La Caja de resarcimiento, adscrita al Ministerio de Justicia, ha evolucionado revirtiendo las tendencias negativas que durante años lastraban su labor, según explica el Ministerio de Justicia en su sitio web.
Con el ingreso mensual, más de 11 millones de pesos derivados del pago de los sancionados, de convenios establecidos con ellos para la liquidación de la responsabilidad civil, de los descuentos a los reclusos, así como de los embargos del salario a los sancionados, la Caja de resarcimiento logró recaudar en 2022 más de 68 millones de pesos.
Este representó un incremento de 35 350 279,49 pesos, en relación con 2021, agrega el Minjus, que también consta que el año pasado cerró con 6 440 sentencias analizadas –808 más que el año precedente–, e incorporó a la ejecución de la responsabilidad civil a 8 539 sancionados y a 7 375 víctimas de delitos.
También indica que para 2023 se prevé una suma cercana a los 150 000 000, incremento que facilitará los pagos y contribuirá a la eliminación de atrasos que todavía persisten por dificultades en el cobro a infractores de la responsabilidad civil, aspectos en los cuales trabajan las autoridades en pos de garantizar un mejor servicio a las víctimas de delitos.
En la actualidad, el pago de la responsabilidad civil oscila entre los seis y los diez millones de pesos mensuales, con los que se beneficia a un promedio de 1 400 víctimas, a quienes, si la cifra por cobrar no excede de los 10 000 pesos, se les liquida de una sola vez la deuda.
En caso de que el monto supere ese techo, se procede a la liquidación por saldos parciales, en correspondencia con los ingresos efectuados por el sancionado y al año de procedencia de la causa.
Con anterioridad, esos pagos se entregaban a los beneficiarios a través de cheques; sin embargo, la experiencia demostró que era necesario avanzar en los pagos mediante transferencias que llegan directamente al banco, lo cual facilita la gestión y elimina dificultades.
La Caja de resarcimiento hace efectivo el pago de la responsabilidad civil a víctimas de delitos para indemnizarla por los daños materiales sufridos como consecuencia de estos, para lo cual, y de acuerdo con la legislación vigente, las víctimas deben reclamar su derecho después de que la sentencia emitida por el sistema del Tribunal Popular sea firme, pues de esta se deriva la cuantía a erogar por el comisor, en concordancia con los daños causados.
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