condiciones de estudiar y trabajar, aunque 61 605, el 20%, lo hacen de manera informal y violan, además, el fisco.
- Se avanzó en la evaluación de los barrios y focos precarios, aunque los problemas asociados a la vivienda no alcanzan el ritmo necesario.
- No se han generalizado las rendiciones de cuentas de los directivos con la sistematicidad y la calidad requerida, especialmente de aquellos con recursos materiales y financieros a su cargo
- No se han concluido las aplicaciones informáticas para la comercialización de productos y en algunos territorios no se han ampliado los horarios de venta
-No es suficiente en enfrentamiento a los vendedores ilegales, trabas en los trámites que realiza la población
Por otra parte, Valdés Mesa destacó que se han aplicado alternativas para la mejor comercialización de los productos regulados y controlados y se requiere de su consolidación a partir de una mayor y mejor oferta con precios razonables.
Asimismo, no se ha concluido la digitalización de las Oficodas, en el proceso, acotó, se han detectado 364 000 personas que indebidamente recibían productos de la canasta familiar normada; existe falta de ofertas de productos agropecuarios con precios abusivos, asuntos que generan irritación y malestar a la población.
Señaló que no se publican los listados de precios, los irrespetan o no los cumplen y existen problemas con el funcionamiento de los comités de contratación de precios.
Es necesario, abordó, revertir los bajos niveles de efectividad de las direcciones de inspección y supervisión, alcanzar la eficacia en la gestión de cobros de multas y una disciplina tributaria que incluya la subdeclaración y evitar la evasión fiscal.
Valdés Mesa dijo, a modo de resumen, que los resultados de la implementación de las Directivas, no alcanza la efectividad que se necesita.
No obstante, apuntó que se han realizado acciones que irán contribuyendo a eliminar las causas y condiciones que favorecen la ocurrencia de estos fenómenos, por ejemplo:
- Son protegidos 22 280 núcleos por la asistencia social; de ellos, 21 379 con prestaciones monetarias
- Vinculación laboral de personas desvinculadas aptas para el empleo
- Entrega de 5 074 subsidios para acciones constructivas y legalización de viviendas
PROYECCIONES EN LA CONTINUIDAD DEL TRABAJO CON LAS DIRECTIVAS
- Incrementar las acciones de las administraciones, organizaciones políticas y de masas, en las comunidades, demarcaciones de los consejos populares y municipios, con impactos en la contención y reducción del delito
- Concluir por el Ministerio de Finanzas y Precios la conceptualización de precios abusivos y especulativos
- Concluir el perfeccionamiento y explotación de la aplicación informática para el control y gestión del cobro de las multas
- Incrementar los ingresos tributarios como resultado de mayor control y exigencia, perfeccionar las aplicaciones informáticas que tributen a este objetivo
- Incrementar el rigor y la efectividad de las acciones de enfrentamiento por los órganos y organismos especializados
- Incrementar la divulgación y comunicación de las acciones de enfrentamiento, para disuadir, prevenir y movilizar a la población en función de la contención y reducción del delito
- Promover el acceso a empleos de calidad e incrementar el control popular para enfrentar los precios abusivos
- Aplicación de diferentes alternativas para la mejor comercialización de los productos regulados
Al intervenir en el debate sobre el Informe, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció que las manifestaciones de delitos, indisciplina social y corrupción atentan contra lo más sagrado del proceso de construcción socialista y profundizan las indeseables desigualdades sociales.
Alertó el mandatario que existe un manifiesto empeño imperial de crear un clima de inseguridad y desconfianza ciudadana que fracture la unidad popular en nuestro país, y por eso constantemente exageran, apoyándose en odiadores, cualquier hecho delictivo que tenga ocurrencia en nuestro país, fundamentalmente lo relacionado con violencia.
No obstante, señaló el Presidente, el Estado y el Gobierno cubano no pueden estar ajenos a la ocurrencia de las actividades económicas ilícitas, la indisciplina social, y las manifestaciones de corrupción y de delito que se establecen como una economía paralela sumergida y sucia, que penetra y destruye nuestra vida social.
«Aquí hemos discutido con actitud, hemos manifestado rechazo y creo que en eso tenemos un consenso. Pero ahora nos corresponde lo más importante y decisivo, que es actuar con rigor, articulando la fuerza revolucionaria con la dirección del Partido y la participación de todo nuestro sistema institucional, las organizaciones de masa, la sociedad civil y nuestras instituciones armadas, junto al pueblo», aseveró.
Estas -dijo el Jefe de Estado- son esencias de la naturaleza de la Revolución Cubana para enfrentar la actividad especulativa, la corrupción que tanto daño hace, la pillería, la burocracia, la mentira, la vulgaridad, la indiferencia de las personas y la molestia que ocasiona el irrespetuoso comportamiento de los lumpen.
Señaló Díaz-Canel que no «podemos permitir que quienes no trabajen, no aportan y se mueven en un entorno de ilegalidad, ganen más y tengan mejores condiciones de vida que los que laboran honradamente, aportan y protagonizan la historia del heroísmo cotidiano del pueblo cubano».
Por lo tanto, apuntó, es imprescindible promover el comportamiento limpio y responsable de todas nuestras instituciones, sociedad y en particular de las familias cubanas, que tienen mucha responsabilidad y mucho que aportarle a este combate al que estamos convocando.
«Y lo vamos a enfrentar con unidad, coraje, justicia, determinación, orden, disciplina y efectividad y como nos decían los amigos de la solidaridad cubana ahora cuando estuvimos en Portugal y en la Cumbre de la Celac y la Unión Europea, Cuba vencerá».
Acerca del amplio y sincero debate que tuvo lugar en el Parlamento sobre el tema, Díaz-Canel reconoció que fue estrictamente sincero y honesto, expresión de un conocimiento de la realidad, preocupación y voluntad para perfeccionar la sociedad, con el anhelo que tenemos todos de alcanzar la prosperidad y la mayor justicia social posible que merece el pueblo cubano
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CUBA CUENTA CON LA POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUDES
Muestra de la importancia y prioridad que el Estado cubano brinda a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en adecuación con el actual contexto y necesidades, lo constituye la Política de Atención Integral a la Niñez, Adolescencia y Juventudes, aprobada este jueves, junto a su Plan de Acción 2023-2030, por los diputados al Parlamento.
El vice primer ministro, Jorge Luis Perdomo Di-Lella, al presentar la propuesta significó que esta se corresponde, además, a la necesidad de transformar la legislación vigente, en correspondencia con la Constitución de la República aprobada en 2019, y con los principios fundamentales que ratificó el 8vo Congreso del Partido.
La Política –puntualizó el dirigente– se orienta a articular a todos los factores que intervienen en la atención y protección de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes cubanos, en todas las etapas de su vida y cualesquiera que sean sus condiciones, al tiempo que transversaliza sus derechos y concibe a las nuevas generaciones como actores estratégicos del desarrollo del país.
Resaltó que las primeras ideas para la propuesta se gestaron en los debates de la comunidad académica y científica del país, con la participación del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. A su vez, se constituyó un grupo temporal coordinado por dos Vice Primeros Ministros y con la participación de más de 27 instituciones y organismos.
Indicó al respecto que, con el propósito de fortalecer la visión participativa e inclusiva de todos los factores en su elaboración, fue sometida a consulta pública, en la que participaron alrededor de 20 000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a través de cuestionarios y foros en las redes de revistas Pionero y Alma Mater y el Periódico Juventud Rebelde, a la vez que se han tomado en cuenta criterios recogidos por la dirección del país en encuentros con jóvenes.
De igual forma, dijo, se consideraron los criterios de los diputados a partir de la presentación del proyecto de Política a la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer, así como los derivados del análisis realizado en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, en el Secretariado del Comité Central y en el Buró Político del Partido.
Ponderó Perdomo Di-Lella que en la actualidad el 35% de la población cubana tiene menos de 30 años, de ahí la importancia de que el alcance de la Política esté concebido para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como sujetos titulares de derechos, cuya garantía debe materializarse a nivel colectivo e individual.
Como resultado del trabajo se presenta la Política y un Plan de Acción 2023-2023. En el caso de la Política, precisó Di-Lella que su objetivo general es propiciar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el respeto pleno a sus derechos, su protección e inclusión social con equidad y su contribución al desarrollo social y la unidad nacional, a partir de articular las políticas, legislaciones y normativas nacionales y los compromisos internacionales en materia de niñez, adolescencia y juventudes.
Respecto al Plan de Acción, puntualizó el Vice Primer Ministro que constituye un mecanismo indispensable para la implementación de la Política, pues define las principales acciones a desarrollar, así como los destinatarios, organismos e instituciones responsables de aplicarla.
Detalló que el Plan comprende 120 acciones, de las cuales el 76 % están concentradas en la primera etapa a desarrollarse de 2023 a 2025, al tiempo que es una propuesta abierta que se continuará enriqueciendo y un instrumento de trabajo que requerirá monitoreo permanente para su evaluación y cumplimiento.
La diputada Arelys Santana Bello, presidenta de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer, al dar a conocer el Dictamen sobre la Política, significó que esta reconoce las fortalezas de las que se parte y destaca aquellas áreas que requieren mayor apoyo y trabajo conjunto de todos los sectores que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los implicados en la norma.
Destacó que su elaboración intersectorial y multidisciplinaria contó con la participación activa de la sociedad civil cubana, en particular las organizaciones estudiantiles y juveniles, al tiempo que se realizó un diagnóstico de la situación actual y la propuesta de acciones para su tratamiento y correspondientes estudios de referentes normativos comparados.
El documento –agregó– contiene una sistematización de los antecedentes, la situación actual, la situación demográfica, las potencialidades y una descripción exhaustiva de las problemáticas generales y específicas.
Asimismo, resaltó Santana Bello que resulta relevante que la Política se defina en un marco político de largo término, con acciones que se organizan desde el corto y el mediano plazo, y debe articularse con otras políticas y normativas nacionales orientadas a propiciar el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Sobre su implementación, recalcó que requiere de acciones integrales, intersectoriales e interinstitucionales, encaminadas a asegurar que en los entornos donde transcurren las vidas de los niños, adolescentes y jóvenes existan las condiciones sociales, humanas y materiales, que garanticen la promoción y potenciación de su pleno desarrollo.
Igualmente, destacó que son adecuados los enfoques que orientan las acciones de la Política: enfoque de derechos, de desarrollo integral, del ciclo de vida, generacional, de equidad e interseccionalidad. Estos se articulan con el enfoque de género, el territorial, la atención a la condición de discapacidad y la lucha contra el racismo y la discriminación racial.
En razón de lo antes expuesto, aseveró la diputada, resulta la plena correspondencia del proyecto de la Política con la Constitución de la República y su consecuente inserción en el orden legal y género.
UNA POLÍTICA CONTINUADORA DEL PROCESO REVOLUCIONARIO
En el amplio debate de los diputados sobre la Política, previo a su aprobación, José Carlos Cruz Sandoval, diputado por Baraguá, Ciego de Ávila, significó que el documento asegura la continuidad del proceso revolucionario, al tiempo que ratifica el hecho de que Cuba sea signataria de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y otros documentos relacionados con la protección de estos grupos poblacionales.
A su vez, reiteró que la propuesta ratifica la voluntad del Estado de respetar los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, además de ser un reflejo coherente de los documentos rectores sobre los cuales el país está construyendo el socialismo.
Señaló el diputado que es importante tener en cuenta las distintas miradas en la atención a estos sectores, como por ejemplo los entornos rurales y urbanos, y en las tecnologías de la información y las comunicaciones, en cuanto a su uso seguro y responsable y la formación de valores desde el espacio digital.
La diputada Karla Santana Martínez propuso incluir como uno de los principios orientadores de la política la participación activa pues a pesar de ser una idea manifiesta a lo largo del documento, esta incorporación independiente garantiza, precisamente, ese protagonismo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como sujetos centrales del proceso de aprendizaje para la vida y en la toma de decisiones en nuestros diferentes entornos.
Añadió que la «participación no se da espontáneamente, sino que depende de la capacidad que tengamos de generar estrategias participativas, de crear espacios y medios, instituciones, mecanismos y recursos de participación».
Santana Martínez afirmó que esta es una condición indispensable para que «nosotros, como sujetos principales de esta política, podamos ejercer el dominio sobre los elementos de nuestra vida cotidiana, encaminar nuestros proyectos de vida con este acompañamiento y porque la participación como principio también tiene un carácter instrumental en la satisfacción de otros derechos».
Yamila González Ferrer, diputada por Mantua, Pinar del Río, calificó a la Política como un documento estratégico fundamental para articular, de manera integral, la atención de quienes constituyen el presente y futuro de nuestra nación.
Con respecto al contenido de la norma, puntualizó que, si bien en el Plan de Acción se hace referencia a cuestiones relativas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, debe reflejarse con más fuerza el plan la actualización del Programa Nacional de Educación Sexual, así como la implementación de la Resolución del Ministerio de Educación sobre la Educación Integral de la Sexualidad.
Sugirió también visibilizar en el Plan de Acción, de manera más directa y transversal, elementos vinculados a la cultura de paz, la conciencia cívica y la responsabilidad medioambiental.
La diputada Mariela Castro Espín, quien se desempeña además como directora del Centro Nacional de Educación Sexual, destacó que la educación de la sexualidad ocurre de manera permanente o dirigida científicamente – seamos conscientes o no de ella – y la escuela en su programa de educación sexual riguroso, que se está reflexionando como parte del mecanismo de perfeccionamiento de la educación, requiere el apoyo de todas las instituciones y de la sociedad.
Significó que las instituciones educativas solas no pueden llevar esas tareas, pues la educación de la sexualidad llegará también por las vías no formales, donde las instituciones culturales juegan un papel importante.
También resaltó que la educación de la sexualidad se da de manera permanente y espontánea en la vida cotidiana, en la familia, en la relación de los adultos, en la manera en que se enfrenta la violencia, en los roles de masculino y femenino en la vida doméstica también estamos dando educación de la sexualidad, por tanto, creo que esta política está abriendo un camino para el desarrollo de otras políticas, programas y proyectos.
Castro Espín propuso que dentro de las líneas estratégicas se valoren la posibilidad de incluir una de vulnerabilidad social, y en cuanto a los principios que orientan la política se añada el de intersectorialidad.
Además, recomendó que la Política no solo se destaque la responsabilidad del Consejo de Ministros en el proceso de monitoreo y evaluación, sino también a la ANPP en las Comisiones Permanentes de trabajo.
Inés María Chapman, diputada y vice primera ministra, enfatizó en elementos importantes para las condiciones actuales de la sociedad cubana como lo son las redes sociales digitales. «Tenemos que trabajar mucho en cómo enfocarnos en la transformación de la sociedad cubana para avanzar y desarrollarla, teniendo en cuenta el uso de la tecnología de la información y la comunicación y el enfrentamiento a la colonización cultural», argumentó.
Valoró que se trata de un desafío que debemos enfrentar y por eso se integra dentro de esta Política en un programa que se denomina Sembrar Conciencia, y que va dirigido contra la colonización cultural.
La diputada Aylin Álvarez García, miembro del Consejo de Estado y primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, destacó que esta propuesta reafirma la voluntad estatal en beneficio de las nuevas generaciones de cubanos.
Ampliamente debatida la Política de Atención Integral a la Niñez, Adolescencia y las Juventudes por las diputadas y diputados#PoderPopular #CubaLegisla pic.twitter.com/lkWEu2AkaP
— Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) July 20, 2023
Subrayó que la consulta popular desarrollada por el Centro de Estudio de la Juventud fue un ejercicio de plena participación, donde surgieron valiosas propuestas asumidas en el Plan de Acción de esta propuesta.
Resaltó la participación del universo juvenil en los debates y la elaboración de esta Ley, y la incorporación explícita del término adolescencias desde el título, pues visibilizarlo es ganancia para todos.
Es necesario, dijo, que la población beneficiada de esta política perciba los beneficios y esta no presente burocracia y tenga un impacto real en la vida de nuestros niños, adolescentes y jóvenes.
Comentó la importancia de educar a las generaciones no solo en el camino de la toma de decisiones, sino que participen en el país que aspiran y el cual todos necesitamos.
«Si queremos mejorar las condiciones de vida de nuestros niños, jóvenes y adolescentes, tenemos que dotarlos de una mejor educación. Impulsemos que su proyecto de vida sea en Cuba y por Cuba», concluyó.
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APRUEBAN DIPUTADOS CÓDIGO PENAL MILITAR
El Código Penal Militar, aprobado este jueves por los diputados a la Asamblea Nacional, es una Ley penal militar moderna, atemperada a nuestras realidades socio-económicas, en armonía con la Carta Magna y las demás disposiciones jurídicas vigentes, así como con los instrumentos jurídicos internacionales de los que Cuba es firmante, resaltó Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP).
Al realizar la presentación del Proyecto ante el Parlamento, Remigio Ferro indicó también que con la aprobación culmina el perfeccionamiento del sistema jurídico penal y cierra el ciclo de la constitución de la plataforma legal que da pie al ejercicio de la justicia penal en el país, en este caso en el ámbito militar.
La propuesta, destacó, tiene el propósito de actualizar las regulaciones vigentes en esta materia, garantizar la preservación del orden y la disciplina militar y social, y la tranquilidad ciudadana conforme presenta la Carta Magna.
También busca mantener la armonía y correlación con el Código Penal vigente aprobado para el ámbito común, con la legislación procesal penal y con el perfeccionamiento de los Ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, lo que incide directamente en el fortalecimiento de la justicia militar y la capacidad y disposición formativa de las instituciones armadas del país.
Modificativo de la Ley No. 22 de los Delitos Militares, del 15 de febrero de 1979, destacó Rubén Remigio que el Código fue el resultado de una construcción colectiva, a partir de un grupo de trabajo que sesionó desde noviembre de 2021, integrado por la Universidad de La Habana, la Universidad Militar de Ciencias Jurídicas, los Ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Militar y el Tribunal Supremo de Justicia, entre otras instituciones.
Como resultado del proceso de debate y consulta con los diputados fueron recogidas 63 propuestas, de las cuales 51 fueron aceptadas y 12 desestimadas por causas que se les explicaron debidamente a los legisladores.
A partir de la publicación en el sitio web del Parlamento, se recogieron 34 observaciones hechas por la población, convertidas en 30 propuestas, de las que se aceptaron unas 14.
NOVEDADES Y VENTAJAS DEL NUEVO CÓDIGO
El presidente del TSP, al referirse a las ventajas del nuevo Código, se refirió a que la norma desarrolla preceptos constitucionales que impactan en la legislación sustantiva militar, reconoce el tratamiento supletorio del Código Penal y armoniza la regulación de las instituciones con las de esta Ley.
A su vez, reformula, despenaliza y añade tipos de delitos, se reducen de 13 a cuatro los delitos en los que se puede aplicar la sanción de pena de muerte, que en este caso se sustituye por la privación perpetua, dejando la pena máxima para hechos muy graves.
El Código -indicó Remigio- también incluye la sanción de multa en los delitos menos graves; establece un tratamiento penal diferenciado para personas entre 16 y 18 años, un mandato recogido en la Constitución y en la Convención Internacional de los derechos del niño; e incluye como sujeto de la Ley a las personas que, sin ser militares, ostentan la condición de Combatientes.
Agregó que se excluyen los delitos de conducta deshonrosa por la generalidad de formulación, no ofrece seguridad jurídica; ofensas al jefe y al subordinado, se trata de conductas de menor lesividad y, cuando afloran, progresan hacia otros comportamientos regulados en el anteproyecto; e infracciones del Régimen Especial de Seguridad, se subsumen en el delito de insubordinación de desobediencia con mayor penalidad.
A su vez, se añaden los delitos de revelación de información limitada; infracciones del régimen de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación; acoso contra subordinado o subalterno u otro militar; abandono de las obligaciones del servicio por el combatiente.
La nueva norma jurídica se estructura en dos libros, 10 títulos, 19 capítulos, 31 secciones, 60 artículos, tres disposiciones especiales e igual número de finales.
Al presentar el Dictamen, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, expresó que el derecho penal, en intento de salvaguardar la sociedad, deviene una pieza clave dentro del sistema jurídico del Estado.
Expuso la importancia de esta Ley que se sometió a votación, al tiempo que agregó que las instituciones armadas conforman una organización especializada en cuanto a misión, estructura, funcionamiento y forma de vida.
La aprobación de esta norma favorece el fortalecimiento de la disciplina militar y el mando único, actualiza el catálogo de delito en la vida militar y lo armoniza con leyes antes aprobadas.
Como parte del debate, el diputado Joel Ortega Dopico, presidente del Consejo de Iglesias de Cuba, expresó que un país como el nuestro no haya tenido que aplicar en 20 años la pena de muerte, dice mucho de las fuerzas del orden en su trabajo por preservar la seguridad y el orden del país.
La vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y diputada Yamila González Ferrer, reconoció el trabajo de la Comisión para tener en cuenta las opiniones de incluir, reconocer y visibilizar el papel de las mujeres.
Asimismo, el diputado por Artemisa, Miguel Chambonet Martel, destacó el aporte significativo de los diputados a la norma, así como los profesores de las facultades de derecho de la Educación Superior en la construcción de la misma.
Agregó que las intervenciones de los diputados en la construcción de este Proyecto –ya Ley– fueron de aporte y se esclareció, por parte de los ponentes, las dudas existentes para una mejor comprensión y elaboración final.
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INTENSAS JORNADAS DE TRABAJO EN LAS COMISIONES
Según el control de asistencia, están presentes más del 95% de los diputados, por lo que existe el quorum suficiente para dar inicio a la Sesión, expresó el Miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Esteban Lazo Hernández.
Añadió que, como orden del día, se encuentra:
- Proyecto de Ley del Código Penal Militar.
- Política Integral para la Atención a la Niñez y las Juventudes.
- Resultados del cumplimiento de las directivas generales para enfrentar el delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.
- Proyecto de Acuerdo que regula el vínculo de los diputados con los electores del territorio donde resultaron elegidos.
Lazo Hernández recordó sus palabras al quedar constituida la actual Legislatura, al decir que estaría inmersa en desafíos y retos. Dijo que en mayo se celebró la segunda sesión extraordinaria que, además de aprobar la Ley de Comunicación Social, quedaron constituidas las Comisiones, se realizaron 37 propuestas al análisis de la economía llevado a cabo y fueron trasladados a los OACE, las instituciones correspondientes, «los que tienen seguimiento por las Comisiones y el Gobierno».
En el periodo se trabajó intensamente y muestra de ello es la labor de las Comisiones –donde se discutieron 85 temas– en la preparación y desarrollo de los dos días de trabajo previo.
Los puntos analizados en estos dos días de trabajo, previo al Primer Periodo, fueron objeto de comprobaciones de los diputados en relación directa con el pueblo en los diferentes territorios.
Como parte del trabajo parlamentario, se realizaron visitas a Ciego de Ávila y Camagüey para contactar con la población la percepción del cumplimiento de los objetivos de la Asamblea Nacional.
Lazo Hernández remarcó que la agenda de la Sesión Ordinaria en estos días será intensa y abarca problemáticas que inciden en la vida diaria del pueblo, «creemos que en el ejercicio de la Asamblea contempla discutir, analizar, realizar propuesta sobre asuntos que son interés de la ciudadanía. Es una responsabilidad y compromiso de los diputados con el pueblo y la Revolución», dijo.
Destacó que, a pocos días de celebrarse el 70 aniversario de los Asaltos a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el recuerdo y homenaje a los caídos y a su líder, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien liderara la Generación del Centenario.
En esta Asamblea, resaltó, contamos con dos de esos jóvenes que siguen aportando a la causa de la Revolución: el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana y el Comandante Ramiro Valdés Menéndez, ejemplos de firmeza, lealtad y compromiso a la Patria, el pueblo y la obra por la que lucharon.
Posteriormente, los diputados sometieron a votación y aprobaron los cinco acuerdos de las Comisiones que, por su importancia, se llevó al consenso en la plenaria.
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