¿Llegar y poner? (+ Video)

Holguín.–Es más fácil y más rápido ocupar arbitrariamente un solar y emprender la construcción de una vivienda, que hacer las correspondientes gestiones legales. Así han respondido a Granma algunas personas que en barrios de la ciudad de Holguín viven con sus familias bajo ese concepto transgresor.

Yusleidis Sánchez Cáceres, madre soltera con dos hijos, es una de ellas. No tuvo éxito, dice, cuando pidió ayuda al delegado de la circunscripción donde residía antes de levantar una pequeña casa de madera en un área estatal.

Otro grupo de personas abordadas cree que no es problema alguno hacerse por su cuenta de un terreno y emprender una construcción, porque, a fin de cuentas, por lo que han visto, el Estado, que no tiene para resolver las necesidades acumuladas de viviendas, pasa por alto las violaciones y termina legalizando los casos.

¿Qué hay de cierto en esos planteamientos? ¿En ellos se encuentra la causa de la existencia de 31 barrios precarios en el municipio de Holguín? ¿Son la razón para que mucha gente continúe el intento por construir en las faldas de la colina de Los Internacionalistas y de otras elevaciones cercanas a la capital provincial?
El presente trabajo periodístico toma como centro el municipio de Holguín, porque este, de acuerdo con recientes estudios migratorios a nivel de provincia, sigue siendo el territorio hacia el que se mueve una mayor cantidad de personas. 

TRÁMITES ENGORROSOS  Y PERCEPCIONES FALSAS
En el periodo 2015-2021, el Consejo de la Administración Municipal denegó más de 2 000 solicitudes de solares, según información ofrecida por Wilber Martínez Ricardo, funcionario de la Dirección Municipal del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (Inotu).

Clara Cárdenas Guerra, jefa del Departamento de Planeamiento Urbano de la entidad en la que labora Wilber Martínez, plantea que un terreno solicitado puede parecer libre, pero existen varias razones para no concederlo, entre ellas, estar ubicado en áreas reservadas con el fin de construir edificios altos, como ocurre, en la ciudad de Holguín, en los lados de sus avenidas principales y en las cercanías a la vía que la circunvala.

Pero reconoce problemas en las microlocalizaciones, necesarias para determinar las parcelas que se dividen en solares. «Es un proceso regido por el Decreto 327, que da un término de 50 días para concluirlas, periodo en el que hay que ir a los sitios, dibujarlos, preparar los documentos y remitirlos a la instancia provincial, donde pasa por varios departamentos, entre ellos el de Inversiones. En realidad, las gestiones se prolongan por más de cien días».

En el más reciente balance de trabajo de la Dirección Municipal del Inotu, se reafirmó que la mayor insatisfacción de la población está en la demora de los trámites, y no es porque el número de estos, por año, sea superior a los de algunas provincias, sino a los errores en la documentación, por descuidos o falta de conocimientos de algunos funcionarios, lo que obliga a repetir los procesos.

En cuanto a quienes creen que el Estado siempre aplicará el concepto de borrón y cuenta nueva, Yoandri Torres Almarales, delegado provincial del Inotu, asegura que tiene que ver con la mala interpretación del contenido del Acuerdo 8574 de 2019, del Consejo de Ministros, que establece la eliminación de todas las ilegalidades, en materia de vivienda, detectadas antes del año de su puesta en vigor.

«Ese documento define que el proceso se extenderá por seis años, es decir, le restan casi tres más. Mantiene un grupo de restricciones desde el punto de vista físico-espacial debido a compromisos con el terreno.

«No ha puesto en marcha un maratón para legalizar todas las viviendas con estatus de ilegales. La legalidad se otorgará donde proceda, donde sea compatible con los planes de ordenamiento existentes».

Uno de estos planes, hoy en fase final para ser presentado al Consejo de la Administración del municipio de Holguín, ha tenido en cuenta al barrio Rina Pacheco, surgido ilegal y desordenadamente años atrás en la capital provincial. Permitirá crear condiciones mínimas, entre ellas el trazado vial, la ubicación de una bodega y dar acceso a servicios vitales como agua y electricidad.

«Pero debe quedar claro que allí hay viviendas que nunca se legalizarán porque están en una vaguada, es decir, en una zona proclive a las inundaciones por lluvias. Otras se encuentran bajo líneas eléctricas de alta tensión. Las que estén en esos casos, deben ser reubicadas en los espacios donde se puedan construir».

PUNTOS FLACOS POR ELIMINAR
Yoandri Torres sostiene que su entidad tiene muchos puntos flacos que eliminar. A los ya señalados al inicio de este trabajo, añade otros, entre ellos, el insuficiente número de inspectores y la falta de eficiencia de algunos de los que operan en el terreno; de ahí que no pocas veces la construcción ilegal de una vivienda se detecte cuando está a punto de terminar o ya fue concluida.

«Además, hemos detectado inspectores que, para no buscarse problemas, le dicen al que construye fuera de la ley que firme el talonario de la multa, que a fin de cuentas por allí no pasará nadie a comprobar si demolió o no lo hecho».

Pero opina que la labor de enfrentamiento debe seguir tras la integralidad que requiere. De ahí que se refiera a los tenentes de tierras, que son los encargados de protegerlas. Uno de estos, dice, es la unidad empresarial de base (ueb) Integral Agropecuaria Holguín, con un patrimonio de cerca de
19 000 hectáreas, muchas de ellas en los alrededores de la capital provincial.