Áreas protegidas, garantía de vida... ¿y de desarrollo?

En este último año, Guantánamo logró consolidarse entre las tres provincias con mayor índice de boscosidad de Cuba. Casi el 51 % de su superficie total está cubierta por bosques, lo que equivale a más de 300 000 hectáreas más verdes: 260 000 de bosques naturales y unas 50 000 plantaciones realizadas por pobladores y científicos locales.

Varias son las empresas y entidades que tributaron a este significativo logro, que debiera ser tarea constante de todos: las forestales, agropecuarias militares, Flora y Fauna, el Ejército Juvenil del Trabajo, las cooperativas, los usufructuarios y el sistema provincial de Áreas Protegidas (SPAP), de la Delegación territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), especialmente este último, que lleva ya 20 años de labor al respecto.

La protección de las aguas y los suelos y la formación de bosques para fortalecer la defensa del país constituyen un eje estratégico para cualquier nación, especialmente para hacer frente al cambio climático; por eso, para los guantanameros del SPAP, en cumplimiento del Artículo 75 de la Constitución, deviene una prioridad preservar la biodiversidad, no solo como fuente vital sino, incluso, por su potencial para el desarrollo económico y social.

HABLANDO DE PERSPECTIVAS

El Sistema de áreas protegidas en el Alto oriente cubano, al cierre de 2021, incorporó cuatro nuevas zonas aprobadas por el Consejo Ejecutivo del Consejo de Ministros (CECM): Maisí Caleta, Paso de los Alemanes, Pico Galán y Maisí-Yumurí. Actualmente, de las más de 200 que tiene el país, Guantánamo cuenta con 26, de ellas 12 aprobadas por el CECM, dos administradas en proceso de aprobación y 12 identificadas.

Entre esas privilegiadas extensiones de tierra, se destaca la reserva de la biosfera Cuchillas del Toa y su núcleo principal, el parque nacional Alejandro de Humboldt (PNAH), declarado desde hace más de una década sitio natural de Patrimonio de la Humanidad, con 70 680 hectáreas, parte de ellas marinas.

El PNAH es el orgullo de los guantanameros, no solo porque cumple el rol de resguardar miles de especies de la flora y la fauna, y la mayor reserva de agua del Caribe insular, también porque brinda importantes servicios ecológicos y ambientales de elevado valor económico, directo e indirecto.

Al respecto, Granma dialogó con Gerardo Begué-Quiala, director científico de la unidad de servicios ambientales del Parque, quien reveló que, actualmente, en el Alejandro de Humboldt y en sus alrededores conviven unas 45 comunidades con más de 5 500 habitantes, quienes se valen de los recursos suelo, agua, oxígeno, tierra, bosques… para su sustento.

«Las áreas protegidas no son intocables, sino un patrimonio de todos, que debemos cuidar, para poder servirnos de ellas. El reto de los científicos es crear métodos y formas para adaptar la actividad humana a cada circunstancia, y esa ha sido la labor nuestra durante más de 20 años», detalla el máster en Ciencias.

Explica que en el concepto de biodiversidad, el ser humano resulta clave, porque es la especie que piensa y actúa, para bien o para mal; además, su existencia depende de los bienes ecosistémicos.

«Por eso, en el marco de la nueva Ley de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, incentivamos que quienes viven dentro o cerca de las áreas protegidas hagan uso de una agricultura menos dependiente de los productos químicos, nocivos tanto para el suelo como para los seres vivos. Igualmente, enseñamos técnicas climáticamente inteligentes; el cambio climático es real, por lo que los ciclos de cultivo deben modificarse según las condiciones ambientales», afirma.

Claro que para el Citma no se trata de un proceso colonizador; actualmente, los investigadores abogan por la articulación entre el  conocimiento científico y las tradiciones comunitarias de quienes viven en la montaña y, por años, se han adaptado a esos entornos. La incorporación de saberes etnocientíficos de la etnobotánica y la etnozoología han permitido revelar potencialidades únicas.

«En el lomerío hoy hay más de 30 alimentos (viandas, frutas) que no se aprovechan porque desconocíamos sus propiedades, o están infrautilizados, y que bien podríamos incorporar al mercado formal para su comercialización, comenta Begué-Quiala. Por ejemplo, el canistel, una fruta tropical con alto contenido de vitamina a, de las pocas que tienen proteína, y prácticamente no se consume».

Según el destacado investigador, las áreas protegidas son por naturaleza bancos de germoplasma de especies, que a veces están extintas en otros sitios, y desde esos reservorios se pueden usar para reintroducirlas a la provincia o al país, y reforzar la alimentación humana y de los animales, porque, como mismo aportan a la fauna silvestre, pueden contribuir a la sociedad.

La idea de Begué-Quiala y del resto de los investigadores es desarrollar sitios como el Parque Nacional Alejandro de Humboldt no como vitrinas, sino con los múltiples valores agregados que tienen.

«Entre esos valores está el turístico –explica–. En el mundo, millones de personas disfrutan de visitar sitios naturales, hacer fotos, documentales; y Guantánamo exhibe un gran atractivo que debe aprovecharse más. Hoy tenemos más de 26 senderos aprobados por el Grupo Nacional de Turismo de Naturaleza, en los cuales estudiantes y científicos podrán disfrutar de nuestras riquezas. Ello no puede solo ser visto como fuente de ingresos, sino también de conocimientos, y como acción generadora de conciencia, porque nadie protege lo que no conoce».

Potenciar el turismo en esos lares también aseguraría el desarrollo y mejoras en el modo de vida de los montañeses, quienes verán la oportunidad de brindar servicios, mostrar sus tradiciones y progresar sin necesidad de migrar. Entonces, cuidar la naturaleza sería, además de deber cívico, algo económicamente factible.

«Así lograríamos una conservación más comprometida –insiste el especialista–, que implica sumar a la sociedad civil a la lucha contra los males que afectan nuestro medioambiente. Recientemente se aprobó un plan gubernamental, rectorado por el Ministerio del Interior, para enfrentar y mitigar los delitos ecológicos que afectan el bienestar del planeta.

«La idea es, desde la acción colectiva con las instituciones, velar por el adecuado manejo de los recursos, o pronto nos quedaremos sin ellos. Ciertamente, la comunidad científica por sí sola no logrará el cambio requerido. Debemos prever cómo participa  el componente social y económico en nuestras políticas públicas locales, porque al final todos nos beneficiamos de la naturaleza, directa o indirectamente», concluye Gerardo Begué-Quiala.