Incentivos y oportunidades de la política de comercialización de productos agropecuarios

La aprobación, por el Consejo de Ministros, de tres nuevas políticas: la Industrial, la de Seguros y Reaseguros, así como la de Comercialización de Productos Agropecuarios, permitirá seguir avanzando, al decir de Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, en la implementación de la Estrategia económico-social suscrita por el país, la cual constituye una de las tareas prioritarias.

La Política Industrial, según explicó este jueves, en el programa Mesa Redonda, pretende transformar y modernizar las ramas metalúrgica, ligera, química, electrónica, siderúrgica y de reciclaje, con el propósito de ponerlas en capacidad de enfrentar las demandas del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, fundamentalmente en los sectores estratégicos.

Por su parte, la Política de Seguros y Reaseguros, agregó Gil Fernández, puede ayudar a impulsar la economía, pues todavía no se emplean suficientemente todas estas modalidades.

En materia de Agricultura, reiteró, la Estrategia económico-social comprende 24 medidas, y si bien se trabaja paralelamente en todas, se ha avanzado en alrededor de 20.

• Flexibilización de la contratación de fuerza de trabajo por productores agropecuarios individuales.

• Incentivos fiscales para estimular la elaboración y comercialización de alimentos, vinculados, sobre todo, a las minindustrias.

• Inicio, en tres regiones del país, de la comercialización mayorista a la base productiva en moneda libremente convertible.

• Transformación de la comercialización de productos agropecuarios.
• Transformación del sistema empresarial en la Agricultura.
• Diseño de acciones, medidas y políticas para la recuperación de la ganadería bovina.
• Pasos para concretar la Banca de Fomento Agrícola.

En cuanto a esta última medida, señaló que es necesaria una banca especializada en la actividad agropecuaria, sometida a otros niveles de riesgos, por lo que demanda financiamientos que se ajusten a esas condiciones.

• No se va a crear un banco nuevo, sino que se trabajará sobre la red del Banco de Crédito y Comercio.

• Participación de fondos del Presupuesto del Estado, que permitan la aplicación de tasas de interés más atractivas.

• Diseñar productos que tengan una mayor flexibilidad.

• Crear un Comité de Coordinación Agropecuario, en aras de garantizar una utilización más eficiente de los recursos disponibles.

• Se pretende iniciar las operaciones en 2020 y ampliarlas en el próximo año.

Ninguna medida por sí sola, subrayó Alejandro Gil, podrá resolver todos los problemas, pero cada una está encaminada a crear condiciones más favorables que permitan incrementar los niveles productivos.

Al concluir su intervención, llamó la atención sobre las medidas contempladas en la Política de comercialización de productos agropecuarios, las cuales, en su mayoría, tienen un carácter organizativo, deben contribuir al cumplimiento de la legalidad y al establecimiento de precios justos, tanto para los productores como para los consumidores.

Ante la agresividad del bloqueo, la efectividad de todo lo dispuesto será medible, aseveró, en la medida en que se incremente la producción y se pueda satisfacer, gradualmente, la demanda creciente de la población.

Quitar trabas a la comercialización de productos agropecuarios

El ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, explicó, respecto al debatido tema de los precios que, si bien habrá una mayor flexibilidad, no se puede perder el papel regulador del Estado, en lo cual desempeñarán un rol muy importante los gobiernos locales, que deberán lograr una concertación entre productores y consumidores.

Entre los principios de la Política de Comercialización de Productos Agropecuarios destacan:

• La contratación de la producción agropecuaria y forestal tendrá como destino todas las formas de comercialización existentes y se corresponderá con los intereses del Estado.

• Ofertar nuevos productos financieros por las entidades bancarias a los productores, que se adecuen a las características del sector, incluyendo la posibilidad de obtener créditos revolventes con bajos intereses, definiendo establecer un sistema de facturación que se adapte a las características del proceso y que constituya la base para el pago de las mercancías.

• Aplicación, con carácter permanente, de un tipo impositivo fijo del 5 %, sobre la base imponible obtenida para el pago del impuesto sobre ingresos personales, y bonificar, con la aplicación del 5 % del impuesto sobre la venta en el comercio minorista, a las producciones de alimentos generados por minindustrias locales gestionadas por entidades productoras o comercializadoras.

• Promover e incentivar las exportaciones como fuente para la obtención de la liquidez, a fin de garantizar los insumos y recursos necesarios para incrementar la producción.

• Ampliar la red de minindustrias y microindustrias a partir de las producciones de la industria nacional y de los proyectos de colaboración internacional.

• Las familias que participan en el Programa de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar podrán gestionar equipamientos y tecnologías que les permitan incrementar el valor agregado en la oferta de sus productos, aspecto que contribuye a lograr la soberanía alimentaria.

• Todas las formas de comercialización operarán con autonomía en su gestión, estableciéndose, sobre la base de la coexistencia armónica, un régimen de competitividad que permita elevar la eficiencia en la actividad.

• Los productos que, por problemas logísticos y/o financieros de las entidades acopiadoras y comercializadoras, no puedan ser comprados en correspondencia con lo establecido en los contratos, los productores podrán comercializarlos a otras formas de comercialización existentes en el país.

• Implementar la modalidad de arrendamiento de recursos en todas sus variantes (transportes, mercados, almacenes, instrumentos de mediciones, equipos de refrigeración, envases, montacargas, traspaletas, entre otros).

• Publicar semanalmente los precios para los productos agropecuarios, incluyendo los productos con precios centralizados y los que se comercialicen a precios por acuerdo.

• Como parte del objetivo de introducir más ventas a través del comercio electrónico, se insertarán diferentes variantes para este tipo de comercio, en correspondencia con las características de los productos, que puede incluir las ventas online de mercancías con servicios de entregas, o cualquier otra variante que se ajuste a las necesidades de la población.

• Las cooperativas, los usufructuarios, propietarios de tierras y las empresas estatales, podrán vender los productos agrícolas y cárnicos, frescos y procesados en la red de tiendas minoristas.

• Realizarán la comercialización minorista de productos agropecuarios: empresas estatales, cooperativas agropecuarias, cooperativas no agropecuarias, propietarios de tierras y usufructuarios, vendedor minorista de productos agropecuarios, trabajador por cuenta propia para la comercialización minorista de productos agropecuarios en forma ambulatoria.

• Diseñar, implementar y controlar el Sistema de Protección al Consumidor, y establecer un sistema para la divulgación e información de los precios de los productos agropecuarios.

En esencia, la política de comercialización de productos agropecuarios no resuelve los problemas de incremento de la producción, pero su aprobación propicia incentivos en los productores y comercializadores, para incrementar sus niveles de actividad. Asimismo, el resultado de la aprobación de esta política da respuesta a las opiniones que se han tenido por los productores y por la población en general, sobre las trabas que existen en el proceso de producción, acopio y comercialización. Además, se logra una flexibilización de todo el sistema de acopio y comercialización, y se elimina el papel monopólico del sistema empresarial de Acopio, de acuerdo con la información del sitio web del Ministerio de la Agricultura.