La casa y el orden se deben casar

A media mañana pareció que colapsarían los termómetros. En unas cuantas manos los documentos asumieron la función de abanicos. La ansiedad era el signo en la Oficina de Trámites de Vivienda de la ciudad de Guantánamo, donde el calor de agosto se ensaña implacable, sin distinguir entre los que reciben servicios y quienes los prestan.

Desde la entrada en vigor de los acuerdos 8574 y 8575, del Consejo de Ministros, referidos al ordenamiento y legalización de la vivienda, el local, de por sí concurrido, funciona como un embudo gigante: recibe gran volumen de peticiones y da soluciones a cuentagotas.

Cuando la cámara fotográfica despertó la curiosidad en los clientes congregados allí, estallaron reclamos y quejas, ora justos, ora exagerados, a veces acentuados con algún ademán impulsivo.

La gratitud también asomó, agitada, pero limpia, sincera.

Rosalba Gámez Matos, de 61 años, opina: «esta es mi oportunidad, podré terminar la legalización de mi casa, lo agradezco, pero, oiga, ¡no es fácil!, presenté mi solicitud a finales de mayo, hoy vengo por tercera vez y a lo mejor tendré que volver», comenta con el ceño fruncido y el sudor humedeciéndole el rostro.
Por su parte, Elizabeth Molina Blanco rehusó ofrecer detalles de sus vivencias en el intento de cambiar el status del domicilio que habita. Se limitó a una expresión efímera e ilustrativa: «estoy aquí desde las tres y media de la madrugada, no es la primera vez que lo hago, espero tener mejor suerte hoy».

Y qué decir de Aliuska López Pelier, arrendataria permanente que busca obtener el título de propiedad de su inmueble. «Agradezco esta posibilidad, pero llevo tres semanas consecutivas acudiendo aquí, y nada, ¡qué lentitud!».

La joven reaccionó irritada. Había llegado al amanecer. A las 10 y 24 de la mañana repartieron 30 turnos a igual número de personas, que serían atendidas ese día hasta las tres de la tarde. Ella no alcanzó y al mostrar su inconformidad… «Mira, respondió la recepcionista, voy a anotarte, si hoy no resuelves y pierdes el día en vano, es tu problema».

DE MORADAS Y MORADORES

Cumplir los referidos acuerdos del Consejo de Ministros para el ordenamiento y legalización de las viviendas supone armonizar orden, prisa y legalidad. Por el desencuentro de esos tres eslabones, más de 230 000 familias cubanas (el 13,5 % de ellas en Guantánamo) no son propietarias de los locales que habitan, o legalmente no han podido acceder a su construcción por esfuerzo propio.

Es hora de legitimar a esos domicilios. Así lo dispuso a finales de abril pasado el Consejo de Ministros, encabezado por su Presidente, Miguel Díaz-Canel. El ente gubernamental obró en favor de usufructuarios de hogares y ocupantes ilegales de viviendas o locales terminados con esfuerzo propio. En todos los casos, salvo los que violen regulaciones urbanísticas o territoriales, pueden legalizar sus moradas, según lo dispuesto.
Habitantes de cuartos y accesorios que reúnen o están en posibilidad de reunir los requisitos de un hogar adecuado, así como arrendatarios permanentes de viviendas del fondo estatal, también se favorecen con la medida que empezó a regir a finales de mayo último.

DE PRISA QUE VA DESPACIO
Que la legalización de viviendas transita con demora en Guantánamo es un hecho. Los rectores del proceso (las direcciones de Planificación Física y de Vivienda) dicen que no es así.

«Desde que radicamos las primeras peticiones el 27 de mayo último, no han transcurrido cien días hábiles», hizo notar Pablo Ramírez Ramírez, director de Planificación Física en la provincia, al referirse al plazo general fijado para dar respuesta definitiva al cliente a partir de la fecha de solicitud de legalización.

Cierto. Los cien días hábiles no están consumidos, pero ese tiempo no se ha aprovechado bien. Las cifras son elocuentes: hasta el pasado 5 de agosto 2 213 guantanameros habían acudido a las oficinas de esas entidades a solicitar la legalización de sus domicilios. De ellos solo 31 (seis en el municipio de Caimanera y 25 en Yateras) recibieron los títulos de propiedad.

La relación solicitudes-respuestas debiera encender las alarmas: los 31 títulos de propiedad emitidos equivalen apenas al 1,4 % de los solicitados; el 98,6 % restante (2 182 casos) permanecen pendientes, en un proceso que rebasa ya los 60 días hábiles.

A ese ritmo habría que esperar 27,8 años para legalizar los 31 119 inmuebles informales (1 983 de arrendatarios permanentes, 1 346 de usufructuarios y 27 790 construcciones ilegales) identificados en el territorio, según Danays Ordúñez García, subdirectora jurídica de Vivienda en la provincia.

Lo que está en curso es una empresa de envergadura. Vivienda y Planificación Física la acometen sin aumentar plantillas, con déficit de medios informáticos y mobiliario, y por añadidura, poca disponibilidad de energía eléctrica, lo que, según la dirección de Vivienda, impide que sus locales y oficinas de trámites laboren después de las tres de la tarde.

Las dos entidades reorganizaron sus fuerzas de cara a esa compleja tarea, que se deberá concluir en un plazo no mayor de seis años. «Nuestros especialistas han tenido que visitar viviendas, algunas de ellas hasta en dos o más ocasiones», refirió Dayli San Lois, jefa del Departamento de Trámites de la Dirección Provincial de Planificación Física.

Ha habido que hacer investigaciones en las cuadras, medir, delimitar linderos, despejar elementos de legalidad, elaborar dictámenes y entregarlos a Vivienda. Todo ello –añadió San Lois–, sin contar los expedientes devueltos por estar incompletos.

QUE SÍ, QUE NO

La Oficina de Trámites de la Vivienda en la ciudad de Guantánamo recibe el mayor número de solicitudes de legalización de domicilios, que se registran en el territorio. A ese centro, según su jefe, Dulian Pérez Benavides, se han dirigido 1 269 peticiones de esa índole, desde que comenzó el proceso; 406 fueron radicadas. Sin embargo, el municipio cabecera aún no ha emitido el primer título de propiedad.
«Allí lo que falta es más organización, tendremos que ordenar eso mejor», opinó la licenciada Lidia Rosa Leguén, directora provincial de Vivienda en Guantánamo.

Pérez Benavides, en cambio, plantea como su mayor preocupación las demoras por parte de Planificación Física en tramitar las solicitudes, y citó como ejemplo las 51 recepcionadas por esa entidad el 27 de mayo.
«Varios de los expedientes entregados en esa fecha excedieron el término parcial establecido para elaborar el dictamen correspondiente», dijo Dulian, lo que Isabel Maira Vinent, directora de Planificación Física en el municipio de Guantánamo, refutó. Maira Vinent mostró un listado de 84 casos radicados por su entidad, con fechas de inicio y culminación parcial de los trámites. «Todo marcha dentro de los plazos establecidos; Vivienda, por el contrario, sí excede los términos, recibió solicitudes a finales de mayo y algunas de ellas llegaron a nuestras manos pasadas de tiempo».

Se infiere la ausencia de conciliación del trabajo, la urgencia de articularlo y de controlarlo mejor, como lo dispone el Consejo de Ministros en los acuerdos 8574 y 8575. La primera de esas disposiciones plantea que «los Consejos de Administración Provinciales y Municipales adoptarán medidas organizativas y de control» (del proceso de legalización de viviendas). La tarea, por inaplazable, precisa de agilidad y rigor.