Como parte del proceso de informatización de la sociedad cubana, el Ministerio de la Agricultura (Minag) ha incorporado a su modelo de dirección, el Sistema de Información y Planificación Agropecuaria (SIPA), el cual permite clarificar el proceso de contratación de productos y la tenencia de tierras en cada rincón del país, al tiempo que posibilita una mejor organización del campo cubano.
Durante los análisis en la Comisión Agroalimentaria, previo al IV Periodo Ordinario de Sesiones del Parlamento cubano, en su IX Legislatura, en el Palacio de Convenciones de la capital, los diputados debatieron aspectos vinculados con los resultados del control y fiscalización con los contratos de la producción agropecuaria para el año 2020 y el funcionamiento del sipa en las diferentes estructuras del ramo.
Idael Pérez Brito, viceministro primero del Minag, aclaró que la aplicación informática es una herramienta que, al acopiar un gran número de datos, permite mayor transparencia en el contrato; asimismo, destacó que esa plataforma digital no sustituye, en lo absoluto, actividades como la intencionalidad de la siembra o las visitas a los productores.
De acuerdo con Elvis Pérez, diputado por Sierra de Cubitas, Camagüey, la inmensa mayoría está en los registros públicos, de forma que hoy sabemos quiénes tienen las tierras; con el SIPA, sabemos quién contrata y quién queda sin contratar.
Sobre el mismo asunto, Lorenzo Socarrás, del municipio de Guáimaro, subrayó que en su territorio la inclusión de datos en el sistema informático marcha lentamente.
En cambio, afirmó, «el proceso de contratación productor a productor lo hemos hecho en tiempo».
Rafael Santisteban, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP y diputado por el municipio de Calixto García, refirió que con el sipa el país tendrá una visión más completa de la capacidad productiva, lo que tributará directamente al plan de la economía.
Además, destacó que la aplicación permitirá un panorama más ordenado y claro de las condiciones logísticas de cada territorio.
Aunque el sistema se encuentra en ciernes, ya figuran en él, de acuerdo con el informe de la comisión, 204 empresas, de las 211 vinculadas a la contratación, lo que representa un 97 % del total. No obstante, de las 5 054 formas productivas que existen en el país, faltan aún por registrarse 1 558.
Referido específicamente al proceso de contratación, Ramón Aguilar, presidente de la Comisión Agroalimentaria, subrayó que se torna indispensable «brindar una atención diferenciada a su ejecución para evitar las ilegalidades en el uso y tenencia de la tierra, así como la subdeclaración y el desvío de la producción hacia otros destinos no deseados».
La contratación con las entidades del turismo -dijo- debe ser cualitativamente superior y con niveles de rigor y precisión mayores.
De acuerdo con el informe, para el año 2020 se han contratado un millón 601 861 toneladas de productos agrícolas, lo que representa solo el 27 % de las demandas que figuran en los planes de la economía.
Asimismo, se resaltó como una dificultad a superar la situación con los impagos, hoy con números que sobrepasan los 50 millones de pesos.
Sobre este aspecto, Rosa Rosende, diputada por el municipio de Contramaestre, Santiago de Cuba, se refirió a cómo influyen estas deudas en los volúmenes de producción.
«Una de las cosas que nos golpean es el impago a los campesinos en tiempo y forma. El campesino es un padre de familia, y con el mismo pago tiene que comprar las semillas y los medios para la próxima siembra. A veces se pasan tres meses sin cobrar, y esto es algo que debe solucionarse cuanto antes. En caso de una demanda a la entidad de acopio, esta no procede, o se demora mucho. En muchas ocasiones, el producto se pierde o toma otras vías».
El Presidente de la Comisión Agroalimentaria significó también que, durante la concertación de los contratos de las bases productivas con las empresas, no siempre quedan reflejados los términos y formas de pago.
«Las reclamaciones comerciales y las demandas ante la Sala de lo Económico de los tribunales, por los reiterados incumplimientos en los plazos de pago, no son utilizadas como una herramienta por las partes para solucionar las indisciplinas en este tema», concluyó.
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