El inestimable valor de una respuesta acertada

Al hojear en días pasados la Constitución de la República de Cuba (algo que deberíamos hacer con mayor frecuencia), no demoré mucho en encontrar lo que buscaba: ¡caramba!, me dije, atender los planteamientos de la población no es un favor que se nos hace, sino un inequívoco derecho ciudadano.

Así lo refrenda la ley primera del país, como expresión de democracia socialista: «Las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley».

Por supuesto, el solo respaldo legal no significa que tal precepto se cumpla con similar rigor y calidad en todas las instancias administrativas y estatales de nuestra nación, donde proliferan aún el peloteo, las trabas deliberadas, la dilación excesiva en los trámites y las respuestas superficiales y poco convincentes.

Dicho de otra manera: mucho más que un local adecuado, buen trato y estricto control estadístico, atender al pueblo en sus demandas es también saber escuchar, explicar, ofrecer argumentos, asumir compromisos serios, definir prioridades, seguir los asuntos, agilizar las gestiones y resolver los problemas.

Si todo funcionara de tal manera, no fueran tantas las personas que acudieran a instancias superiores del Partido y del Gobierno o a los medios de comunicación masiva, como válvula de escape para desahogarse de las insatisfacciones por el tratamiento improcedente recibido en anteriores gestiones.

No por mera formalidad, en la clausura del V Pleno del Comité Central del Partido, su Primer Secretario, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció cómo «el pueblo choca –y a veces choca cotidianamente– con la burocracia, la desidia, la corrupción de ciertas capas intermedias, que pescan en el río revuelto de las dificultades, poniendo obstáculos donde van las soluciones».

Revisiones hechas en direcciones administrativas con mayor incidencia de quejas de la población reflejan que a tan sensible actividad no se le brinda la prioridad y el chequeo que de manera sistemática requiere, atrapada en enrevesados procesos burocráticos, negligencia y malos procederes.

Otra cosa no puede decirse, si existen aún planteamientos añejados en el tiempo, con diez y hasta 20 años de antigüedad, cuya solución exige recursos materiales y, sin embargo, nunca han sido incluidos, ni aprobados, en el plan anual de inversión de los municipios.

Fuerte daño se hace a la credibilidad de las entidades cuando, por salir del paso ante determinada coyuntura, algunos cuadros y funcionarios hacen promesas, asumen compromisos o ponen plazos de ejecución, que ellos mismos se encargan de incumplir en una actitud de evidente falta de rigor.

Tomadas al vuelo, he aquí algunas de las opiniones más frecuentes de las personas afectadas: «dijeron que iban a mandar a un inspector y todavía lo estoy esperando»; «prometen que se atenderá el asunto y no se cumple»; «me escuchan, me tratan bien, pero no se resuelve el problema»; «ya no llamo más, ¿para qué?».

Lejos de analizar la cuestión con viso pesimista, se impone un cambio radical en los modos de comunicarse y de actuar, cambio que debe ir acompañado de una mayor exigencia hacia aquellos que se escudan en la escasez de recursos para no ofrecer respuestas claras.

Se trata, no dudarlo, de fisuras y brechas presentes hoy en algunos sistemas de dirección, donde los cuadros y funcionarios correspondientes no acaban de interiorizar y tomar conciencia de que atender y satisfacer las necesidades del pueblo constituye su primera e impostergable misión social.