Maldición en los potreros

El oficio es peligroso y se aprende fácil, comentan algunos exreclusos sancionados por el hurto y sacrificio de ganado mayor, una figura delictiva en ebullición constante, como las calderas de Pedro Botero.

Los modus operandi son tan variados como denigrantes: algunos matarifes le cortan la cabeza al animal, otros lo golpean o lo cercenan por partes, si el lugar no es del todo seguro como para «trabajar con calma».

El delito comienza con el marcaje del terreno, con saber dónde está la presa, la manera en que llegarán a ella y si hay «pitirres en el alambre» (alguien que pueda delatarlos). Después de muerta la presa, el espectro se  ensancha, porque en raras ocasiones quienes matan se comen toda la carne.

Ellos la comercializan y es cuando comienzan a dejar una gran estela de deformación en el barrio, porque de todos es sabido, que si matan al animal, es porque tendrá receptadores, previos encargos o no. Eso está probado, más en estos tiempos de carencia, con la libra de carne vacuna más barata que la de cerdo.

Se ha comprobado que, en ocasiones, la cadena que mata la vaca la conforman más de 30 eslabones –entiéndase personas– desde los que facilitan que ocurra el hecho, la sacrifican, la transportan, la comercializan, hasta los compradores fijos y eventuales.

Quienes se dedican a esta actividad sacrifican sin previa selección (animales de gran valor genético, vacas lecheras o en estado de gestación, novillas). Les cortan los tendones y, en el peor de los casos, ante la posible presencia de algún desconocido y la premura de ponerse a mejor resguardo, el matarife aprovecha solo alguna parte de la res, que se desangra y después queda a merced de cualquier otro depredador carroñero –auras tiñosas incluidas–, porque los matarifes, generalmente, no suelen regresar al lugar de los hechos hasta pasado un tiempo, si no los convocan la avaricia y la presa fácil, motivada por el descontrol por parte de quienes deben cuidar el rebaño.

Por lo deformador y corruptor del delito, se necesita de una mayor acción en la cuadra y en el vecindario, más si es el destino final de la «tela roja» o «tilapia de potrero», eufemismo que emplean quienes se dedican a comercializarla.

Eliminar el mal es difícil, pero si se quiere al menos atenuarlo, hay que cortar las raíces que lo propician. En primera instancia controlar y redoblar la vigilancia sobre la masa ganadera en las empresas estatales, cooperativas y tenedores de ganado sin tierra, muchos de los cuales ponen el rebaño en manos de los ladrones.

Llama la atención que en el sector cooperativo y campesino, por ejemplo, existen en Ciego de Ávila 132 destacamentos de vigilancia campesina, con más de ¡13 000! miembros; es decir, el 95,6 % de los asociados, según cifras proporcionadas por autoridades de esa organización en el territorio.

Sin embargo, en ese sector, en 2022 la matanza –dicho así, sin eufemismo– ascendió a 1 847 cabezas (de ellas 541 equinos). En los primeros cinco meses del actual año la cifra se eleva a 708 cabezas. Cuesta creer en la elevada cifra de hurtos y sacrificios pese a que, supuestamente, hay más de 13 000 personas –más de 26 000 ojos– cuidando a los animales. Y ni aun así disminuyen los hechos. La pregunta obligada: ¿Funcionan estos destacamentos?

Los números espantan. En total (sector cooperativo y campesino, y el estatal), el pasado año en la provincia los matarifes eliminaron 4 618 cabezas de ganado mayor (1 552 equinos) y hasta mayo del presente la cifra anda por 1 896 (729 equinos), muestra de que el hurto aquí, como en el resto del país, va en aumento.

En Ciego de Ávila, por ejemplo, desde hace varios años no se realiza un censo y, por ende, la cifra de animales controlados no es la que realmente existe en los potreros; más bien, andan libres por los campos de caña o por las llamadas zonas de silencio, que realmente son de descontrol.

Las sanciones por sacrificio ilegal de ganado mayor y tráfico de sus carnes pueden ser de hasta diez años, según el artículo 316.1 del nuevo Código Penal. Ni eso para el delito. En los últimos cuatro años, incluidos los primeros cuatro meses de abril del presente año, la matanza ascendió a poco más de 9 000 animales; si a ello se suma la mortalidad, la cifra crece aún más.

TINTES DE IMPUNIDAD

Muchos pudieran ser los remedios para acabar con la maldición de los potreros, problema que se ha tornado muy grave. «Los bandidos son peligrosos y persistentes. No respetan horarios ni que haya custodia. Muchas veces vienen de día, armados, con total impunidad, a arrebatarles los animales a los dueños. Lo nunca visto», comenta Julio César, un ganadero de ley, allá por las riberas del Hidroconjunto Liberación de Florencia.

En 2021 –según datos aportados por las autoridades del ramo– el país perdió por esa causa 33 690 cabezas, y el pasado año la cifra aumentó a 82 445. Eso representa 16 000 toneladas de carne que son, a su vez, 5 000 toneladas de carne deshuesada.

Para este comentario, Granma se auxilió del criterio de varios tenentes de ganado, en empresas estatales y el sector cooperativo y campesino. La mayoría de ellos manifestó que no es suficiente la política que se lleva con el hurto y sacrificio y con los incentivos para el desarrollo de la ganadería.

 «La vida del campo y tratar con animales no es nada fácil, para que te los roben, y muchas veces ni se haga justicia. Si no hay un engranaje, un sistema participativo de todos los factores, el problema no se va a resolver. Entonces, estaremos perdidos. La agricultura sola no puede acabar con el hurto y sacrificio».

La realidad es que los ladrones tienen el mercado seguro, en tanto el precio de la carne de res, al menos en Ciego de Ávila, es inferior a la de cerdo, por lo que hay una creciente demanda. Por esa razón, cada vez más personas comienzan a meterse en ese «negocio».

Llegado a este punto, uno de los interpelados trajo a colación la Operación Tauro, iniciada en agosto de 2011, cuyos avances se expusieron un año después, en los debates previos al IX Periodo de Sesiones de la Séptima Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que tuvo lugar en el Palacio de Convenciones, en La Habana.

En la Operación, de la que, pasada más de una década, poco se aplica, estaban involucrados muchos «factores», incluidos el Ministerio de la Agricultura, organismos estatales, las organizaciones políticas y de masas, las estructuras del Gobierno y del Partido... Todo un sistema estuvo en función de la disminución del hurto y sacrificio. Y se logró frenar la matanza.

Sobre tres elementos se actuó entonces: responsabilidad propia del tenedor de ganado, control del potencial delictivo, y chequeo sobre los receptadores, con participación del barrio, un engranaje que hoy no funciona o funciona solo en algunos lugares.

No se convivía con los ladrones, y pareciera que están en el patio de la casa, en el corral y hasta que gozan de cierta impunidad. «Uno puede encontrarse a una persona dentro del potrero, a las dos de la mañana, con cuchillos, sogas, sacos, y eso no basta para procesarlo; mientras, los actos de violencia son cada vez más recurrentes y peligrosos, porque el ladrón viene dispuesto a matar, y no solo a la res», coinciden los interpelados por Granma.

Opinan que otra dificultad es la logística de la Policía, sobre todo si los hechos continuados ocurren en una misma noche y en varios territorios a la vez, como ha sucedido, al margen de que es imposible que la fuerza del orden esté detrás de cada animal.

El «decrecimiento forzado» y la casi nula recuperación llevarían a acabar con la masa ganadera. Y es que para desarrollar un buen toro o un animal de alto valor genético se invierte, como mínimo, tres años de trabajo; una novilla puede preñarse a los 16 meses para parir a los 25. Demasiado tiempo.

Como estrategia, se puede confinar a los animales en un cuartón noches enteras, pero ese mal manejo tiene su impacto económico, por las bajas producciones y el aumento de las muertes... Todo ello incide contra el desarrollo de la ganadería.