El proyecto de Ley Electoral que será sometido hoy a la consideración del Parlamento es la primera norma jurídica que da respuesta a un mandato de la Constitución, la cual establece su aprobación «antes del plazo de seis meses de entrada en vigor la Carta Magna».
De acuerdo con José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, más de 450 modificaciones ha recibido el proyecto de Ley, como resultado de los debates con los diputados en los territorios, las opiniones recibidas de la población y las sugerencias derivadas del trabajo en comisiones.
También este viernes, como parte de los análisis, los diputados continuaron el estudio de la propuesta normativa, la cual, una vez aprobada, sustituirá la Ley No. 72, que representó un paso de avance en su tiempo y sirvió de base a los últimos 11 procesos electorales celebrados en Cuba, al decir de Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado.
A modo de ejemplo, mencionó que la Ley. No. 72 estableció la elección por el pueblo de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y de los delegados a las asambleas provinciales, y definió la composición de las comisiones de candidaturas que quedaron integradas por las organizaciones de masas y estudiantiles, aspectos novedosos para entonces.
«La nuestra es una Asamblea que no se parece a ninguna, aquí están el obrero, el científico, el intelectual. Aquí está Cuba y eso tenemos que defenderlo», dijo Acosta Álvarez, al responder a sugerencias de la diputada Julia Dolores, del Cerro, sobre el artículo 21.1, referido a la composición de la Asamblea Nacional.
Recordó que en ningún otro Parlamento existen representantes de la base como en el nuestro, pero no resulta lógico establecer una cifra cerrada, pues la población cambia y, por tal razón, es preferible hablar de proporciones, como establece dicho enunciado. «Hay un equilibrio que no debemos romper y que debe ser mirado con orgullo», enfatizó.
Respecto a la propuesta de la diputada guantanamera Idaliena Díaz Casamayor, de definir en la Ley el número de electores requeridos para la creación de una circunscripción especial, Alina Balseiro, presidenta de la Comisión Electoral Nacional (CEN), explicó que es aconsejable buscar lo que llamó «un modo elástico», que permita dar solución a situaciones como las que precisan de este tipo de circunscripción.
Sobre la posibilidad de que, a la luz de una reforma salarial, pueda envejecer el enunciado que establece mantener el estímulo salarial que recibirían en su centro de trabajo para quienes asumen como autoridades electorales, se refirió la diputada por la Isla de la Juventud, Yailin Orta.
En relación con ello, Homero Acosta opinó que, si bien consideraba lógica la preocupación, esta protección debía mantenerse por ahora.
El tema del sufragio, en palabras de Toledo Santander, también ha generado inquietudes entre los diputados, sobre todo en lo referido al requisito de la residencia en el país, tanto para ejercer el voto como para ser elegido.
Por tanto, comentó, se decidió incorporar el término de residencia efectiva, entendido como «la presencia física de los ciudadanos en el territorio nacional, o de los actos que demuestren su voluntad de permanecer en el mismo, como su domicilio permanente».
La diputada por San Miguel del Padrón, Johana Odriozola, manifestó una duda en torno al artículo 44.1, el cual define la composición del Consejo Electoral Provincial.
En ese sentido, María Esther Bacallao, secretaria de la CEN, esclareció que el Consejo Electoral Nacional es quien aprueba la cantidad de miembros profesionales que tendrán los consejos a nivel provincial y municipal, de acuerdo con las características de los territorios.
El título que aborda lo concerniente al Registro Electoral también suscitó intervenciones. Toledo Santander subrayó que se conservan elementos de la Ley actual que caracterizan a nuestro sistema, como la honestidad y transparencia, principios que se materializan, por ejemplo, en la publicidad de las listas de electores.
«A veces, en las dinámicas diarias, olvidamos los logros que en materia de justicia social hemos alcanzado, como el modo natural en que los cubanos forman parte del Registro, cual garantía de derechos políticos al ciudadano», reflexionó.
El diputado por Boyeros, Víctor Manuel Gutiérrez, resaltó la participación de los pioneros como otro principio de democracia socialista. Entretanto, José Castañeda, representante del municipio capitalino de La Lisa, recomendó explicitar en la norma que «el proceso eleccionario no puede iniciar si no están los pioneros que deben custodiar las urnas».
UNA JUVENTUD PRESENTE EN TODO
Un tema que generó un intenso debate fue el referido a acotar, en la Ley, las edades para poder asumir los cargos de presidente y vicepresidente de las asambleas municipales del Poder Popular, a los cuales pueden acceder ciudadanos con 16 años de edad.
Según la diputada Johana Odriozola, hoy no existe uniformidad en las edades reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, establecer límites sería un contrasentido, teniendo en cuenta que el Código Penal, por ejemplo, les reconoce tal responsabilidad a los ciudadanos a partir de los 16 años.
Varios diputados, como Lourdes Lorenzo, de Artemisa, y Vilma Patricia Alvarado, de La Habana, apoyaron la intervención, teniendo en cuenta que existen otros mecanismos, como las comisiones de candidaturas, por ejemplo, para evaluar si un joven de esa edad puede asumir o no un cargo de tal naturaleza.
Los jóvenes han demostrado madurez para asumir altas responsabilidades y limitar su acceso a estos cargos sería injusto, valoró José Luis Toledo.
En primera instancia, añadió, «quienes lleguen allí fueron escogidos por el pueblo, que reconoció su entrega y sacrificio. Luego toca a la Asamblea, compuesta por esos representantes del pueblo, analizar sus cualidades y decidir si vota o no».
Ante este escenario de diversidad de opiniones y de cara al amplio proceso legislativo que apenas comienza, Daicar Saladrigas, diputada de Camagüey, propuso que un grupo de especialistas en la materia comience a trabajar en alguna propuesta para unificar las edades.
Los ejemplos que reflejan esta problemática, abundó, son disímiles. Mientras se reconocen 16 años para ser delegado a las asambleas municipales del Poder Popular, se exigen 18 para ser diputado, lo que, en su opinión, es contradictorio; la edad laboral se empieza a contar a partir de los 17 años; la edad para casarse varía entre los sexos; la pediátrica llega hasta los 18… y así sucesivamente.
No hay contradicción, consideró José Luis Toledo: los delegados municipales intervienen en los problemas a nivel territorial, mientras que los diputados lo hacen a nivel de país, de ahí que sea preciso mayor madurez.
De todas formas, hizo hincapié en que hoy se trabaja para solucionar la falta de armonía actual en términos de edades reconocidas jurídicamente, a la cual «no llegamos por descuido, sino por la incorporación vertiginosa de los jóvenes a las tareas de la Revolución. Se trata de una juventud incorporada a todo y de un Estado tratando de proteger a todos sus actores fundamentales».
Al respecto, Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político del Partido y presidente de la ANPP, evocó el pensamiento del Comandante en Jefe para reiterar las diferencias entre las responsabilidades de un delegado de base y un diputado.
«Nuestro proceso es autóctono y tuvo un guía: Fidel; nuestro Partido no postula, sino que es el pueblo nominando, lo que vuelve a nuestro sistema profundamente democrático, y hasta el 50 % de los diputados son delegados de base, aspecto que también fue idea del Comandante en Jefe», recordó.
Sobre este particular, Yumil Rodríguez, vicejefe de la Secretaría del Consejo de Estado, resaltó que en la historia de las elecciones nunca se ha elegido como diputados menos de un 45 % de delegados de base.
Otra de las novedades incorporadas al proyecto de Ley y que motivó las intervenciones de los parlamentarios fue la participación de los supervisores y los colaboradores en los procesos electorales, algo que hoy sucede y es una de las experiencias prácticas que también tributan a la transparencia.
Por último, José Luis Toledo Santander habló de la incorporación de una Disposición Final Tercera, que establece la entrada en vigor de la Ley Electoral desde su aprobación por la Asamblea Nacional.
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