Actualización y orden en la actividad pesquera

La necesidad de contar con una Ley para regular la actividad de pesca en el país fue resaltada por los diputados, durante una sesión de estudio del proyecto con estos fines, realizada este viernes previo a la consideración para su aprobación por la Asamblea Nacional.

La norma jurídica está en correspondencia para imponer orden en la actividad, y se atempera a los convenios internacionales firmados por Cuba con diferentes gobiernos y organismos del mundo, destacó Luis Orlando Paz, miembro de la comisión redactora.

Antes de llegar al Parlamento cubano, el proyecto de Ley de Pesca viajó a todas las provincias, llegó hasta las comunidades del litoral y se atendieron las principales inquietudes y preocupaciones, tanto de los hombres que cargan sobre sí la responsabilidad de pescar, como de los legisladores que deben aprobar la norma.

Para Gilda Diepa Sanabria, jefa del departamento independiente de asesoría jurídica del Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal), la mayor experiencia en todo el proceso de consulta del documento ha sido precisamente poder participar de los debates y del enriquecimiento que este ha vivido a lo largo y ancho del país.

A juicio de la especialista, la nueva propuesta vale también porque eleva a rango de Ley la norma jurídica vigente en materia de pesca, un Decreto-Ley obviamente envejecido por el paso del tiempo y las transformaciones económicas introducidas en la nación.

Se trata de una legislación que «nos protege y nos representa», consideró el diputado Raúl Torres (Caimanera, Guantánamo), quien además de un conocido cantautor se reveló como un practicante de la pesca.

El trabajo de la comisión redactora, así como el método de consulta para la elaboración del proyecto fueron reconocidos por la diputada Marisol Iznaga, de Palmira, Cienfuegos, quien dijo que los diferentes encuentros celebrados también han servido para aportar información al pueblo sobre un tema de interés.

CAMBIOS Y NOVEDADES DE UNA LEY

José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, informó que se han realizado 55 cambios al proyecto original, luego de todos los debates en los territorios y en las sesiones de trabajo en comisiones.

Sobre lo discutido en los encuentros con pobladores de los asentamientos pesqueros, destacó dos temas fundamentales. El primero tiene que ver con la Seguridad Social de aquellos pescadores que se incorporan a esta actividad como trabajadores no

estatales y no tienen acumulado el tiempo establecido para acceder a la jubilación, asunto que actualmente analiza el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El segundo tópico se refiere a los precios de las capturas, pues hoy cada territorio fija uno, en correspondencia con sus particularidades, y la propuesta es que se establezcan valores centralmente. Ello, dijo, se ha sometido a la consideración del Ministerio de Finanzas y Precios.

El diputado Yoel Manresa, del municipio de Palmira, en Cienfuegos, agradeció todas las posibilidades de participación que se abrieron para el proyecto de ley y pidió añadir, en el Artículo 5, la posibilidad de estimular el cultivo de peces en fincas y propiedades de campesinos que cuenten con espejos de agua.

Otros diputados apoyaron esta propuesta, que se corresponde con los Lineamientos aprobados en el 6to. y 7mo. congresos del PCC, además porque es una actividad que puede adoptar la familia como forma de sustento u otras instituciones.

La jornada permitió también la aclaración de dudas, como la del diputado José Cabrera, de Minas de Matahambre, sobre la necesidad de autorización para realizar las actividades de pesca.

Iris Quiñones Rojas, ministra de la Industria Alimentaria, explicó que para desarrollar cualquier actividad pesquera que requiera artefactos navales o desde la orilla en zonas con determinadas regulaciones, será preciso contar con una autorización, la cual estará en dependencia de la modalidad de pesca.

Las autorizaciones, agregó, consisten en licencias, permisos y las concesiones.

Idalia Jiménez, diputada por Caibarién, indagó sobre el alcance de cada autorización contemplada en el proyecto de Ley.

Quiñones Rojas comentó que los permisos se otorgarán para eventos puntuales. Las concesiones guardan relación con la posibilidad de explotación de determinadas zonas, mientras que la actividad de pesca comercial, por ejemplo, requerirá de licencias.

Sobre la validez o no de precisar el nombre de las cuatro zonas de gran interés económico pesquero donde se autoriza preferentemente la pesca comercial, se cuestionó Leyda Finalé, diputada por Jagüey Grande; una especificación que, según Gilda Diepa, se hace precisamente porque son las únicas del país, algo que también sucede con las áreas destinadas a las pescas deportiva, recreativa y de autoconsumo social.

PATRIMONIO DE TODOS

El diputado Eulogio Pimentel, de Camagüey, reflexionó sobre la conveniencia de sustituir la palabra patrimonio en el Artículo 2 del proyecto de Ley de Pesca, enunciado que, según Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, se corresponde con los preceptos recientemente aprobados en la nueva Carta Magna.

La preocupación por preservar la riqueza patrimonial de los fondos marinos, que está siendo saqueada por personas inescrupulosas, un asunto que no compete a esta norma, pero que debe ser atendido con urgencia, fue planteado por la diputada Mariela Castro Espín y compartido por otros legisladores.

En este sentido, otros diputados se pronunciaron por la labor de las tropas guardafronteras frente a los delitos de pesca de especies endémicas y en periodo de veda.

Algunos parlamentarios se refirieron, además, a otros aspectos relacionados con el cuidado del medioambiente, como la ocurrencia de derrames de combustibles u otras sustancias químicas en las playas, costas, mares, ríos y embalses; fuera del ámbito de la Ley, pero que afectan a la actividad pesquera.

Como nada escapó al interés de los legisladores, Ana Teresa Igarza, diputada por Bauta, sugirió revisar el glosario de términos que se incluye como anexo al proyecto, con el propósito de aligerarlo, pues se repiten conceptos recogidos incluso en el cuerpo de la propuesta de Ley.

DEL PROYECTO DE LEY

Artículo 1.–La presente ley tiene como objeto establecer las regulaciones para el adecuado ordenamiento, administración y control de la pesca, en función de la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológicos en las aguas marítimas, fluviales y lacustres de la República de Cuba, con el fin de contribuir a la soberanía alimentaria de la nación.

Artículo 4.–Las disposiciones de la presente Ley se aplican a todas las actividades de pesca que se realizan en aguas marítimas, fluviales y lacustres de la República de Cuba.

Artículo 6.–La ordenación de los recursos pesqueros, en correspondencia con las obligaciones nacionales e internacionales, se rigen por los principios siguientes:

1. a) la conservación y uso sostenible;
2. b) el enfoque precautorio;
3. c) la implementación de criterios científicos, tecnológicos e innovadores; y
4. d) la protección de los ecosistemas marinos, fluviales y lacustres.