La Comisión Permanente de Asuntos Económicos, después de evaluar la información ofrecida por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) sobre la liquidación del presupuesto, los resultados de las acciones de control efectuadas por la Contraloría General de la República, y el cumplimiento dado a las recomendaciones a la Ley No. 126 Ley del Presupuesto del Estado para el año 2019, de conjunto con la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, emitieron el Dictamen, sobre el cual Granma reproduce un abarcador resumen.
Las recomendaciones efectuadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en la presentación del Presupuesto del Estado para el año 2019, dirigidas a sus Comisiones Permanentes, Ministerio de la Agricultura, Grupo Azucarero Azcuba y el MFP, han tenido una atención adecuada.
El Presupuesto del Estado del año 2019 se ejecutó en un escenario donde la economía estuvo marcada por fuertes tensiones, agravadas por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de EE. UU., que provocó fuertes restricciones en la disponibilidad de combustible, e impactó en todos los sectores, con mayor fuerza en las inversiones, la agricultura, la producción de alimentos y el transporte.
A pesar de ello, se financiaron los programas de desarrollo social, los servicios básicos de la población, importantes inversiones de infraestructura, la vivienda y el apoyo financiero al sector empresarial. Se respaldó la justa decisión del Gobierno de incrementar parcialmente el salario del sector presupuestado y las pensiones de la Seguridad Social, lo cual significó 4 198 millones de pesos, que beneficiaron a más de 1 400 000 trabajadores.
La caída de más de 2 000 millones de pesos en la circulación mercantil minorista y de otros ingresos no tributarios, provocó un impacto negativo en las fuentes de ingreso al presupuesto, siendo necesario que el Consejo de Estado aprobara el Decreto-Ley No. 1, modificativo de la Ley No. 126 Ley del Presupuesto del Estado para el año 2019, a partir de lo cual se incrementó el déficit fiscal a 7 029 millones de pesos, 842 millones más que lo inicialmente aprobado, y la demanda financiera se fijó en 10 963 millones de pesos.
Los ingresos brutos recaudados en el transcurso del año, ascendieron a 59 546 millones de pesos, y se incumplió lo planificado para 2019 en 2,6 %, por las causas expresadas anteriormente.
En el impuesto sobre los servicios se captó el 98,8 % de los ingresos previstos, se incumplieron 53 millones de pesos, fundamentalmente por los servicios prestados por las personas naturales, que incluye a los arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios.
Los aportes de las formas de gestión no estatal se cumplen al 107 %, con un crecimiento del 19 %. A pesar de ello, persiste morosidad en el pago de algunos tributos y subdeclaración de ingresos, lo cual requiere de un mayor control de la Administración Tributaria y de las administraciones locales.
El impuesto sobre utilidades y el aporte de las empresas estatales se cumplió al 102 y 107 %, respectivamente, a pesar de que 787 empresas disminuyeron la utilidad y 88 registraron pérdidas cuando tenían utilidades planificadas.
Los gastos totales del año ascendieron a 65 775 millones de pesos, el 98,1 % de lo aprobado, en su inejecución incidieron las medidas restrictivas que se aplicaron a todos los sectores y constituyeron fuentes para el incremento parcial del salario al sector presupuestado.
En la actividad presupuestada se gastaron 41 387 millones de pesos, que garantizaron los servicios básicos a la población, de los cuales, el 67 % se destinó a los sectores de la Educación, Salud Pública y la Asistencia y Seguridad social. Otros sectores como la Cultura y el Deporte ejecutaron gastos por más de 2 000 millones de pesos.
Un destino importante, en la ejecución del presupuesto del año, lo constituyó el financiamiento de 795 millones de pesos para subsidiar a personas de bajos ingresos con necesidades constructivas en sus viviendas, con lo cual se beneficiaron unas 16 000 personas y se destinaron 44 millones de pesos a las viviendas de las madres con tres o más hijos menores de 12 años.
En visitas y controles realizados por los diputados a la ejecución de este programa, se comprobó la justeza de esta política, pero persisten problemas e insuficiencias que exigen se trabaje en su erradicación.
Al sector empresarial se transfirieron 19 470 millones de pesos, como continuidad de su proceso productivo, el 57 % financió producciones exportables y que sustituyen importaciones. El destino de estos recursos financieros requiere de mayor control de los organismos y de las organizaciones empresariales, en función de lograr mayor eficiencia en su utilización.
Para la canasta familiar normada a la población con precios subsidiados, se ejecutaron 3 444 millones de pesos, lo que benefició a todas las personas y generó estabilidad a las familias, por lo que significa disponer de estos bienes.
Los gastos y transferencia de capital ascendieron a 4 918 millones de pesos, el 68 % correspondió a inversiones de infraestructura y de la vivienda.
Los presupuestos locales del Poder Popular alcanzaron el 96,5 % del superávit planificado, cerrando con déficit en sus presupuestos las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo, Las Tunas, Granma y el municipio especial Isla de la Juventud.
Las provincias de Mayabeque, Matanzas, Ciego de Ávila y Las Tunas se sobregiraron en el gasto planificado para el año, lo que denota una grave indisciplina financiera por falta de seguimiento, análisis y control sistemático, y exige adoptar las medidas para que situaciones como estas no se repitan.
Se aprobaron por los consejos de la administración 624 millones de pesos de la contribución territorial para el desarrollo local, con un impacto favorable en la población.
El financiamiento destinado a la recuperación de las afectaciones provocadas por eventos climatológicos, ascendió a 311 millones de pesos, se cumplió la política aprobada de bonificar el 50 % del precio de los materiales de la construcción y el pago por la Asistencia social a las personas imposibilitadas de asumir estos gastos.
En las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y en los controles del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) al presupuesto, se evidenció que, a pesar de las tensiones económicas y financieras y la falta e inestabilidad del personal calificado, el sistema presupuestario garantizó el funcionamiento de los programas sociales y económicos del país.
En resumen, la ejecución del Presupuesto del Estado en el año 2019 registró un déficit fiscal de 6 435 millones de pesos, inferior al aprobado en el Decreto Ley No. 1 de 2019 en 594 millones de pesos.
Al evaluar el desempeño presupuestario del año, destaca que, a pesar del complejo escenario en que se desenvolvió la economía, se ha podido asegurar la continuidad de las conquistas de la Revolución en beneficio de todo el pueblo, el verdadero protagonista de tal empeño.
Se evidenciaron también las potencialidades y reservas, sobre las que se debe continuar trabajando, reforzando las acciones de control y supervisión en la ejecución presupuestaria a todos los niveles, por lo que se proponen las recomendaciones siguientes:
Los organismos, sistemas empresariales, gobiernos provinciales y las administraciones municipales revisarán los principales problemas del control presupuestario expuestos en el informe de liquidación del Presupuesto del Estado del año 2019, y propondrán el reforzamiento de las medidas de control y supervisión para la gestión de los ingresos y uso correcto de los gastos presupuestarios en la ejecución del año 2021, informando de ello al MFP en el mes de enero de ese propio año.
El MFP, en su condición de organismo rector, presente al Gobierno, en el mes de febrero del año 2021, el resumen de las medidas de control y supervisión que proponen los organismos, OSDE, gobiernos provinciales y las administraciones municipales para el mejor control del presupuesto de ese año; proponga el seguimiento a su cumplimiento e informe a la ANPP los resultados de su ejecución en el transcurso del año y en el momento de su liquidación.
La Comisión Permanente de Asuntos Económicos, en coordinación con el resto de las comisiones permanentes de la ANPP, mantendrá las relaciones de trabajo con los órganos y organismos correspondientes para conocer y evaluar la atención y cumplimiento de estas recomendaciones, además de las acciones de control que realizarán sus diputados a la ejecución presupuestaria del año 2021, informando de ello a la ANPP en el momento de su liquidación.
Finalmente, expresa el Dictamen que las comisiones permanentes de Asuntos Económicos y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos consideran que se cumplieron los objetivos para los cuales se concibió el Presupuesto del Estado para el año 2019, con las modificaciones efectuadas por el Consejo de Estado, lo que garantizó la vitalidad y continuidad del proceso económico y social del país. A partir de estos elementos, la anpp aprobó el informe de liquidación del Presupuesto del Estado, con las recomendaciones presentadas.
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Jorge Forhat dijo:
1
30 de octubre de 2020
05:13:40
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