Tierra vacía no da comida

Resulta contraproducente que en los momentos en que más lo necesita la población, y cuando la dirección del país se esfuerza por eliminar las trabas que aún frenan el desarrollo agropecuario y la producción de alimentos en Cuba, algunos se empeñen en poner zancadillas a la entrega de tierras.

Precisamente, algunas de las 63 medidas aprobadas en el mes de abril para estimular a los productores, están encaminadas a ponerle fin a ese mal, a partir del reconocimiento de los excesivos trámites burocráticos que existen para la entrega de tierras ociosas, y la falta de control en su utilización.

En una apuesta atemperada al actual contexto, y ante la carencia de fertilizantes, abonos, semillas de calidad, combustible y otros insumos que permitan obtener altos rendimientos, se orientó aprovechar al máximo las áreas cultivables y sembrar la mayor cantidad posible de tierra, con el objetivo de incrementar la producción, y con ello mejorar el abastecimiento al pueblo y el consumo social.

Sin embargo, la lentitud en aplicar lo aprobado respecto a la entrega de tierras, debido a la falta de liderazgo de los delegados municipales de la Agricultura, que no hacen valer la potestad de que disponen para otorgar los espacios vacíos a quienes estén interesados en hacerlas producir, entre otros elementos, ha lastrado esa intención, como reconoció en Villa Clara, en fecha reciente, el vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, quien señaló que la principal traba «está en la gestión de los cuadros de dirección que no hacen cumplir lo que está legislado».

Varios días de intercambio con productores, presidentes de cooperativas, delegados municipales de la Agricultura, directivos del sector y de Azcuba, entre otros, nos permitieron comprobar la amplia madeja de problemas que rodean a ese asunto, los cuales impiden muchas veces que la tierra esté en manos de quien mejor las haga producir.

Jesús Luis Mármol Álvarez, presidente de la cooperativa de créditos y servicios (CCS) Filiberto González, de Sagua la Grande, no entiende cómo siendo ellos una de las mejores entidades de su tipo en el territorio, que llegaron a producir entre los años 2014 y 2017 unos 100 000 quintales de arroz y más de un millón de litros de leche por campaña, ahora no pueden continuar creciendo porque las tierras solicitadas pertenecen a la Empresa Pecuaria Macún, entidad que en el registro de tierras no las ha declarado ociosas, a pesar de estar inutilizadas.

«A esa cooperativa perteneció hasta hace muy poco el productor Rafael Hernández, especializado en el fomento de la ganadería, quien debió dejar de fomentar la actividad, porque la dirección de Azcuba, organismo al que pertenecen esas áreas, le comunicó que iban a sembrarlas de caña; sin embargo, nada de eso ocurrió y tres años después las tierras permanecen vacías y perdidas de tanta maleza. Ahora, ni ganado ni caña», reseña con dolor el Presidente de la CCS.

Como esos campesinos existen muchos en la geografía villaclareña, que demandan de más suelos para poder incrementar sus producciones; mas, ante ellos se impone muchas veces el burocratismo que no les permite avanzar como quisieran.

Uno de ellos es el joven Yusdany Rojas Pérez, integrante de la CCS Juan Verdecia, de Camajuaní, quien se dedica a la producción porcina, y cuenta en estos momentos con una masa de 800 cerdos, los que alimenta a base de yuca, boniato y otros productos.

Entrevistado por Granma, Yusdany Rojas manifestó que, a pesar de las carencias, él quisiera llegar a los 3 800 animales; para ello necesita de más superficie cultivable, porque solo tiene en estos momentos unas 13 hectáreas; sin embargo, no han podido asignárselas porque las tierras que él solicita pertenecen al central José María Pérez y están en estos momentos malamente sembradas de caña.

«Como usted puede ver, esos campos tendrán un rendimiento que difícilmente puede superar las 15 o 20 toneladas por hectárea, y cuidado que menos; pero, en cambio, si me las entregaran a mí, cuántas toneladas más de carne yo pudiera aportar al Estado, a partir del incremento de la masa», reflexiona uno de los mejores productores porcinos del territorio.

En esa cuestión, y en otras similares, valdría la pena razonar qué es lo más conveniente para el país en las actuales circunstancias: mantener un espacio de poca población de caña que solo puede aportar una exigua cantidad de azúcar y, en otros casos, lleno de malezas, o entregarlo a quien de verdad las hará producir para aportar más alimentos al país.

Al respecto, en fecha reciente y durante una visita a Villa Clara, Ydael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, alertó que la tierra es patrimonio estatal, y se «entrega en usufructo por un tiempo determinado y con contrato, pero es imperdonable que permanezca ociosa y llena de marabú. Todo reclama agilidad y un cambio inmediato para desterrar la morosidad. Esa situación no es propia de Villa Clara, sino de todo el país», acotó.

Razonamientos como esos son los que deben ser llevados a las comisiones agrarias para su análisis. Si un área está vacía debido a que se encuentra en un plan de desarrollo futuro, entonces por qué no se le entrega a quien pueda hacerla producir por uno, dos años o el tiempo que dure la espera. Para tomar esa decisión, el delegado municipal tiene todas las facultades establecidas por la ley, solo que no siempre las hace cumplir.

UN ASUNTO QUE NO ADMITE DILACIONES

Conscientes de la necesidad de resolver un problema que se hace añejo e imperdonable en el actual contexto que vive el país, la nueva dirección de la Agricultura en el territorio, encabezada por su delegado provincial, el ingeniero Yhosvany Martín Peña, lleva adelante una cruzada contra quienes favorecen que las tierras permanezcan vacías e improductivas.

Para lograrlo, en las últimas semanas han sido cerradas las oficinas de la delegación y los principales directivos han ido al encuentro con los productores, allí donde palpitan los más disímiles problemas que lastran la producción agropecuaria, única manera de conocer, de primera mano, cómo piensan los que están pegados al surco.

«Hasta el momento hemos visitado a más de 1 500 productores de seis municipios, con quienes compartimos criterios acerca de la entrega de leche, el cumplimiento de los contratos, la comercialización de los productos, los altos precios y también el tema de la tierra», señala Martín Peña, quien se muestra sorprendido por el desconocimiento que aún existe, en muchos lugares, de las 63 medidas aprobadas por la dirección del país.

«Uno de los asuntos más recurrentes es el desorden en el funcionamiento de las comisiones agrarias, a las que no siempre asisten los máximos responsables de tomar decisiones y donde el delegado municipal no ha sabido desempeñar el rol que le corresponde», reconoce el Delegado provincial de la Agricultura en Villa Clara.

De igual manera existe mucha tierra ociosa por declarar, tanto por las empresas agropecuarias de la Agricultura, Azcuba y también las cooperativas, en una muestra de insensibilidad y falta de sentido del momento que vive la nación, ante lo cual se han tomado decisiones ágiles que no pueden seguir esperando, sugiere el ingeniero Martín Peña.

Al respecto, Zoila Esther Blanco, jefa del Departamento de Control de la tierra en la Delegación de la Agricultura en Villa Clara, reconoce que aunque el territorio es una de las provincias que más tierras ha entregado en los últimos años, con una cifra que ronda las 150 000 hectáreas desde que se aprobó el Decreto-Ley 259 a la fecha, aún queda mucha tierra ociosa.

«Tenemos mucha resistencia a la entrega por parte de los empresarios y algunas formas productivas como las cooperativas de producción agropecuarias, donde existen cuantiosas tierras improductivas que no se declaran», señala Zoila Esther Blanco, quien reconoce que aunque hoy están oficializadas como ociosas más de 31 000 hectáreas, la realidad es que la cifra es muy superior.

El mayor fondo para la entrega de tierras está en el sector estatal, reconoce la especialista, quien señala que solo de Azcuba hay 39 000 hectáreas vacías, aunque se sabe que pueden ser muchas más; además de las pertenecientes a la Agricultura, que también constituyen una cifra elevada.

Sobre la legalidad del asunto, la Jefa del Control de la tierra señala que el municipio tiene todas las facultades para aplicar una contravención al tenente de tierra, ya sea estatal o privado, que no la emplee de manera eficiente, lo cual nunca ocurre por muchísimas razones.

Otro asunto medular en la provincia es la existencia, en estos momentos, de más de 3 000 poseedores de ganado sin tierra, de los cuales, a 18 ya se les han entregado algunas áreas y 39 están en proceso, mientras el resto está pendiente de solución.

Otra cara de la moneda, según la licenciada Zoila Esther Blanco, es el caso de personas a las que se les ha entregado tierra y no las explotan de manera adecuada, a quienes no debe mantenérsele ese beneficio porque están incumpliendo lo contratado, lo cual exige ser transformado.

Son muchos los problemas que confluyen en el asunto, del cual depende, en gran medida, que a corto plazo pueda disponerse de más alimentos para el pueblo. Solo falta que quienes tienen que ver con esta situación se apropien de una idea tan vieja como cierta: tierra vacía no da comida.