La renovación del Tribunal Supremo Electoral y la convocatoria a nuevas elecciones en Bolivia fueron las noticias del amanecer dominical internacional.
Pacificar al país, fue el llamado del mandatario al comparecer ante la prensa para hacer ambos anuncios.

Se llegaba así —y ojalá lo sea— al momento en que la violencia y el desorden den paso al diálogo y a la búsqueda serena de soluciones.
Sin embargo, el anuncio del mandatario también fue rechazado por la oposición que solo acepta su dimisión.

Hasta el último minuto, ningún llamado a conversaciones del presidente tuvo oídos receptivos por parte de los violentos opositores, que, mientras el presidente hablaba de paz y concordia, se dedicaban a incendiar casas, asaltar medios de comunicación, e incitar a policías y otros segmentos de la población a «quemar» todas las naves hasta destituir al mandatario.

Todo sucedía al amparo del tiempo, a la espera del martes 12 cuando se suponía que la OEA debía dar a conocer el resultado de la auditoría, el que fue «filtrado» —se dice de manera preliminar— este sábado, tres días antes de lo pactado, para echar más leña al fuego y crear más incertidumbre sobre el conteo de votos.

En mi opinión, todo se produjo como estaba planificado por Luis Almagro y sus asesores en Washington. La auditoría resultó la forma en que la oposición ganara tiempo, se exacerbaran los ánimos, la violencia se generalizaba y hasta algunos sectores como el de la policía fuera penetrado para que se convirtiera en cómplice de los que siempre apostaron por echar abajo el programa que lleva adelante el gobierno de Evo Morales.

Hasta las últimas horas del sábado el mandatario boliviano estuvo dedicado a tratar de contener la violencia. Ese día había convocado a los 4 partidos representados en la Asamblea, a una mesa de diálogo a la que dos de ellos, como también era de esperar, se negaron a asistir. El argumento: no queremos hablar, queremos la salida de Evo.

En igual sentido, el mandatario indígena insistía en que las fuerzas armadas no intervinieran en la grave situación ya existente, con la convicción de que había que proteger la vida de sus conciudadanos.

Esta decisión, como otras tantas, tuvo la misma respuesta de los violentos que, lejos de desmovilizarse para lograr la paz, incentivaron a esos grupos, bajo órdenes expresas del empresario santacruceño Fernando Camacho, devenido en una especie de Juan Guaidó boliviano, a que actúen sin el menor recato, pues el país se veía desprotegido de quienes, de acuerdo a la Constitución, son responsables de garantizar la paz ciudadana.

El propio sábado los grupos belicosos habían quemado la vivienda de la hermana de Evo Morales en la ciudad de Oruro y dos casas de gobernadores, en Oruro y Chuquisaca.

Dos días antes, una turba incendió la Alcaldía de la ciudad de Vinto, cuya alcaldesa, Patricia Arce, fue arrastrada por la calle, donde la rociaron con pintura y le cortaron el pelo, según Telesur.

El golpe de estado continúa en ejecución.

Veremos ahora qué más quieren los violentos opositores y si en la nueva convocatoria electoral le corresponderá algún papel a la OEA.