El traspaso de las direcciones provinciales del Instituto de Planificación Física (IPF) de los gobiernos al nuevo Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo se inicia este mes de octubre.
Se busca, con el nacimiento de este nuevo organismo de la Administración Central del Estado, una mayor exigencia en el cumplimiento de la política estatal en este ámbito, mayor efectividad en la fiscalización del territorio y más eficacia y eficiencia en la prestación de servicios a personas naturales y jurídicas, destacó en una emisión reciente de la Mesa Redonda Margoris Méndez Rodríguez, vicepresidenta del IPF.
Impacta, igualmente, en un sistema de información expedito, la gestión de recursos materiales y financieros, y en una elevación de la credibilidad del ordenamiento territorial y urbano y el catastro.
Asimismo, se robustece su papel como asesor técnico del Gobierno en el cumplimiento del mandato constitucional en tanto los gobiernos convocan, dirigen, aprueban y gestionan los instrumentos de ordenamiento territorial y urbano, otorgan los solares yermos para la construcción de viviendas a las personas naturales, y les corresponde valorar las propuestas de modificaciones de los coeficientes para la determinación del valor catastral en su territorio y realizar las propuestas que correspondan, señaló.
En cuanto a las prestaciones de servicios a personas naturales y jurídicas, la Vicepresidenta del IPF aclaró que se mantienen en las direcciones municipales de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Los términos ni se interrumpen ni suspenden, continúa la tramitación normal de los asuntos radicados.
Consideró que las estructuras de las direcciones municipales se fortalecen, pues se crea un departamento de gestión del planeamiento que emite la documentación técnica para la construcción, y un departamento de asuntos legales, dos funciones que actualmente aparecen mezcladas.
Anelis Marichal González, directora general de Ordenamiento Territorial y Urbanismo del IPF, informó que este nuevo organismo tiene tres metas principales: elevar la jerarquía del sistema del ordenamiento territorial y urbano, así como la gestión del suelo, porque el municipio es la instancia que más se fortalecerá con el perfeccionamiento.
También mejorar los servicios y trámites a las personas naturales y jurídicas desde la plataforma Bienestar, para lograr el acceso a los servicios por vía digital, algo en lo que se está trabajando con cuatro tipos de permisos (las regulaciones urbanísticas, los permisos de licencias de obra, certificados de habitable y los dictámenes técnicos).
Mencionó también el propósito de incrementar la efectividad del control y la inspección en materia de ordenamiento territorial y urbano, pues en la actualidad existen violaciones de los planes de ordenamiento, construcciones desordenadas y ocupaciones de espacio en edificios multifamiliares.
La nueva estructura da continuidad a 61 años, aportando a la visión físico-espacial del desarrollo económico y social del país, y priorizará la capacitación de los recursos humanos con la creación de una escuela ramal con filiales en Villa Clara y Holguín.
El anteproyecto de Ley del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo está listo para ser sometido a su evaluación y aprobación por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Ello dotará a la institución de un ámbito jurídico atemperado a las tendencias internacionales y tendrá un grupo de normas complementarias que facilitarán el trabajo, concluyó la directiva.
De acuerdo con Samuel Carlos Rodiles Planas, presidente del IPF, el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo responde al perfeccionamiento del modelo económico y social, que requiere el fortalecimiento del ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo en el país.
Esta nueva etapa es el resultado de un proceso de trabajo, que se inició con la aprobación de la política de perfeccionamiento del IPF por el Acuerdo 52 del Consejo de Ministros en el año 2012, puntualizó.
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